■ Raúl Castro anuncia la conmutación de la pena de muerte a un grupo de sentenciados

Designan a histórico líder cubano nuevo superministro de Educación

■ José Ramón Fernández, de 85 años, es uno de los hombres más allegados al presidente

■ A finales de 2009 se realizará el sexto Congreso del Partido Comunista, dice el gobernante

Gerardo Arreola (Corresponsal)

La Habana, 28 de abril. El presidente Raúl Castro anunció hoy la designación de un dirigente histórico, el subjefe de gobierno José Ramón Fernández, como superministro para todos los niveles y tipos de educación, incluyendo la militar; la conmutación de la pena de muerte a un grupo no especificado de sentenciados y la celebración el año próximo del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), cuya realización está pospuesta desde 2002.

Castro apareció sorpresivamente en el telediario nocturno, hablando en la clausura de la sexta reunión plenaria del Comité Central del PCC, que sesionó este lunes.

Aunque de impacto y naturaleza muy distintos entre sí, los anuncios tienen en común que son las decisiones de mayor envergadura política que adopta el gobierno de Raúl en dos meses y que representan cambios significativos respecto de la línea que prevalecía en cada uno de esos casos.

Fernández, de 85 años de edad, conocido como El gallego por su ascendencia española, ex oficial del ejército de la dictadura batistiana que pasó a las filas rebeldes, ministro de Educación en las décadas de los setenta y los ochenta y vicepresidente del Consejo de Ministros, es uno de los veteranos más allegados a Raúl, a quien reportará directamente.

Tendrá bajo su autoridad al Ministerio de Educación (básica y preuniversitaria) y al de Educación Superior; todo el deporte y cuanta tarea educativa cumpla el resto de las dependencias.

Pero Raúl sugirió que personalmente se ocupará de decisiones sensibles, cuando indicó que Fernández deberá reportarle en especial asuntos que “por su importancia y trascendencia” obliguen a consulta previa.

La implicación del reajuste en el sector en esas magnitudes es clara, tras la destitución del anterior ministro de Educación, la semana pasada, al cabo de meses de una creciente crítica de la población, la prensa y los intelectuales a lo que fue durante décadas uno de los éxitos más renombrados de la revolución cubana.

Se estudiarán casos de acusados por atentados en 1997

A propuesta del Buró Político del PCC, la conmutación de las condenas capitales fue adoptada por el Consejo de Estado, que es la última instancia que se ocupa de oficio de esas sentencias, tras la también obligada apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Raúl Castro dijo que se estudiarán los casos del salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León y del guatemalteco Otto René Rodríguez Llerena, sentenciados a la pena máxima por la colocación de artefactos explosivos en centros turísticos cubanos en 1997. En uno de esos atentados murió el turista italiano Fabio di Celmo.

Otro caso que también revisará el Consejo de Estado, dijo Raúl, es el de Humberto Eladio Real Suárez, un cubano que, procedente de Estados Unidos, mató al pescador Arcelio Rodríguez García, durante una incursión armada en la localidad pesquera norcentral de Caibarién, en 1994.

Sobre esas tres sentencias “la decisión final del Consejo de Estado no estará en contradicción con la política expresada anteriormente”, dijo Raúl, sugiriendo así, sin mencionar nunca los nombres de los involucrados, que Cruz León, Rodríguez Llerena y Real Suárez podrían salvar la vida.

No existe información oficial sobre el número de presos que aguardan en el pasillo de la muerte en Cuba, pero fuentes opositoras y Amnistía Internacional los han estimado en unos cincuenta.

Las condenas de muerte, en su mayoría por asesinatos, dijo Raúl, serán conmutadas en algunos casos por penas de treinta años y en otros por cadena perpetua.

“Se ha adoptado esa decisión no por presiones, sino como un acto soberano, en consonancia con la conducta humanitaria y ética que caracteriza a la revolución cubana desde sus inicios”, aseguró.

La última vez que Cuba aplicó la pena de muerte fue el 10 de abril de 2003, cuando fueron ejecutados tres secuestradores de una lancha de pasajeros, que intentaban salir ilegalmente del país.

La vigencia de la pena de muerte es una fuente de crítica internacional a La Habana. El fusilamiento de los tres secuestradores levantó una amplia ola de protestas, en particular por el carácter sumario del proceso y el hecho de que el episodio concluyó sin víctimas. Esa fue una de las causas de un prolongado conflicto político entre la isla y la Unión Europea, cuyas consecuencias no han cesado por completo.

Pero Raúl Castro advirtió que su gobierno no está dispuesto a eliminar por ahora la pena de muerte de su Código Penal, debido a la experiencia de acciones violentas contra la isla patrocinadas por Estados Unidos.

Castro anunció, además, que el Buró Político (órgano ejecutivo) del PCC “considera necesario” realizar el sexto Congreso de la organización a finales del segundo semestre de 2009, a fin de “conformar con proyección de futuro la política del partido en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad”.

El Congreso es la máxima autoridad del PCC y sus acuerdos son la base de la política oficial para los siguientes cinco años, el periodo en el que debe reunirse, según sus estatutos. El quinto se realizó en octubre de 1997, por lo que el sexto debía celebrarse en 2002, pero no había sido convocado y tampoco había una explicación sobre esa ausencia.

La celebración del Congreso coincide con el impulso de un debate interno convocado por Raúl el año pasado y que virtualmente comprende toda la agenda nacional.