■ “No hay crisis” con el gobierno de Ecuador, asegura el presidente de Colombia

Pide Uribe “comprensión” a países vecinos para derrotar a las FARC

■ Afirma que Hugo Chávez continuará sin el aval de Bogotá para actuar de mediador con la guerrilla

■ Ofensiva del Ejecutivo colombiano para superar denuncias de vínculos de aliados con paramilitares

Afp, Dpa, Reuters y Notimex

Bogotá, 25 de abril. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, afirmó hoy que “no hay crisis” entre su gobierno y el de Ecuador, y pidió “comprensión” de los países vecinos para derrotar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que calificó de grupo de “terroristas y narcotraficantes”.

“Pongamos las cosas en su verdadero punto: no hay crisis entre Colombia y Ecuador. En el gobierno colombiano no tenemos problemas con el gobierno ecuatoriano, lo único que tenemos es afecto”, sostuvo el mandatario a la radio ecuatoriana Sonorama.

Tras subrayar que los pueblos de ambas naciones “son hermanos en la historia, el presente y el futuro”, acusó que “las FARC han usado, se han instalado muchas veces en Ecuador”, y que el abatido líder rebelde Raúl Reyes estuvo mucho tiempo en ese país y que desde allí delinquía contra Colombia.

Dijo que su gobierno sabía desde hace mucho tiempo de la presencia de Reyes en la frontera de Ecuador, y que en febrero ordenó activar desde esa zona explosivos que las FARC habían colocado en la parte colombiana, matando a varias personas que erradicaban manualmente plantas de coca.

La declaración de Uribe se da luego que su par ecuatoriano Rafael Correa planteó el miércoles la posibilidad de reconocer la beligerancia a las FARC si el grupo renuncia a secuestros, atentados y acciones terroristas, libera a los rehenes, controla un territorio y cumple los tratados de Ginebra.

Pero Uribe insistió en negar toda validez de insurgencia a las FARC porque “no hay una dictadura”, no controla territorio alguno, comete delitos, obliga a los campesinos a sembrar coca en Colombia para comercializar la droga en Ecuador, y su gobierno, Estados Unidos y la Unión Europea los consideran terroristas.

“Aquí lo que hay es un terrorismo frente a una democracia”, dijo, por lo que no encontraba razón alguna para otorgarles el estatus de beligerancia. Concluyó que el único camino que quedaba era “salvar estas democracias” de los terroristas y narcotraficantes y que haya “comprensión de nuestros hermanos y vecinos”.

Ecuador mantiene rotas las relaciones diplomáticas con Colombia luego que el primero de marzo el ejército de este país bombardeó un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano, que causó una veintena de muertos, entre ellos Reyes, un ecuatoriano y cuatro mexicanos, además de heridas a dos colombianas y una mexicana.

En Quito, el fiscal general ecuatoriano Washington Pesántez informó que Colombia autorizó a la fiscalía de Ecuador a que revise en Bogotá el próximo lunes los archivos electrónicos de los computadores incautados tras la muerte de Reyes, que involucrarían al gobierno de Correa con las FARC.

Por otra parte, Uribe reiteró que Hugo Chávez seguirá sin aval de Bogotá para mediar ante las FARC en busca de un canje de rehenes por guerrilleros presos, al referirse a una solicitud que le hizo el mandatario francés Nicolas Sarkozy al venezolano para que siga comprometido en el caso.

El gobernante colombiano recibirá el lunes en Bogotá al canciller francés Bernard Kouchner, con quien abordará el tema del canje humanitario a solicitud de Sarkozy. El diplomático francés también visitará Ecuador y Venezuela, tras el fracaso de París en la misión médica que buscaba socorrer a la rehén Ingrid Betancourt.

En el ámbito interno, el gobierno colombiano continuó este día a la ofensiva para superar la avalancha de denuncias por nexos de sus aliados de derecha en el Congreso con paramilitares de extrema derecha, al filtrar a la prensa documentos presuntamente encontrados en los computadores de Reyes que relacionan a líderes de la oposición con la organización rebelde.

Los supuestos correos electrónicos, que según fuentes del gobierno fueron enviados o recibidos por Reyes, mencionan a la senadora opositora Piedad Córdoba y al director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano.

Córdoba, quien dijo que sus contactos con las FARC han sido públicos en busca de un canje humanitario, señaló que lo anterior es “una cortina de humo” lanzada por el gobierno y concretamente por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, con lo que se busca tapar “el escándalo tan impresionante de la parapolítica”.

La senadora señaló que esas denuncias son “un montaje” del ministro de Defensa, y que “a mí no me va a aterrorizar el gobierno con el cuento de los computadores, y mucho menos me va a callar con la crisis política del país”.

Lozano, integrante del comité central del Partido Comunista Colombiano, también rechazó la acusación y dijo que su única relación con la guerrilla es el canje humanitario. Además, llama la atención que Santos haga revelaciones violando procesos de investigación.

La ofensiva oficialista se desencadena después de que fue detenido el ex senador Mario Uribe, primo del mandatario, para ser investigado por sus nexos con los paramilitares, y de que el propio presidente Uribe aceptó ser objeto de una investigación similar porque habría participado en una matanza de campesinos en 1997.

En ese contexto, Uribe acusó hoy a una organización no gubernamental “de izquierda”, a la que no identificó pero con “gente extranjera y del país”, de estar detrás de un “ofrecimiento de dinero” a un ex paramilitar para vincularlo a él con los grupos de ultraderecha.

Ferney Suaza, que fue guerrillero y luego paramilitar, denunció que le ofrecieron unos 113 mil dólares y asilo político en Canadá a cambio de acusar al presidente de haber tenido nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, a la par que estalló el primer caso de otro paramilitar que denunció al mandatario colombiano.

Por último, la Corte Suprema ordenó hoy la captura de la ex congresista Yidis Medina, quien dijo haber sido sobornada por Álvaro Uribe para que votara en favor de la enmienda constitucional que le permitió postular para un segundo mandato en 2006.