■ El secretario del Trabajo se dice tranquilo por el caso; alega ataque político
Evitará SCT, con medios jurídicos, pagar a Unefon los 46 millones que reclama
■ Arguye que en 2006 la telefónica se desistió del amparo
■ No hubo mandato para la devolución
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró que evitará, por todos los medios jurídicos pagar a Unefon los 46 millones de pesos que reclama por el pago indebido de intereses, debido a que nunca hubo un mandato judicial expreso para que se realizara la devolución del dinero, además de que en 2006 la empresa telefónica se desistió del juicio de amparo al que se había acogido.
En la argumentación legal sobre el caso hecha ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la SCT puntualizó que el tribunal que llevó el caso se ocupó de abordar puntos como si la dependencia o la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) estaban facultadas para otorgar prórrogas e imponer sanciones económicas, pero no hubo un mandato expreso para que devolviera dinero.
En todo caso, señaló la dependencia a la ASF, según el fallo de la primera sala regional metropolitana, lo que se tendría que iniciar era el trámite de pago ante las instancias correspondientes, pero no concretarlo debido a que no era una acción que procediera de inmediato.
La ASF “se extralimita”
En los comentarios enviados a la ASF, el departamento Jurídico de la SCT fue insistente en que al retomar el caso Unefon en 2008, el órgano fiscalizador se extralimita en sus funciones, ya que sólo está facultado a investigar la gestión financiera del año 2006… absteniéndose de observar la legalidad de los actos que por disposición de la ley le corresponden a otros órganos facultados para tal efecto, como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.
Pero de cualquier forma justifica su actuación al otorgar prórrogas a Unefon y sanciones económicas, en lugar de anular la licitación de frecuencias al señalar que “la sentencia emitida tanto en los recursos de revisión fiscal como en el juicio de nulidad número 2295/00-11-01-9 y acumulado 5535/00-11-02-06 determinó que lo procedente era la aplicación de recargos para los casos de prórroga para créditos fiscales de conformidad con el artículo sexto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1998, aunado a la actualización prevista en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
Y con base en la misma sentencia, remata a la Cofetel, que entonces presidía el hoy secretario del Trabajo, Javier Lozano, al señalar que de acuerdo con la autoridad, “no fundó su actuación en los preceptos y ordenamientos legales referidos”.
Explicó que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a que Unefon ha hecho referencia constante “no ordenaron al secretario ni a ningún otro funcionario de la SCT el pago de cantidad alguna a favor de esa empresa por ningún concepto ni incluyeron o determinaron cuantificación alguna”. Dijo que dicho juicio administrativo concluyó de forma “total y definitiva” el 18 de enero de 2007, y concluyó que las afirmaciones de la ASF “son contrarias a la verdad jurídica”.
El 30 de noviembre de 2006 la SCT le devolvió a Unefon 550 millones de pesos, no por orden de un tribunal sino “en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, operación que quedó registrada en la cuenta bancaria 012180004501650 en el banco BBVA Bancomer.
Y enfatizó que “el otorgamiento del recibo finiquito es potestad exclusiva de operadora Unefon, pues la entrega de la cantidad no fue ordenada por ninguna resolución emitida por autoridad competente.
■ El conflicto en Grupo México no se ha resuelto por los enconos entre las partes: Lozano
Patricia Muñoz Ríos
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, aseguró ayer que está “tranquilo” con el caso de Unefon, ya que entregó toda la información para comprobar que actuó con absoluta legalidad, por lo que, dijo, espera que este asunto se resuelva en forma sencilla y “rápida”, e incluso, no interpondrá ningún recurso legal.
El funcionario aseguró que se utiliza este caso para atacarlo políticamente, pero dijo que está convencido de que “para estar en la política hay que imitar a los elefantes: tener una piel gruesa; unas orejas grandes para escuchar a todos; una cola corta, para que no te la pisen; mucho colmillo y pasos firmes”.
Se reservó además su opinión sobre si era ética o no la actuación de Unefon, que solicita que el erario le devuelva una cantidad millonaria de intereses, siendo que a la empresa se le habían otorgado dos prórrogas para que pagara el monto de una licitación.
En cuanto a la reforma laboral, adelantó que le planteará a los miembros de las comisiones de Trabajo de las cámaras de Diputados y Senadores, si es posible que cuando inicien las discusiones por la reforma energética, en forma paralela se puede discutir la laboral, o si es mejor posponer esta discusión hasta que se normalicen las cosas en el Congreso y se respetará lo que le propongan los legisladores.
Habló además del conflicto minero, tema sobre el que dijo que si no se ha resuelto “es por una necedad” tanto del dueño de Grupo México, Germán Larrea, como del dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia.
En este asunto hay un encono de las dos partes, ya ni siquiera pesan las razones económicas ni las de seguridad e higiene –que se pueden resolver–, sino las personales, y éstas son las que han evitado que se resuelva la situación, aseguró el funcionario.
Lozano Alarcón asistió ayer a la firma de un convenio de colaboración con el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Gilberto Rincón Gallardo, y en este marco ofreció una conferencia de prensa.
Del acuerdo signado comentó que el objetivo es evitar la discriminación en el mercado de trabajo, por lo que se elaborará una norma mexicana para la igualdad laboral; un programa nacional de trabajo y capacitación para personas con discapacidad y un índice de vulnerabilidad laboral.