■ Diputados panistas rechazan punto de acuerdo; jóvenes católicos defienden macrolimosnas
Piden a Gobernación y a la ASF investigar al gobierno de Jalisco
■ Señalan ilícita triangulación de recursos públicos a la Iglesia, a espaldas del Congreso estatal
■ Aumenta el repudio a los donativos; presentan quejas por las mentadas de González Márquez
Ampliar la imagen Unos 30 miembros de la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos repartieron entre automovilistas de Guadalajara calcomanías con el eslogan “No te rajes, Emilio. Viva Cristo Rey”, en apoyo al gobernador panista Emilio González Márquez, quien la semana pasada respondió con mentadas de madre a quienes lo criticaron por entregar donativos millonarios a la Iglesia católica. La mayoría de los conductores se negaron a recibir los pegotes. Los activistas también intentaron presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del estado una queja contra quienes rechazan la construcción de un santuario cristero con fondos públicos. La institución se declaró incompetente para atender la demanda Foto: Arturo Campos Cedillo, con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentará este miércoles un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen si hubo irregularidades en la entrega de recursos públicos del gobierno de Jalisco para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos.
El punto de acuerdo no fue respaldado por los coordinadores parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Héctor Larios, y Nueva Alianza, Silvia Luna, quienes se inconformaron por las críticas al gobernador panista Emilio González Márquez y a la entrega de 90 millones de pesos del erario estatal a la construcción de un santuario cristero en Tlaquepaque.
El 24 de marzo González Márquez anunció que este año se donarían 30 millones de pesos, y cantidades iguales en 2009 y 2010.
El gobierno del estado ha hecho otros donativos a la Iglesia católica, entre ellos 15 millones de pesos para el Banco Diocesano de Alimentos, un millón para la restauración del Templo de la Inmaculada Concepción de Yahualica y 90 millones de pesos más para la Ruta del Peregrino en Talpa, Jalisco.
Utilización “discriminatoria” e “ilegal” de los recursos públicos
Según la Junta de Coordinación Política, “Es claro que se estaría violando, en primer término, el principio histórico de la separación entre el Estado y la iglesia, consagrado en el artículo 130 constitucional, además de principios como la no discriminación y la libertad religiosa, consagrados en los artículos primero y 24 de la Constitución.
“Asimismo, se estarían transgrediendo distintas disposiciones, como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, el Presupuesto de Egresos de Jalisco 2008 y las reglas de operación de la partida 4304, denominada Instituciones sin Fines de Lucro. Dichas reglas estipulan claramente que las instituciones beneficiadas no deben ser asociaciones religiosas ni estar afiliadas o hacer promoción a algún partido político.”
Más aún, el donativo no fue incluido en el presupuesto de Jalisco para 2008, ni en el plan estatal de desarrollo, lo que violaría el artículo 126 de la Constitución, que dice: “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior”.
En la exposición de motivos del punto de acuerdo se advierte que el gobierno de Jalisco pretende eludir su responsabilidad al argumentar que los 30 millones de pesos fueron entregados a la Asociación Civil Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos a través de Juan Manuel Hernández, como miembro del Comité de Finanzas de dicha asociación, y no a la Arquidiócesis de Guadalajara.
“Es evidente que el gobierno de Jalisco ha intentado hacer una simulación triangulando la entrega de recursos públicos a una asociación civil para destinarlos a la construcción del santuario y favorecer con ello a la Iglesia católica, lo cual viola lo dispuesto por el artículo tercero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que dispone que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencias o privilegios en favor de religión alguna. Asimismo, se viola lo dispuesto en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que en su artículo tercero establece que no podrán entregarse apoyos y estímulos a las agrupaciones u organizaciones que persigan fines religiosos.”
Los legisladores piden a la Auditoria Superior de la Federación hacer una revisión de “situación excepcional” para determinar si los recursos donados por el estado de Jalisco son de carácter federal, y a la Secretaría de Gobernación que investigue las presuntas infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Son “calumnias”: ACJM
En Guajadalara, integrantes de la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos realizaron una manifestación en apoyo al gobernador de Jalisco y al cardenal Juan Sandoval Íñiguez.
“Ya estamos hartos de que se calumnie a la Iglesia católica y a nuestro cardenal. La ACJM apoya la creación del Santuario de los Mártires y al señor cardenal. ¡Por Dios y la patria, viva Cristo Rey!”, gritó uno de los manifestantes con un megáfono. La frase es similar al eslogan “Dios, patria, Yunque”, de la organización de ultraderecha El Yunque, supuestamente ligada al grupo gobernante en Jalisco.
Los manifestantes se toparon con el repudio de algunos conductores, quienes les dijeron que el gobernador debería cumplir su obligación constitucional de velar por los más pobres de Jalisco en lugar de regalar 90 millones de pesos para la construcción de un templo.
Mientras, la CEDHJ había recibido hasta este martes casi 5 mil 500 quejas de ciudadanos inconformes con los multimillonarios donativos. Al menos 100 de las querellas tienen que ver con el lenguaje usado por Emilio González contra sus detractores la semana pasada.
El organismo informó que solicitó nuevamente al Ejecutivo estatal información sobre el donativo y espera respuesta en cinco días hábiles, a pesar de que el gobernador ya señaló que a la CEDH no le compete el asunto, porque no existe violación de derechos humanos.
“Últimos pataleos”: académico
Los donativos de González Márquez a la Iglesia católica demuestran que en Jalisco existe “un ejercicio patrimonialista” del presupuesto, que se privilegia a una religión y que se viola la ley, pues el mandatario pretende reivindicar sus raíces políticas, consideró el especialista en relaciones Estado-Iglesia Manuel Canto Chac.
El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana consideró que estas acciones son “los últimos pataleos de una corriente jerárquica en vías de extinción”, debido a que la mayoría de los clérigos católicos tienen “muy claro” el lugar que las leyes y la gran mayoría de la población les asignan.
(con información de Gabriel León)