■ Detectan otros focos de incendios intencionales en pastizales
Productores rurales argentinos amenazan con nuevos bloqueos
■ El ex dictador Jorge Rafael Videla acumula más cargos en su contra
Buenos Aires, 23 de abril. La tensión entre el gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y los productores de las cuatro grandes entidades de productores del campo, aumentó hoy aquí cuando algunos de éstos amenazaron con volver a bloquear carreteras en los primeros días de mayo, estando vigente la tregua de un mes que se pactó a finales de marzo; al tiempo que registran nuevos focos intencionales de incendios de pastizales, provocando nuevas interrupciones en rutas claves y el regreso del humo sobre esta capital y varias provincias.
En las últimas horas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a los dirigentes agrarios a ser responsables y “volver a la cordura”, después que Alfredo de Angelis, uno de los más agresivos productores que bloquearon carreteras en el paso patronal que duró dos semanas en marzo pasado, dijo que “estaban preparados” con armas de todo tipo para resistir si se actuaba contra ellos.
La mandataria advirtió sobre una actitud “predemocrática”, y un juez abrió una investigación sobre este tema. El mismo productor amenazó con volver a bloquear carreteras a partir del próximo 2 de mayo, y desde el oficialismo se mencionaron medidas para hacer imperar las constitucionales leyes que autorizan al Estado a impedir el desabasto entre la población.
El paro patronal “por tiempo indeterminado” desde su inicio que abarcó buena parte de marzo pasado, se decidió entre entidades de grandes productores como la Sociedad Rural Argentina, que siempre sostuvo los golpes de Estado en el país, incluyendo la última dictadura militar, y otras de corte progresista que unen a los pequeños y medianos productores, lo que significó una situación inédita en el país.
Todos accionaron contra el anuncio de retenciones en las multimillonarias exportaciones de soja y se estuvo a punto del desabasto total en esta capital y otras ciudades, provocando graves pérdidas.
El hecho recordó las acciones pre-golpistas de otros tiempos, con cacerolazos y marchas liderados por los sectores de clase alta y figuras de la pasada dictadura militar que llevaron a vivir momentos difíciles, ante lo cual el gobierno llamó a defender la institucionalidad en una marcha masiva que unió a diversos sectores políticos aquí.
Las últimas amenazas enrarecieron el clima cuando aún no se ha podido terminar con el incendio ilegal de pastizales que están provocando un desastre ambiental en esta capital, y otras provincias, y que han llevado el humo hasta Uruguay.
El gobierno dispuso medidas penales para los dueños de los campos donde se produjeron y siguen produciendo los focos de incendio originados en la carrera por sembrar lo que algunos llaman aquí la “maldira soja” de grandes rendimientos y pocos gastos.
El humo regresó en menor intensidad a esta capital cuando se detectaron nuevos focos e incluso se vio desde helicópteros a los incendiarios actuando, lo que obligó a suspender nuevamente el tránsito por rutas claves. La sospecha de otras intencionalidades se suman a los nuevos picos de tensión.
En tanto, en la Cámara de Diputados se debatía con fuertes intervenciones el desafuero del ex subcomisario Luis Patti, para impedirle asumir su banca por estar acusado de delitos de lesa humanidad. Esta noche, el Congreso estaba rodeado de cientos de familiares y víctimas de los delitos que se imputan a Patti, quien fue electo en 2005 por el ultraderechista Partido Unidad Federalista (Paufe) en la provincia de Buenos Aires.
En mayo de 2006 la Cámara de Diputados impidió que asumiera su banca por carecer de “idoneidad moral”, y esto permitió que fuera juzgado en un proceso que lo llevó a estar detenido desde diciembre pasado por orden del juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, bajo cargos de allanamientos ilegales, secuestros, torturas y desapariciones. Pero la Corte Suprema de Justicia ante la apelación de Patti y en una resolución dividida decidió que debía ser liberado la semana pasada, lo que se concretó ante el estupor de los organismos humanitarios.
El juez apeló a nuevos recursos jurídicos y solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero, lo que fue tratado en las últimas horas en la Comisión de Asuntos Constitucionales emitiendo un dictamen favorable al desafuero, y esto se debate en el recinto esta noche en un Congreso rodeado de familiares y víctimas.
En otro orden, el ex dictador Jorge Rafael Videla agregó una nueva orden de detención a su historial, negándose a declarar sobre las graves violaciones de derechos humanos en el Primer Cuerpo del Ejército durante la pasada dictadura militar (1976-1983).
Videla, quien ya está procesado y detenido –domiciliariamente– por el robo de niños nacidos en cautiverio, hijos de desaparecidos y por su responsabilidad en la contrainsurgente Operación Cóndor, dijo hoy ante el juez Daniel Rafecas que sólo responderá ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que considera su “juez natural”.
Los nuevos hechos por los que se le juzga no estuvieron comprendidos durante los juicios a las Juntas en 1985 y en este caso suman unos 570 secuestros, 270 casos de tormentos y 29 homicidios, cometidos en jurisdicción del primer cuerpo de ejército.