México SA
■ Abono para la especulación
■ Democracia financiera sólo para los barones del dinero
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El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Guillermo Prieto Treviño
Foto: Marco Peláez
Cuando se trata de grandes negocios a costillas del erario, los especuladores financieros y bursátiles, “sin hacer ruido”, son los primeros en enterarse, y no sólo por su agudo olfato, sino porque forman parte de la compacta famiglia que desde cinco lustros atrás “conduce” al país. Nada raro sería, pues, que de ellos mismos hubiera salido la propuesta, y subsecuente armado, de los pomposamente llamados “bonos petroleros ciudadanos” incluidos en la “reforma” calderonista.
No es casualidad, sino la constante desde, cuando menos, los generosos subsidios cambiarios del Ficorca, la “devolución” de empresas asociadas a los bancos estatizados en 1982, los certificados de aportación patrimonial (CAPs) que reprivatizaron el 34 por ciento de las entonces sociedades nacionales de crédito, la descarada especulación con estos valores (acaparados por ellos mismos), la reprivatización íntegra de la banca, los Tesobonos y la salvaje fuga de capitales asociada a esos instrumentos, el salvamento de empresas privadas no bancarias con recursos públicos, el asalto llamado Fobaproa, los “rescates” y “salvamentos” de buena parte de las empresas del Estado que pasaron a manos privadas, las concesiones, exenciones, y, desde luego, todas las devaluaciones habidas y por haber, por sólo citar los casos más sonados.
Pues bien, ahora se denuncia que dichos especuladores (léase banqueros y bolsistas) “fueron advertidos (antes que nadie) del negocio que podían hacer con la emisión de los llamados bonos petroleros ciudadanos, por el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Guillermo Prieto Treviño, 10 días antes de que Felipe Calderón presentara al Congreso sus iniciativas de reforma petrolera, y tres días antes de que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, entregara el diagnóstico sobre la situación de Pemex, es decir, el 28 de marzo pasado” (La Jornada, Alma Muñoz).
En el correo electrónico que entre ellos circuló, en nombre de Prieto Treviño y por cortesía Marcos Ramírez Miguel, alto funcionario del Grupo Santander Serfin, se subraya que “les podría agregar confidencialmente que efectivamente en la reforma petrolera que está en el horno se está contemplando una emisión de un instrumento híbrido que pague mínimo inflación, pero que en upside está ligado a los resultados de Pemex (tipo Colombia). Nuestro reto (yo creo) va a ser ayudar en esto sin hacer mucho ruido hasta que esté aprobada y luego ya trabajar en la implantación”.
Sólo existen dos posibilidades de que los especuladores se enteraran de la existencia de tales valores (“que se venderán hasta en las panaderías”, según la versión oficial): a) que el propio gobierno les informara lo que cocinaba, es decir, lo que se negó a informar a la ciudadanía, y b) que los mismos especuladores ofrecieran al gobierno tan atractivo y novedoso instrumento financiero para incorporarlo a la “reforma” petrolera, e inmediatamente acapararlo. En cualquiera de los casos, forman mancuerna y los barones del dinero están más que puestos para quedarse con su rebanada del “tesoro”, como acostumbran.
Tres décadas atrás, cuando el país se preparaba para “administrar la abundancia” (JLP dixit), aparecieron los Petrobonos (1977) y los Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como Cetes (1978). Fueron presentados como “sólidos y confiables instrumentos de ahorro” en los que podían depositarse no sólo los dineros, sino la confianza de los mexicanos. En los hechos, ambos valores fueron acaparados por los especuladores financieros y bursátiles, nacionales y extranjeros, mientras los ciudadanos de a pie ni de lejos los vieron, ni los ven. Los primeros se extinguieron (1990), y los segundos, teóricamente, cualquiera los puede adquirir, siempre y cuando lo hagan mediante las instituciones propiedad de los especuladores y con una inversión mínima de medio millón de pesos.
En 1983, Miguel de la Madrid puso en marcha el Ficorca (con Ernesto Zedillo al frente de la tienda), un programa de subsidio cambiario para las grandes empresas endeudadas en dólares. A la par, emitió los bonos de indemnización bancaria (BIBS) –un suculento negocio para los ex banqueros, ya instalados en la banca paralela en que se convirtió el mercado bursátil– y “devolvió” las empresas no bancarias (entre ellas Aurrerá, hoy Wal-Mart) asociadas a las instituciones financieras estatizadas por JLP. La emisión sumó alrededor de 200 mil millones de pesos (de aquellos) y de ese total aproximadamente la mitad se utilizó en la recompra (por parte de los ex accionistas de los bancos) de los activos no crediticios de la banca nacionalizada, que se empezaron a poner en venta en marzo de 1984. El mecanismo de la recompra incluyó la posibilidad de pagar el precio de estos activos no crediticios con los mismos bonos.
Más adelante, en 1986, el propio De la Madrid reprivatizó 34 por ciento de la banca, mediante los certificados de aportación patrimonial, los CAPs. Se trataba, decía el entonces mandatario, de contar “con una presencia minoritaria, pero vigilante, de los particulares en las instituciones de crédito”. Los “vigilantes” se quedaron con la banca, pero antes desataron una especulación feroz con estos valores, que infló su precio en 600 por ciento y con los que se “pagó” buena parte de los bancos reprivatizados.
En abril de 1990, días antes del anuncio salinista sobre la reprivatización de la banca (2 de mayo, 1990), ocho casas de bolsa (de 26 en total) acaparaban más del 65 por ciento de los CAPs: Acciones y Valores (Roberto Hernández y Alfredo Harp; se quedaron con Banamex), 19.29 por ciento; Operadora de Bolsa (Adrián Sada, con Serfin), 9.36; Abaco (Jorge Lankenau, Confía), 7.55; Interacciones (Carlos Hank Rhon), 7.53; Probursa (José Madariaga Lomelín, MMM), 6.66; Inverlat (Agustín Legorreta Chauvet, Comermex), 5.99; CBI (Julio César Villarreal Guajardo y Angel Isidoro Rodríguez, entre otros, Banpaís), 5.12 y Grupo Bursátil Mexicano (Alfonso de Garay Gutiérrez, Atlántico), 4.06 por ciento de estos preciados y generosos títulos que buscaban la “democratización del capital financiero” (Salinas y Aspe dixit).
Las rebanadas del pastel
Se acabó el espacio, pero mañana seguimos con estas “casualidades”.