■ Pide que los personajes propuestos por el grupo funjan sólo como “testigos sociales”

Diálogo con el EPR, pero sin intermediarios, dice el gobierno

■ Le demanda suspender “acciones radicales” de sabotaje y violencia, y que las pláticas no se limiten a la desaparición de “dos de sus militantes”

■ Vigentes, indagatorias de PGR, advierte

Fabiola Martínez

El gobierno federal aceptó dialogar con el Ejército Popular Revolucionario, mediante las siguientes condiciones: encuentro directo (donde los personajes propuestos por el grupo armado funjan sólo como “testigos sociales” y no como intermediarios); que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva “acciones radicales” de sabotaje y de violencia; que el diálogo no sea exclusivamente acerca de la desaparición de “dos de sus militantes” (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez), sino sobre la forma de abandonar la lucha armada: “abordar la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”.

Sin embargo, el gobierno aclara que aun con la aceptación al diálogo directo, no suspenderá las investigaciones en curso por las explosiones en “instalaciones estratégicas” de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurridas el año pasado, cuya autoría se adjudica al EPR, y tampoco cancelará las indagatorias de “otros actos delictivos que han sido denunciados”.

El titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, informó lo anterior en un mensaje leído ante los reporteros al término de una reunión de casi cinco horas, a puerta cerrada, con el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna.

De acuerdo con fuentes consultadas, el viraje en la postura gubernamental (primero llamar delincuentes e incluso “terroristas” a los integrantes del EPR, y ahora aceptar el diálogo como vía “para evitar acciones de sabotaje y violencia”) fue decidido desde la tarde-noche del pasado lunes, con la respectiva autorización del presidente Felipe Calderón.

La estrategia oficial, delineada entre funcionarios de alto nivel, no fue unánime; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, opuso resistencia a dialogar con los eperristas.

El militar advirtió al resto de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional acerca de los riesgos de negociar con un grupo armado dividido, en el cual persiste la confrontación.

El general secretario les habría presentado un diagnóstico documental acerca de los lugares en los que se ubican las principales células eperristas –y las escisiones de las mismas–, así como la estrategia que han utilizado en meses recientes, lo que restaría confiabilidad al cumplimiento de acuerdos que emanaran del eventual diálogo, según comentaron fuentes de información.

Finalmente, después de varios días de deliberación entre los responsables de la seguridad nacional, la tarde de ayer fue anunciada la oferta de diálogo del gobierno federal, con el argumento que “cualquier diferencia o conflicto debe encontrar los canales institucionales para su discusión y eventual solución en apego a la ley”. Por la noche, los integrantes del llamado gabinete de seguridad ratificaron la estrategia de oferta de diálogo con el Ejército Popular Revolucionario, en los términos autorizados por el presidente Calderón.

Cabe recordar que desde el pasado sábado, Mouriño argumentó que estaban analizando la autenticidad de los comunicados. Las fuentes agregaron que, para lograr el objetivo, confrontaron la información de diversas dependencias. Ahora será el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) el encargado de establecer contacto con los eperristas para conocer su respuesta acerca del planteamiento gubernamental hecho público la tarde de ayer. También se nombró al subsecretario de Gobierno, Abraham González, para que dé seguimiento a la propuesta al grupo armado.

El 18 de enero pasado, Juan Camilo Mouriño declaró en una entrevista radiofónica: “El EPR es un grupo terrorista (…) nosotros no podemos actuar más que conforme a la ley, y que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que trate de encontrar a los responsables de cometer actos terroristas”.

En aquella ocasión, a tres días de haber asumido la titularidad de Gobernación, el también secretario ejecutivo del citado Consejo Nacional de Seguridad, pidió no olvidar que el EPR es un grupo guerrillero que desafía al Estado mexicano, “que trata de infundir temor y terror entre los ciudadanos para sus propios objetivos; que sabotea instalaciones, que pone bombas y, por tanto, es un grupo armado que tiene que ser tratado como lo marca la propia ley”. Por ello, agregó aquel viernes, los actos cometidos por el Ejército Popular Revolucionario “merecen la condena unánime de toda la sociedad mexicana, más allá de ideologías y partidos políticos”.

A poco más de tres meses de distancia de esa posición, el secretario Mouriño dijo que el Estado mexicano tiene canales institucionales para resolver las diferencias y conflictos.

Sobre recientes comunicados emitidos por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, al cual el funcionario se refirió sólo por sus siglas PDPR-EPR, manifestó el rechazo a toda forma de violencia y aseveró que ha dado “pruebas constantes” de su voluntad de diálogo con todos los actores políticos y sociales.

La respuesta ofrecida ayer por el gobierno federal se deriva de al menos dos comunicados del EPR. El 24 de abril pasado se manifestaron dispuestos a dialogar con el gobierno, con la intermediación de un grupo integrado por Samuel Ruiz, obispo emérito; Carlos Montemayor, escritor; Miguel Angel Granados Chapa, periodista y abogado; Gilberto López y Rivas, antropólogo, y el Frente Nacional contra la Represión (FNCR).

Al día siguiente, los convocados –salvo el FNCR– informaron que aceptaban la encomienda con el propósito de avanzar hacia la presentación con vida de los desaparecidos, pero pidieron al grupo que no ejecutara ninguna acción armada en el lapso de la labor de intermediación.

Tres días después, el EPR emitió un nuevo comunicado para saludar la decisión de los convocados (incluyen a Rosario Ibarra) y se comprometieron a no emprender acciones armadas. Dijeron que tocaba al gobierno emitir su posición y dejar de hostigar a las familias de sus compañeros y a organizaciones que se han solidarizado con ellos, y suspenda la búsqueda de miembros del partido vinculado con el grupo.

Pese a lo anterior, el gobierno emitió una propuesta de diálogo “amplio, pacífico y civilizado para avanzar en una agenda común”, pero rechazó la intermediación propuesta y coloca al grupo (sin mencionar a Ibarra) en calidad de testigos; pide a los eperristas dejar las armas y advierte que siguenn las investigaciones de PGR.

El gobierno reiteró que no ha participado “en la supuesta retención-desaparición” de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, y que la PGR continúa en la investigación acerca de su paradero. Aseguró que no ha desarrollado ni desarrollará acción alguna para hostigar o intimidar a individuos u organizaciones sociales, especialmente a familiares y amistades de los desaparecidos.