■ La versión oficial descarta que haya sido un atentado
Sigue abierta indagatoria sobre la muerte de Martín Huerta
■ La PGR investiga el delito de homicidio en el hecho ocurrido en 2005
A casi tres años de que murieran en un “percance aéreo” Ramón Martín Huerta, entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) federal y ocho funcionarios públicos más, la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta un averiguación previa por “homicidio y daño en propiedad ajena”, aunque la versión oficial señala que se trató de un accidente.
El 21 de septiembre de 2005, fallecieron Ramón Martín Huerta, Tomás Valencia, comisionado de la Policía Federal Preventiva; también de la SSP, Francisco Becerra, oficial mayor; Juan Antonio Martínez, director general de Comunicación Social, y Silvino Chávez Hernández, secretario ejecutivo. Además, José Antonio Bernal, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Jorge Alberto Estrella Romero, jefe de ayudantes de Martín Huerta; el piloto aviador Habacuc de León, y el copiloto Rafael Esquivel.
Desde el mismo día el gobierno federal afirmó que se trató de un percance aéreo originado por malas condiciones climatológicas y falta de pericia de los pilotos. Así, supuestamente, lo confirmaron los peritajes realizados por la PGR.
Pese a que han transcurrido dos años y siete meses desde aquel suceso en el cerro La Cima, en San Miguel Mimiapan, estado de México, el Ministerio Público Federal reveló, por medio de una solicitud de acceso a información pública, que investiga los delitos de “homicidio y daño en propiedad ajena”.
Ramón Martín Huerta era uno de los más íntimos amigos del entonces presidente Vicente Fox. El día en que falleció iba a poner en funcionamiento la llamada policía penitenciaria su intención era evitar que, como ocurrió en diciembre de 2004, capos del narcotráfico como Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano, pusieran en riesgo la estabilidad de los centros de máxima seguridad.
En aquella ocasión, a menos de 15 minutos de que aterrizara el helicóptero Bell 412, matrícula XC-PFI en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como La Palma, la nave se estrelló contra la cumbre del cerro La Cima.
Durante horas, el gobierno federal omitió informes en torno a lo ocurrido y cuando lo hizo fue a través de Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación, quien declaró: “me parece que no podemos, que no tenemos derecho para alarmar a la ciudadanía a partir de premisas falsas. Todos los indicios de que disponemos ahora nos hablan de que el lugar en el que sucede el accidente es el punto más alto de la sierra, casi 5 mil metros sobre el nivel medio del mar, en un entorno lleno de neblina en donde el piloto busca alternativas para salir. Esto habrá de confirmarse. Pero me parece que admitir hipótesis (de atentado), sin fundamento, alarma a la sociedad sin ningún provecho para nadie”.
Agregó: “les pido, por favor, mucha seriedad, mucha serenidad en el análisis de esto; cualquiera que sea la realidad, nosotros la vamos a reconocer y la vamos a comunicar. Mientras tanto estamos, muy probablemente, frente a un accidente”.
Al respecto, en octubre de 2005, el procurador Daniel Cabeza de Vaca afirmó que se trató de un accidente aéreo, provocado por la “combinación de un error humano y las condiciones adversas que imperaban en el poblado de San Miguel Mimiapan”.
A la fecha esa ha sido la conclusión pericial y verbal de la PGR, muestra de ello es que en respuesta a una solicitud de información mediante la cual se solicitó copia de la averiguación previa PGR/MEX/NAU-II/610/2005, sólo se entregó copia de la conferencia prensa en la que se dio a conocer el peritaje realizado a la aeronave, pues se dijo que la indagatoria seguía abierta.
Sin embargo, la Unidad de Enlace de la PGR respondió el pasado 14 de abril a la solicitud folio número 0001700043108, que los delitos que dieron origen –y a la fecha se mantiene abierta la referida indagatoria–, son “homicidio y daño en propiedad ajena”.
La pregunta que queda en el aire es por qué si se trató de un accidente, como lo han señalado diferentes funcionarios y los peritajes, aún se investiga el hecho como un homicidio.