Astillero
■ Diálogo: sí, pero no
■ Las trampas de Mouriño
■ Deslinde electoral en Oaxaca
Aspirante a una resurrección política imposible, el todavía secretario formal de Gobernación, Juan Camilo Pemexouriño, cerró ayer las puertas (provisionalmente) a la posibilidad de diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El bisoño funcionario dijo “no” mediante la emisión de un “sí” condicionado, que en los hechos deja un ínfimo margen de negociación: para establecer una fórmula exploratoria de acuerdos con la organización guerrillera, la burocracia calderonista pide al EPR que deje de ser lo que es, mediante una explícita “suspensión de manera definitiva” de lo que Los Pinos-Gobernación llama “acciones radicales de violencia y sabotaje”, y que las pláticas bilaterales no se ciñan “exclusivamente” al “interés” del grupo armado de que se esclarezca la situación de dos de sus principales dirigentes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde 11 meses atrás (en realidad, el EPR no busca algo diferente a la presentación con vida y, en su caso, la sujeción a proceso legal de sus compañeros secuestrados y torturados. No hay propuestas en busca de reinserción a la vida civil, sino un propósito de canjear el cese de acciones extremas de violencia –como el sabotaje a instalaciones petroleras– por el conocimiento de dónde están Reyes Amaya y Cruz Sánchez, en qué condiciones y bajo qué acusaciones).
A cambio de que ese agrupamiento clandestino deje las armas y sus tácticas explosivas de combate, y vea más allá de la represión específicamente aplicada a dos de sus líderes, el sapientísimo y muy inteligente secretario hispano-mexicano ofrece a los eperristas la posibilidad de que charlen con el autodenominado gobierno federal sobre “aquellos temas que interesan al Estado mexicano, como la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional” (en caso de aceptar esa propuesta, el EPR sería el primer caso en el mundo de institucionalización de una guerrilla, a partir de la lectura de un comunicado de prensa del gobierno al que combate). Además, el transportista familiar Ivancar advirtió que “el establecimiento del diálogo no representa que el Estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley”, de tal manera que mientras se investiga “para dar con el paradero de las dos personas” antes mencionadas, se mantendrá vigente la intención de “actuar contra los responsables de atentados” y “otros actos delictivos”.
Por si quedara algún resquicio por el cual se pudiese colar una cierta posibilidad de que el EPR aceptara las condiciones calculadas por el así llamado gobierno federal para obtener una respuesta negativa, el infante Juan Camilo (Marqués del conflicto de intereses y Duque del tráfico de influencias) propone hacer a un lado la comisión de intermediación que cinco destacados y respetados mexicanos formaron a petición del EPR y en espera de que la contraparte federal la aceptara. En cambio, Bucareli pretende “un diálogo directo” y que “las personalidades mencionadas” sean convertidas en “testigos sociales”, como si tal figura de convalidaciones gozara de positiva fama, sobre todo a partir del uso que de esas firmas de supervisión de procesos se hizo en el caso de las denuncias de corrupción hechas por López Obrador respecto a los contratos que Repsol ganó en una licitación internacional de la Comisión Federal de Electricidad para suministrar gas natural licuado de Perú para una planta en Manzanillo, Colima.
Y si a pesar de todo los guerrilleros se aferraran a aceptar el proceso fast track de institucionalización y los mediadores aceptaran el encargo de testigos sociales, como David Shields hizo en nombre de la Fundación Heberto Castillo, entonces habrían de vérselas con el funcionario designado por Mouriño para representarlo en estos menesteres, Abraham González Uyeda, hombre de Estado, con profunda formación en ciencias políticas y filosofía que, a tono con el estilo sombrío y encubierto de las guerrillas, se ha hecho pasar hasta ahora como rústico dueño de la Lechera Guadalajara (almacena y vende un millón y cuarto de litros diarios; Sello Rojo, su principal marca), que ayudó a administrar fondos de campañas y, luego, del gobierno estatal, al bucólico Francisco Ramírez Acuña, quien agradecido con esos favores contables lo hizo subsecretario de Gobernación, de tan buena suerte que el sucesor gallego lo ha mantenido en la nómina.
En Oaxaca, Ulises Ruiz ve a sus aliados recientes desmarcarse electoralmente por el caso del EPR. Con el Ejército por delante, el gobierno federal detuvo en la capital del estado a funcionarios de la administración ulisista relacionados con lo policiaco, entre ellos un primo de URO (de vivir, Alejandro Barrita habría sido candidato natural a la recopilación forzada de información que hicieron las fuerzas federales. Sospechosa e impunemente asesinado hace meses, el director de la Policía Bancaria e Industrial fue el principal ejecutor local de la guerra sucia contra opositores). El calderonismo ha filtrado que las aprehensiones en Oaxaca y traslados a la ciudad de México (a las que Ruiz llama eufemísticamente “colaboraciones”) están relacionadas con la desaparición de Reyes y Cruz, y a su vez los voceros del mandatario oaxaqueño afirman que Los Pinos pretende culpar a Ulises de esos secuestros –y posiblemente asesinatos– para desmontar el aparato electoral priísta y abrir paso a la ambición blanquiazul de convertir la crisis de aquella entidad en granero de votos para 2009, preámbulo del cambio de gobernador en 2010.
Y, mientras Felipe Calderón abogaba en Zacatecas por el diálogo y declaraba que su administración es de “puertas abiertas” (convocado por la perredista gobernadora Amalia García a impulsar un acuerdo nacional de distensión política, el michoacano aprovechó para declararse centrista), ¡hasta mañana, con San Lázaro boicoteado por perredistas, el Senado estancado en el duelo por las tomas de tribunas, la secretaria Josefina Vázqu Ez Emo incitada por su jefe a ponerse las pilas y los estrategas de la privatización posdebate afinando planes para periodos extraordinarios de sesiones!