■ Fue nombrado administrador de secundaria del Instituto Potosino

Denuncian encubrimiento a cura pederasta en SLP

■ Integrantes de SNAP exigen acciones drásticas contra Carlos González

■ La red de cómplices incluye a gobiernos estatales: madre de víctima

La Jornada San Luis

San Luis Potosí, SLP, 15 de abril. La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes exigió al gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga, al procurador Francisco Martín Camberos Hernández, al arzobispo Luis Morales Reyes, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso local no ser cómplices del cura marista Carlos González González, quien hace cuatro años fue acusado de haber violado a cuatro niñas del Instituto Potosino, sin que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) actuara.

Encabezados por José Bonilla, abogado de la red (cuyas siglas en inglés son SNAP), llamaron a la Iglesia católica a que retire de sus funciones eclesiásticas y educativas a Carlos González González, quien fue nombrado administrador de secundaria en el propio Instituto Potosino.

También estuvieron en la charla con la prensa Aidé García Hernández, de relaciones interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir; Erick Barragán Bargueño y Joaquín Aguilar Méndez, director y coordinador de SNAP en México, respectivamente, y víctimas de sacerdotes pederastas.

Barragán Bargueño, director de SNAP en América Latina, dijo que el arzobispo Luis Morales Reyes tiene la responsabilidad moral y administrativa de tomar medidas drásticas contra el marista Carlos González. De no hacerlo “se confirmará que desde el Vaticano se protege a esta red internacional de pederastas”, dijo.

Le pidió recordar que el Instituto Potosino es un colegio católico, por lo cual no puede decir que este caso es de la justicia civil para deslindarse, “y si las mismas autoridades del instituto lo siguen protegiendo será director”.

Dijo que 30 organizaciones del país apoyarán a las víctimas en San Luis Potosí hasta que se haga justicia y que el caso de las niñas violadas será llevado a la Corte Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque “no puede quedar impune un sujeto pederasta como Carlos González, que, como todos, de nueva cuenta atacará, porque para la pederastia no hay cura”.

José Bonilla, abogado cuyo hijo sufrió abuso sexual a la edad de tres años en el Colegio Oxford de la ciudad de México, perteneciente a los Legionarios de Cristo, informó que el lunes se puso en contacto con una reportera del diario Le Monde, de París, Francia, para dar a conocer el abuso contra las cuatro niñas potosinas.

Dijo que los padres de los menores ultrajados se han cansado de mandar cartas a las autoridades para que los atiendan, por lo que están dispuestos a llevar este asunto a las autoridades federales y a los organismos internacionales interesados en la protección de los niños, porque “esto es una lacra, una vergüenza que se debe de conocer no sólo en la República Mexicana, sino en el extranjero. Ya basta de que se siga mancillando a los niños mexicanos. No lo vamos a permitir”.

Aseveró que, por lo general, los pederastas en México primero niegan las acusaciones; luego afirman que no le pasó nada a la víctima, y cuando se demuestran los hechos atacan a las víctimas, a sus padres, a través de asociaciones de paterfamilias, colegios o institutos, mediante cartas y marchas “donde lo único que hacen es un ridículo”.

Lo más lamentable, dijo, es que estos grupos “controlan la mayoría de los medios de comunicación, así como a las autoridades. Así actúan. Es el mismo patrón”.

Los padres de familia afectados, apuntó, “son agredidos de manera cobarde. Les dicen que son extorsionadores, mentirosos, que exageran o que los mueven fuerzas ocultas, cuando lo que buscan es que se conozca la verdad sobre esos abusos sexuales”.

Joaquín Aguilar Méndez, coordinador de SNAP en México, y quien denunció ante una corte de Estados Unidos al cardenal Norberto Rivera Carrera, dijo que lleva peleando 13 años por que se castigue a los sacerdotes pederastas como Nicolás Aguilar, y sostuvo que estas denuncias no las hace por dinero, “sino por justicia”.

Señaló que desafortunadamente hay una red de pederastas que luego de ser descubiertas en México se van a Estados Unidos o vienen huyendo de aquel país sin que nadie los detenga.

Clero y gobiernos, “cómplices”

En la rueda de prensa estuvo Leticia Valdés Martell, quien denunció la existencia de un “círculo de corrupción” formado por gobiernos estatales y el clero para proteger a pederastas.

Valdés Martell es madre de un menor que fue víctima sexual de un profesor en el Instituto San Felipe, de un municipio conurbado a la capital de Oaxaca, y después de no obtener justicia en su estado interpuso ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una denuncia contra el gobierno encabezado por Ulises Ruiz Ortiz.

Explicó que cuando se refiere a “los hombres del poder” que protegen a los sacerdotes que abusan de niños se refiere a la jerarquía eclesiástica, a los políticos y gobernantes.

En el caso del Instituto Potosino, dijo, ha habido “total protección”de las autoridades estatales, una “declinación de la justicia. Esa persona sigue libre y trabajando como administrador de secundaria de ese plantel, cuando debería estar en la cárcel; por ello debemos levantar la voz y exigir que a nuestros niños se les respete. Deben ser protegidos y amados. No se debe permitir que esas fieras disfrazadas de sacerdotes destrocen sus vidas. Un pueblo que no pelea por sus niños no tiene nada que hacer como estado o país”, advirtió.