■ La “notable” presencia del líder guerrillero en su territorio demuestra colaboración de Quito
Raúl Reyes es la prueba del vínculo de Ecuador con las FARC: Colombia
■ Se calienta la relación bilateral; el gobierno de Uribe acusa a Correa de “falta de seriedad”
■ Expertos ven casi imposible restablecer la confianza para mejorar el trato entre ambos países
Ampliar la imagen La cúpula castrense ecuatoriana refutó el pasado fin de semana ante la prensa las acusaciones del gobierno colombiano, que insiste en vincular a las FARC con el gobierno de Ecuador. De izquierda a derecha: Rodrigo Bohórquez, jefe de la fuerza aérea; Fabián Varela, jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas; Javier Ponce, ministro de Defensa; Luis Ernesto González, comandante general de la fuerza terrestre, y Livio Espinosa, titular de Marina Foto: Ap
Bogotá, 14 de abril. Los ecos de la reciente visita del presidente ecuatoriano Rafael Correa a México resonaron hoy con fuerza en Colombia, donde el gobierno emitió un duro comunicado que volvió a calentar las relaciones entre Bogotá y Quito, resquebrajadas tras el sonado episodio en el que murió el líder guerrillero Raúl Reyes, el primero de marzo pasado.
La Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño acusó a Correa de “falta de seriedad” en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales, y aseguró que el mandatario ecuatoriano ordenó a sus fuerzas armadas detener operaciones en marcha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este pronunciamiento del gobierno colombiano fue una respuesta casi inmediata a las declaraciones que dio Correa durante su visita a México, donde anunció que apoyará las demandas de los familiares de los mexicanos que murieron durante los bombardeos del ejército colombiano contra el campamento de Reyes, que estaba ubicado en suelo ecuatoriano.
Correa calificó de “payasada” la tesis del gobierno colombiano según la cual habría alertado en por lo menos 16 oportunidades a Ecuador sobre la presencia de irregulares colombianos en territorio del vecino país. El presidente ecuatoriano también refutó la acusación de que a su campaña electoral habrían ingresado dineros de las FARC. “Nosotros no tenemos la narcopolítica que sí existe en Colombia”, dijo Correa.
Analistas locales y dirigentes políticos interpretaron este nuevo enfrentamiento como otra evidencia de que el pleno restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos países no será tarea fácil. “En Quito existe la percepción de que el gobierno colombiano es mentiroso y eso hace casi imposible restablecer la confianza que se necesita para una relación bilateral fluida”, dijo a La Jornada el abogado Miguel González, experto en relaciones internacionales.
Sin diplomacia desde marzo
Bogotá y Quito tienen interrumpidas sus relaciones diplomáticas desde comienzos de marzo, luego del bombardeo a territorio ecuatoriano por parte del ejército de Colombia. Desde entonces fue retirado el embajador de Ecuador en esta capital y pese a los intentos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de otros organismos multilaterales, las tempestuosas aguas que se desataron el mes pasado aún no se han calmado.
La más reciente acusación del gobierno colombiano a Correa aleja todavía más el camino de la reconciliación. “Decirle a Correa que él ha impedido que sus fuerzas armadas persigan a las FARC es lo mismo que acusarlo de brindar apoyo a la guerrilla. Eso es muy grave y hay que probarlo o mejor no se dice”, advirtió González.
Precisamente pruebas es lo que ha pedido Ecuador, cuyo ministro de Defensa, Javier Ponce (recién posesionado tras la destitución la semana pasada del anterior y de una parte de la cúpula militar) le dio 48 horas a Colombia para que sustente sus afirmaciones. “De lo contrario quedará ante el mundo como un régimen mentiroso”, dijo Ponce.
Menos de una hora después de la advertencia del ministro ecuatoriano, Bogotá contestó que la prueba principal de su aseveración era “la notable presencia de Reyes en Ecuador”.
Con este telón de fondo, la escena de las relaciones entre Colombia y Ecuador, que comparten más de 500 kilómetros de frontera montañosa y selvática, tiende a ensombrecerse cada vez más, pues a los factores políticos se han sumado incidentes aislados que han sido magnificados hasta generar sentimientos xenófobicos de lado y lado.
La semana pasada, enfurecidos habitantes de un pueblo ecuatoriano cercano a la frontera con Colombia capturaron a dos colombianos que acababan de asaltar y matar a un reconocido empresario de la zona, y luego de golpearlos durante horas les prendieron fuego en una plaza pública hasta que murieron quemados.
Los medios en Colombia le dieron gran cubrimiento al episodio y el canciller, Fernando Araújo, insinuó que los hechos tenían que ver con un clima anticolombiano generado por el gobierno de Correa.
Casi un millón de colombianos vive en Ecuador, la mayoría de ellos desplazados por la violencia. Para el Alto Comisionado de los Refugiados (ACNUR), el desplazamiento de colombianos empujados por la guerra hacia Ecuador constituye la principal crisis de refugiados del hemisferio occidental.
Según Correa, los problemas en la frontera norte de su país son fruto de la incapacidad de Colombia para poner fin a su conflicto armado interno y no de la falta de atención de Ecuador a sus áreas limítrofes, como sostiene la Casa de Nariño. “La pregunta no es cómo Ecuador dejó entrar a las FARC, sino cómo Colombia los deja salir y entrar cuantas veces quieren”, dijo Correa en México el pasado fin de semana.
A todo lo anterior se suma la creciente preocupación por la escalada bélica que sigue predominando como forma de solución a la guerra de Colombia. El Ministerio de Defensa anunció hoy que en los próximos tres meses llegarán al país 25 nuevos helicópteros y 12 aviones de combate, así como187 camiones blindados y cerca de ocho mil fusiles Galil para proveer a una nueva brigada contrainsurgente. La mayoría de los equipos fueron comprados a Israel y hacen parte de la millonaria inversión militar del gobierno, que este año llegará a la cifra récord de los 11 mil millones de dólares; 6.5 por ciento del producto interno bruto del país y el doble de las inversiones programadas para educación y salud.