Corrupción y petróleo
Los más recientes datos de Transparencia Mexicana demuestran que la alternancia en el poder no ha tenido ningún impacto positivo en el combate a la corrupción. Mientras en 2001 los mexicanos tuvimos que pagar mordidas en 10.6 de cada 100 trámites gubernamentales, en 2005 este indicador se ubicó en 10.1 y para 2007 la cifra se quedó en 10.0. Es decir, durante estos ocho años no ha cambiado absolutamente nada. Durante 2007 las familias mexicanas gastaron 27 millones de pesos en mordidas y sobornos, lo cual en promedio equivale a 8 por ciento de sus ingresos (y para las familias más pobres, 18 por ciento). Estas cifras demuestran el rotundo fracaso de las políticas de combate a la corrupción por parte de los gobernantes, tanto al nivel federal como en las distintas entidades federativas.
Si los ciudadanos en general gastan tanto dinero en mordidas para agilizar la conexión de la luz, sacar su coche del corralón o inscribir a sus hijos en la escuela, la cantidad de recursos que los empresarios están dispuestos a ofrecer para lograr los jugosos contratos con el gobierno debe ser infinitamente superior. Desafortunadamente, Transparencia Mexicana no se ha atrevido a incursionar en la medición de este ámbito. Su timidez seguramente se relaciona con el hecho de que sus principales patrocinadores son algunas de las empresas más poderosas del país, entre otras: Televisa, Tv Azteca, FEMSA, Banamex, BBVA-Bancomer, Cemex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Modelo.
Las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM han demostrado que hay un gran desaseo en materia de compras gubernamentales en México. La mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones públicas, y dan la preferencia a las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas, donde tienen mayor margen de maniobra y discrecionalidad. Asimismo, cuando se realizan licitaciones públicas las empresas proveedoras frecuentemente buscan influir de manera ilegal en los funcionarios a cargo de los concursos o coludirse entre sí para inflar los precios. Esta situación ha llegado a extremos sumamente peligrosos en instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex).
La gravedad del diagnóstico exige soluciones de fondo. Desafortunadamente, tanto las reformas propuestas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos como los cambios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ya aprobadas por un grupo de diputados y senadores en las sedes alternas del Congreso podrían empeorar esta de por sí preocupante situación. La reforma a Pemex propone crear un régimen de excepción para las compras de bienes y servicios en todas las “áreas sustantivas” de la empresa, removiéndolas del control del Congreso de la Unión. Para cualquier producto relacionado con la exploración, la producción y la refinación simplemente no se aplicaría la ley de adquisiciones sino las disposiciones propias que elaborara el consejo de administración de la empresa a su leal saber y entender.
Asimismo, el nuevo artículo 45 de la ley orgánica incluiría una larga lista de áreas donde Pemex podría simplemente “optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública”, independientemente del monto del contrato respectivo. Estas áreas incluyen asuntos tan sensibles como todos los “servicios financieros”, el “desarrollo de innovaciones tecnológicas”, la “instalación, mantenimiento o conservación de equipos industriales” y cualquier servicio de “consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación”. En lugar de reducir el margen de discrecionalidad, la reforma a Pemex promete hundir aún más a la empresa en el hoyo de la corrupción.
Para las compras en las áreas no sustantivas de Pemex, así como para todas las licitaciones de las dependencias del gobierno federal, se aplicarán las nuevas disposiciones de la ley de adquisiciones. El centro de esta otra reforma es la introducción de la figura de las subastas públicas por Internet. En principio la propuesta suena muy “moderna”, ya que obliga a las empresas proveedoras a competir entre sí de manera pública y en tiempo real para ofrecer los mejores precios al gobierno. Con este mecanismo, sería el “mercado” y no un servidor público aislado quien determinaría al ganador de la licitación.
Sin embargo, como bien lo ha señalado Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, habría que ser sumamente escépticos con respecto al poder purificador del mercado en contextos de alta concentración económica. Cuando una docena de empresas controlan la economía nacional, como ocurre en nuestro país, lo más seguro es que tales empresas utilizarán las nuevas subastas electrónicas no para reducir sus precios sino para aumentar sus ganancias.
Todo parece indicar que en lugar de ayudar al Estado a defender mejor su patrimonio y tener un desempeño más eficiente y eficaz, estas dos reformas únicamente ampliarán las oportunidades para la colusión y la corrupción. Nuestros legisladores harían un gran servicio a la nación si reflexionaran de manera cuidadosa y responsable sobre las implicaciones de la iniciativa de Calderón y exploraran formas para evitar el abuso de la nueva ley de adquisiciones.
* Investigadora y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.