Editorial
Flavio Sosa: liberación tardía
El vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, fue puesto en libertad ayer tras permanecer casi 17 meses en prisión, acusado de secuestro, robo con violencia, lesiones calificadas, daños dolosos, sedición y ataques a las vías generales de comunicación. Tras su liberación, el activista anunció que se reincorporará a la lucha del movimiento magisterial y popular encabezada por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la propia APPO.
Debe recordarse que Sosa fue capturado, junto con su hermano Horacio y los activistas Ignacio García y Marcelino Coache, el 4 de diciembre de 2006 en esta capital, a unos días de iniciada la administración de Felipe Calderón Hinojosa, en lo que constituyó un acto de traición por parte del gobierno federal, toda vez que los activistas se habían trasladado con el fin de reunirse y dialogar con representantes de la Secretaría de Gobernación.
El entorno de crispación social, la forma en fue aprehendido y las irregularidades que persistieron a lo largo de su proceso provocaron, en conjunto, que Sosa fuera considerado por amplios sectores de la opinión pública nacional e internacional como el primer preso político del gobierno calderonista, que así refrendó alianzas con personajes que desempeñaron un papel fundamental en la gestación y el estallido del conflicto oaxaqueño, como Elba Esther Gordillo y el propio gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz. Por añadidura, la represión brutal que se dio en el contexto de ese conflicto puso en perspectiva el raquítico compromiso de la administración en turno con el respeto a las garantías individuales.
A un par de años de que se iniciaran las jornadas de violencia en la capital oaxaqueña, los gobiernos estatal y federal, lejos de remediar esa y otras circunstancias que agravian a la sociedad en su conjunto, persisten en una actitud indolente y desentendida, como si nunca hubiesen tenido lugar las expresiones de descontento popular que se aglutinaron en torno a la APPO, como si los homicidios producto de la represión policial nunca hubiesen ocurrido y como si las causas que dieron origen al conflicto en esa entidad –marginación, pobreza, falta de democracia política y sindical, corrupción, represión y cacicazgos– hubiesen sido atendidas. Por lo demás, la entidad continúa recorrida por crímenes violentos, vinculados aparentemente con causas políticas, y cuyo factor común es la impunidad y la falta de esclarecimiento. Al respecto destacan, entre otros hechos, el asesinato del luchador social de origen chatino Lauro Juárez y el de las locutoras indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez.
Con este telón de fondo, en forma paralela a la liberación de Flavio Sosa –un hecho por el cual cabe felicitarse– surgen nuevas interrogantes: ¿por qué se dio hasta ahora y quién resarcirá el agravio causado al activista por el tiempo que permaneció en prisión? ¿Hasta cuándo se permitirá que las cárceles mexicanas alberguen a ciudadanos detenidos por su militancia política o social? ¿En qué momento el gobierno acabará por reconocer que el conflicto en Oaxaca se mantiene latente, y que la situación en la entidad amerita atención?