■ Fueron indebidas las sanciones que aplicaron SCT y Cofetel en 1998, alega la empresa
Niega SCT conocer litigio para regresar 46 millones de pesos a telefónica Unefón
■ Durante 9 meses le retrasaron la liberación de las frecuencias por las que concursó, denuncia
El debate sobre el futuro de la industria petrolera empezó hace tiempo. En 1999, cuando se discutía la posibilidad de que la oposición al régimen de partido único pudiera presentar un solo candidato, las posiciones de Cárdenas y Fox respecto a Pemex eran divergentes: fortalecerlo o privatizarlo. Una solución a esta diferencia que permitiera una candidatura única era someter el tema a los electores, es decir, comprometerse a realizar un referendo que determinase la postura gubernamental. La posición de los panistas no ha variado: siguen pensando que Pemex debe privatizarse. Tienen argumentos ideológicos, pero también intereses prácticos.
Pemex se encuentra en un momento crítico. Como bien señala David Ibarra, ha dejado de cumplir con su función estratégica de fomentar el desarrollo nacional, a través de la industrialización, convirtiéndose en una empresa cuyos ingresos han servido para equilibrar las finanzas públicas. Los gobiernos neoliberales usaron a Pemex como sostén presupuestal de un régimen de bajos impuestos. Ello la ha llevado a una crisis que se pretende resolver mediante asociaciones con grandes petroleras privadas que invertirían para explorar y luego extraer crudo, así como en la refinación, a cambio de compartir la renta petrolera.
Esto es privatizar. Eso propone Calderón. Puede mostrarse con facilidad que resolver la situación crítica de Pemex es posible por otras vías: si lo que hace falta es tecnología para explorar y extraer crudo de aguas profundas, pues se compra; si no se cuenta con los recursos fiscales para hacerlo, se puede financiar con créditos pagables con los ingresos nuevos que resultarían del uso de esa tecnología; si la empresa requiere autonomía de gestión administrativa y financiera es posible hacerlo eliminando los candados macroeconómicos a sus decisiones de inversión; si los costos salariales impiden abrir nuevas refinerías, el asunto debe resolverse.
La iniciativa gubernamental, independientemente del tiempo que se discutiera, iba a ser aprobada por la bancada panista y por los diputados priístas necesarios para alcanzar los votos que se requieren. Una decisión de este tipo no necesariamente refleja la opinión social y es discutible que el mandato de los legisladores se los permita. Las cámaras reúnen a representantes electos, diputados y senadores, pero debemos preguntarnos sobre los límites de esa representación ante decisiones que comprometen el futuro de la nación y que no fueron presentadas claramente en el momento de la elección. El gobierno y los legisladores de todos los partidos políticos están obligados a reconocer que no se puede legislar sobre temas de esa relevancia sin consultar expresamente a los electores.
El país está dividido. La contienda electoral de 2006 así lo constató. Las instituciones creadas para terminar el régimen de partido único cumplieron eficientemente su cometido, pero no sirvieron para establecer un sistema político democrático. Frente a un electorado notoriamente polarizado, las tensiones generaron desviaciones que no pudieron ser atajadas por un árbitro parcial. Aunque el perfil de las preferencias electorales pudiera haberse modificado, en buena medida como respuesta ante la actuación de las organizaciones políticas, frente a la privatización de Pemex la polarización se reconstruye acentuadamente.
Soslayar esta situación puede generar complicaciones en el funcionamiento institucional. El linchamiento mediático sólo exacerba esas dificultades. No se trata de un asunto menor: se trata de la fuente mayor de ingresos del Estado. Se trata de una empresa que ha sido fundamental en la vida de la nación y que ha sido llevada deliberadamente a circunstancias críticas. Aprobar la iniciativa sin un mandato expreso de los votantes sería un craso error. Discutir con la mente abierta, ponderar verdaderamente las diversas posibilidades técnicas que llevarían a diferentes medidas de política económica es central. Pero lo es más que la población establezca su mandato. Ello sólo será posible sometiéndolo a referendo.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tiene en turno ningún litigio en el que se reclame la devolución de 46 millones de pesos a la empresa Unefón, aseguró el director jurídico del organismo, Gonzalo Martínez Pous, al puntualizar que el juicio al que hizo referencia la Auditoría Superior de la Federación (ASF) finalizó en 2007.
Sin embargo, la empresa telefónica calificó de falsas las declaraciones de la dependencia, ya que el año pasado comenzó un juicio contencioso administrativo que fue turnado a la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para reclamar el pago de los 46 millones pesos más la actualización y los intereses.
Unefón aseguró que las sanciones que en 1998 le aplicaron la SCT y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que entonces presidía el hoy secretario del Trabajo, Javier Lozano, fueron indebidas, y que además de la afectación económica por el pago, la dañaron al retrasar durante nueve meses la liberación de las frecuencias por las que concursó, lo cual representó ventajas para sus competidores y un costo financiero acumulado.
Martínez Pous señaló que a pesar de que las responsabilidades de los funcionarios prescriben a los tres años, la SCT colaborará con la Secretaría de la Función Pública (SFP) en entregar toda la documentación que se le requiera sobre el caso Unefón y así cumplir con la recomendación de la ASF, la que “no puede hacer auditorías de legalidad”.
El funcionario dijo que desconoce la razón por la que la ASF retomó el caso de Unefon, ya que “las responsabilidades prescriben a los tres años y la ASF sólo puede revisar la cuenta pública de 2006. Las cuentas de 1998 y 1999 se revisaron en su momento y no hubo observaciones”, indicó.
No obstante, en su informe la ASF puntualizó que la auditoría a la concesión otorgada a Sistemas Profesionales de Comunicación, ahora Operadora Unefon, se realizó “debido a la importancia que representa para el gobierno federal la erogación de recursos pagados a la empresa por concepto de devolución de intereses”.
Por separado, Unefón aseguró que la SCT y su titular Luis Téllez Kuenzler incurren en falsedad cuando dicen que no han recibido ninguna orden judicial para devolver 46 millones de pesos “cobrados indebidamente a la empresa”.
Detalló que el origen de este conflicto data del 18 de mayo de 1998, cuando Unefón ganó una licitación de la Cofetel para comprar espectro y proporcionar servicios de telefonía inalámbrica. “Pagó en 30 días el 20 por ciento del monto ofrecido más el impuesto al valor agregado, pero ante un deterioro súbito de los mercados financieros solicitó y obtuvo dos prórrogas”.
En consecuencia, explicó la empresa, la Cofetel y la SCT “impusieron dos sanciones indebidas, que consistieron en el pago de intereses de más de 596 millones de pesos, y un retraso de nueve meses en la liberación de las frecuencias e iniciar operaciones, última decisión que tuvo un doble impacto por la ventaja que obtuvieron sus competidores y el costo financiero acumulado con nueve meses de inactividad y sin haber usufructuado las frecuencias subastadas”.
Unefon pagó los intereses “bajo protesta”, e inició la batalla legal para recuperarlos, hasta que el 6 de abril de 2004 la primera sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falló que no había precepto legal que ordenara ese pago y determinó que el funcionario que los fijó no estaba autorizado para ello.
El 5 de diciembre de 2006 la Tesorería de la Federación, con autorización de la Secretaría de Hacienda, pagó a Unefón 550 millones de pesos, por lo que en junio de 2007 la empresa inició otro juicio para recuperar los 46 millones de pesos que a su consideración faltan, más la actualización y los intereses.