■ El juez se negó a escuchar su declaración; venció el plazo para la diligencia, adujo
Dictan formal prisión a cinco indígenas me’phaá acusados de homicidio
■ Denuncian que se trata de una venganza política del gobernador de Guerrero
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Mujeres me’phaá exigen la liberación de sus compañeros, que fueron declarados presos en Ayutla de los Libres
Foto: Lenín Campo
El juez mixto de primera instancia del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, Alfredo Sánchez Sánchez, dictó este miércoles auto de formal prisión a cinco integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM-tlapanecos), acusados de participar en el asesinato de Alejandro Feliciano García, perpetrado a principios de enero pasado. “Dos testigos los señalan como responsables”, afirmó el togado, quien se negó a recibir la declaración de los presuntos implicados, con el argumento de que venció el plazo para ello.
Alfredo Sánchez acudió al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ayutla de los Libres, donde están recluidos Orlando Manzanarez Lorenzo, el ex comisario Manuel Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio –originarios de la comunidad El Camalote–, para darles a conocer el dictamen.
Afuera del penal, hombres y mujeres indígenas me’phaá –nombre con el que los tlapanecos se designan a sí mismos– exigieron a gritos la libertad de sus compañeros. Llamaron “traidor” al juez y lo acusaron de estar al servicio del alcalde perredista Homero Lorenzo Ríos.
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, anunció que interpondrá amparos contra los autos de formal prisión, por las “serias irregularidades” en el proceso de los indígenas. “Vamos a interponer otro amparo, porque sabemos que existen órdenes de aprehensión contra otros diez indígenas tlapanecos, entre ellos Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la OPIM.”
Antes, a mediodía, los cinco reos ofrecieron una conferencia de prensa en el interior del penal. Orlando Manzanarez rechazó estar implicado en el asesinato de Alejandro Feliciano, y narró: “el 16 de abril bajamos a Ayutla para exigir al alcalde Homero Lorenzo mejores precios al fertilizante, y como se nos hizo tarde ya no pudimos regresar, por lo que nos fuimos al pueblo (El Camalote) hasta el otro día, 17 de abril”.
Añadió que él y los otros cuatro acusados abordaron una camioneta de pasajeros, “cuando vimos que arriba del pueblo de La Hacienda iba un camión de militares, y al llegar al crucero conocido como Te Cruz, empezaron a rodear el vehículo unos 15 transportes en los que había militares, los de la AFI (Agencia Federal de Investigación), y de la policía investigadora ministerial, que estaban enmascarados y cortando cartucho en sus rifles, y nos empezaron a bajar.
“Luego, a una distancia de 30 metros, estaba una persona con una lista y fue cuando nos separaron a los cinco, y nos empezaron a decir que éramos delincuentes y gente mala, y también les pedimos que se identificaran, y fue cuando se molestaron y nos empezaron a tomar fotos, a encadenar y a exigirnos que no habláramos en nuestro idioma me’phaá, porque entonces nos iban a chingar.”
Recordó que “nos trajeron a Ayutla, y nos dimos cuenta de que revisaron y bajaron a los pasajeros de tres camionetas de pasajeros, les preguntaron sus nombres y les tomaron fotos; al llegar a un lugar que no conozco, no nos quisieron dar agua, y nos decían que nos iban a cortar la cabeza; ahí me acusaron de que yo había matado a Alejandro (Feliciano) y decían que otro compañero me había acusado”.
Orlando Manzanarez consideró que su encarcelamiento “es una venganza del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, ya que lo único que hicimos fue reclamar que se les pagara la indemnización a los 14 indígenas que fueron esterilizados en 1998, cuando yo era comisario; por eso el gobierno me quiere acusar de asesino y asaltante, pero el verdadero fondo es que yo encabecé esa lucha con mis compañeros y que participamos con el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan”.
Aparte, el comandante de la novena Región Militar, con sede en Acapulco, Guerrero, Sergio Magaña Mier, rechazó que con la presencia castrense en la zona de Ayutla se pretenda perseguir a grupos armados.
“Nosotros nada más estamos en el apoyo a la policía (ministerial de Guerrero)”, añadió.