Entrevista con Abel Barrera

El empobrecimiento inexplicable

de los más pobres de Guerrero

Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que trabaja en la Montaña de Guerrero, Abel Barrera constató, en entrevista con Ciepac, la “delicada” situación de los pueblos indígenas y su “empobrecimiento mayúsculo, aparejado con una espiral de violencia del Estado”, mediante políticas que desprecian la vida comunitaria, sus derechos colectivos y sistemas normativos. “En los últimos 15 años se ha intensificado la militarización con el pretexto del combate al narcotráfico, y los saldos son negativos, la siembra de enervantes sigue a la alza y la resistencia de los pueblos indígenas se encuentra acorralada por la militarización y la criminalización de la protesta”.

Con un nivel de empobrecimiento “escandaloso” en la región, “la crisis agrícola ha devastado los pueblos y los ha dejado en condiciones de miseria que los ha expulsado para enrolarse como jornaleros agrícolas, asumiendo el rol de peones acasillados en las agroindustrias de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Michoacán y Baja California Norte. Los niños tienen que dejar la escuela para desempeñarse como trabajadores eventuales y las mujeres embarazadas trabajan en los surcos de los vegetales chinos, o con el recién nacido en sus espaldas. Lo peor es que la gente está dejando de sembrar el maíz y cede a la tentación de aventurarse para sembrar amapola, lo que complica más los problemas sociales y de convivencia entre comuneros y ejidatarios de la región, por la narcoviolencia. A mayor pobreza, mayores militarización y violencia”.

 El gobierno perredista de Zeferino Torreblanca “para los pueblos no ha representado ningún cambio, por el contrario mantiene el saqueo y desmantelamiento de la economía comunitaria para imponer megaproyectos que atraigan la inversión extranjera, esperando el milagro de que con las ganancias de las transnacionales habrá una derrama económica que favorezca a la clase trabajadora. Se han cerrado los canales del diálogo y se utiliza la fuerza del orden para arremeter contra estudiantes, campesinos e indígenas”.

Los líderes sociales enfrentan órdenes de aprehensión y los defensores de derechos humanos no cuentan con garantías para realizar su trabajo. Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en el municipio de Chilapa, fue detenido por la policía municipal y se encuentra procesado por el delito de ataques a las vías de comunicación, por acompañar y documentar una protesta de nahuas que exigían el cumplimiento de las obras prometidas por la presidenta municipal Alicia Zamora.

En Guerrero “no es extraño que emerjan organizaciones insurgentes, como ha sucedido desde la época revolucionaria”, apunta el entrevistado. Los pueblos sufren la represión, “que ha costado centenares de desapariciones de luchadores sociales, ejecuciones extrajudiciales, la práctica de la tortura como método de trabajo de la Policía Investigadora Ministerial (pim), las detenciones arbitrarias, el maltrato y la discriminación contra los indígenas que se han visto obligados a resistir”.

 El gobierno federal, según Barrera, “maneja una información optimista sobre el combate al narcotráfico”. En los estados más pobres, “siguen intactas las redes del narcotráfico y más bien ha fortalecido su poder, que crece a la sombra de los cuerpos de seguridad. Hay más violencia, inseguridad y pobreza”, y los resultados de la estrategia militarista contra el crimen organizado “son magros”.

 Prevé que “la reaparición en lo medios de comunicación” de grupos guerrilleros como el erpi “aumentará la escalada militar, que ya se manifiesta con la instalación de retenes en los caminos y carreteras de la Montaña Baja y Alta. Aumentarán la tensión social y  la militarización en las comunidades, el hostigamiento, una vigilancia permanente a las organizaciones sociales y civiles, “por catalogarlas desde la óptica conspirativa como brazos civiles de los grupos armados”. Se impulsa la militarización “descuidando las causas estructurales de la pobreza y las razones profundas”

El gobierno “tiene que entender que los pueblos indígenas y campesinos, centran su desarrollo comunitario en el trabajo agrícola y la producción de los alimentos básicos”. Para Barrera, “la inversión debe concentrarse en garantizar la autosuficiencia alimentaria y hacer viable la vida en el campo. Esto lo demuestra el trabajo de los migrantes; gran parte de sus remesas son orientadas a reactivar la economía familiar y comunitaria, a garantizar la salud, la educación y la vivienda digna”.

 Se pronuncia por “un cambio de fondo en las políticas públicas”. La inversión se concentra en los mega negocios, que implican la privatización de los recursos estratégicos. “El gobierno busca extraer la riqueza (agua, bosque, recursos bióticos) sin involucrar a la población local para que participe de estos beneficios”.

En la Montaña “las comunidades se encuentran divididas por cuestiones políticas agrarias, religiosas y educativas; son escasos los procesos autogestivos, y para mal de ellos, están mediatizados por líderes vinculados a los partidos políticos”. Esto impide que los pueblos “puedan emerger como actores políticos, con capacidad de construir su propio desarrollo”. La militarización “aborta” sus iniciativas autogestionarias y el mismo gobierno persigue y coloca fuera de la legalidad “a los proyectos que impactan favorablemente los derechos de los pueblos, como la Policía Comunitaria” que desde hace 13 años funciona como sistema de justicia alternativa a cargo de autoridades indígenas nombradas en asamblea.

Al militarizar el país, y sobre todo las regiones con alta conflictividad social, el gobierno opta por violentar los derechos humanos sin atacar las causas del empobrecimiento de los pueblos ni la alta incidencia en la siembra de enervantes, “provocada por la miseria”.

Entrevista: Luz Kerkeling.

Una versión más amplia aparece en boletín 559 de Ciepac, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.