Petróleo: violencia o discusión
Ciertamente, la toma de las tribunas del Congreso para impedir que éste sesione no es un problema menor; sin embargo, querer comparar este hecho con los golpes de Estado cometidos por Hitler, Pinochet, o Huerta, resulta lamentable y perverso, no sólo porque las diferencias son abismales, sino por el odio que el mensaje contiene, representa e inculca, presentando una vez más hasta dónde puede llegar la reacción mexicana en su afán de dominio mediante el miedo.
La gran diferencia entre los actos referidos y mostrados en el mensaje televisivo del señor Velasco Arzac y la toma de la tribuna por los diputados y senadores del FAP radica en que los primeros fueron realizados desde el poder, por individuos que abusando de su posición en él, la utilizaron en forma cruenta para imponer su voluntad de manera total. Este no es el caso de los diputados y senadores que ocupan las tribunas de las cámaras: su posición no está apoyada por fuerzas militares, ni se han dado en un escenario de combate.
Es desafortunado el video que la televisión ha estado difundiendo en todo el país, sin proponer nada, porque constituye sólo un llamado a la violencia, frente a un problema que lo que requiere es diálogo y consensos, cosa a la que los diputados y senadores de la izquierda no sólo no se oponen, sino que exigen. Igualmente desafortunado resulta que el video, que parece la continuación de los difundidos por el hoy Presidente, durante su campaña política de 2006, no haya sido motivo de un enérgico deslinde por parte del PAN y del mismo Presidente.
Por otra parte, es importante resaltar que la argumentación del Presidente para respaldar su iniciativa de privatización, planteando que con ella se contará con los recursos necesarios para abatir la pobreza y para crear la infraestructura que en materia de salud, educación, carreteras y obras hidráulicas el país requiere, es la misma que se utilizó en el pasado para justificar la privatización de las minas, las acereras, la telefonía, la televisión, la banca y los ferrocarriles, sin que ninguno de los ofrecimientos se cumpliera, y sí se dieran, en cambio, los grandes negocios de unos pocos privilegiados, y las transferencias finales al capital extranjero.
La memoria de todo ello está fresca, y siendo la industria energética la más importante del país, difícilmente se podrían tomar decisiones a la ligera. En mi opinión, lo que no se puede aceptar es una aprobación de estas reformas al vapor como tantas veces se ha hecho. Tampoco es aceptable una discusión que se utilice simplemente como un trámite necesario, en el que los diputados realicen un simulacro de diálogo y luego, sin considerar los argumentos planteados, voten por consigna, de acuerdo con las órdenes recibidas y no de acuerdo con la razón y los intereses nacionales. Un desenlace de este tipo sólo generaría enojo, y posiblemente violencia.
Tampoco estoy de acuerdo en que el problema se pueda resolver con un plebiscito; es demasiado complejo y tiene muchas aristas como para pensar que con ello puedan resolverse. Para superar este tipo de problemas es que el país tiene un Congreso, y pocas veces éste encarará una responsabilidad tan importante como la que hoy tiene enfrente.
El debate que se requiere debe ser abierto, de cara a la nación, e involucrar a todos los grupos sociales, a los técnicos y expertos en primer lugar, para que la sociedad entera conozca las diferentes componentes y factores que intervienen en el problema, así como las opciones posibles en cada caso. Los gobiernos estatales y los grupos regionales de los estados donde se encuentran los yacimientos, las explotaciones y las grandes instalaciones petroleras, deben externar sus demandas y planteamientos, en la medida que su territorio y su infraestructura resulta vital para las operaciones de la empresa.
Las universidades y los centros de investigación deben plantear su visión de lo que la industria energética representa para ellos en materia de formación de recursos humanos, de investigación y de desarrollo tecnológico, y plantear estrategias de vinculación con el sector. Los industriales y empresarios deben plantear lo que esperan y necesitan de Pemex, y asimismo lo que pueden ofrecerle para incrementar su capacidad de proceso y administración. Los grupos e instituciones dedicados a los aspectos de planeación y desarrollo regional deberán hacer del conocimiento público cómo es que las actividades de Pemex afectan positiva o negativamente el desarrollo de las diferentes regiones, y proponer esquemas de desarrollo regional sustentados en los requerimientos y capacidades de la empresa.
Los juristas deberán debatir los aspectos constitucionales y legislativos, de manera que la población pueda conocer esta componente fundamental del problema, y como éste se ha venido embrollando a partir de contratos y operaciones realizados fuera de las normas, o utilizando argucias de interpretación cuestionables, por parte de los mismos funcionarios gubernamentales. Un aspecto de la mayor importancia para la discusión son los procedimientos que los diferentes gobiernos han venido empleando para sustraer recursos de Pemex y emplearlos en el financiamiento de sus actividades y gastos, sin darle a la empresa las posibilidades necesarias para su modernización.
La corrupción que permea toda la empresa es también un tema que debe ser debatido y conocido, con objeto de lograr entender este complejo y vergonzoso problema, que de no resolverse, invalidaría cualquier reforma, por afortunada que fuera.
Será después de todo esto que el Congreso tenga los elementos para tomar buenas decisiones. Tales decisiones no deberán ser tomadas en bloque como ha sucedido siempre, sino meditadas por cada congresista y tomadas en forma individual, dando lugar a conductas como las de muchos diputados y senadores que en el pasado dieron muestra de su independencia y de su compromiso con la nación sobre todo lo demás.