Reporte Económico
La desexpropiación petrolera
La oposición social –con el núcleo organizado del FAP por delante– modificó sin duda la estrategia original de un golpe legislativo para cambiar las leyes y abrir formalmente la puerta del sector petrolero al capital privado, golpe que no está descartado a la vista de la negativa de la derecha a un debate abierto a la sociedad.
El diagnóstico
El documento presentado por el gobierno no aporta nada nuevo; de hecho es la crónica de cinco lustros de demolición programada de Petróleos Mexicanos.
Por años hemos analizado (y criticado) aquí la trayectoria destructiva impuesta al sector energético, así como la necesidad y opciones de rectificación, sólo para constatar que el problema no es un asunto de razones, sino de intereses confrontados entre dos posiciones básicas: una social y nacionalista, que defiende a los hidrocarburos como bienes públicos y estratégicos, y otra oligarca y corrupta, que los quiere para su negocio, beneficio y dominancia. Así de simple y así de profundo.
En el caso que nos ocupa, desde hace mucho han venido arrebatando al país lo que a todos pertenece: primero le quitaron a Pemex prácticamente toda la petroquímica básica al convertirla en secundaria, abriéndola con ello a la inversión privada (hoy el país es importador neto de productos petroquímicos); después inventaron los Pidiregas para darle a las corporaciones el negocio completo de construir plantas y financiar proyectos integrales, que después Pemex y Comisión Federal de Electricidad pagan como arrendamiento a precio de oro (hoy ambas empresas están asfixiadas con estos adeudos para las próximas dos décadas); también aplicaron un novedoso contrato de servicios múltiples para negociar “en paquete” y trasladar a empresas privadas actividades restringidas por ley a Pemex (existe una controversia constitucional sobre estos contratos que está empantanada en la Suprema Corte de Justicia). Pemex y la Nación, en síntesis, han sido paulatina pero consistentemente despojados de funciones y riqueza para trasladarla a empresas nacionales y extranjeras en todos los rubros que les ha sido posible.
La propuesta del gobierno
Cerca del cierre del actual periodo de sesiones del Congreso, el gobierno finalmente envió su propuesta de reforma petrolera en la forma de cinco iniciativas de ley. De éstas, una es clave, la que busca reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional; dos son derivadas de ésta; otra busca sustituir la actual Ley Orgánica de Pemex, y otra crear una Comisión del Petróleo.
1) Sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.- Con astucia leguleya, la iniciativa introduce en el artículo 2º dos palabras: “áreas estratégicas”, y con ello cambia de forma y fondo el sentido del texto vigente, que a la letra dice: Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen (aquí se adiciona “las áreas estratégicas de”) la industria petrolera… Así, el artículo 3º, que define las áreas que abarca el concepto “industria petrolera” (y que están reservadas a la nación) se descontextualiza y abre taimadamente al capital privado la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y sus derivados, del gas y los petroquímicos básicos.
La modificación propuesta al artículo 4º le borra a la nación y a Pemex la exclusividad en la exploración y explotación de hidrocarburos, y la modificación al artículo 10 el control y operación de los oleoductos.
Así, la iniciativa es inaceptable por las siguientes razones:
a) Contraviene la Constitución, el interés social y el de la nación.
b) Despoja a Pemex de sus funciones operativas (para lo cual fue creado) y lo orilla al papel de expendedor de contratos y concesiones.
c) Abre el traslado de la cadena de valor agregado que corresponde a Pemex, y de la riqueza de la nación, a las empresas y corporativos privados. Es una auténtica Ley Popote.
d) Pemex ha cumplido estas funciones por décadas y puede perfectamente seguir haciéndolo para beneficio de la nación si se le deja y se le dan recursos. Ninguna empresa privada lo hará mejor que la paraestatal ni, desde luego, aportará al país y a los mexicanos lo que Pemex aporta en dinero, en integración y seguridad energética.
Si alguna modificación es urgente a la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, es para precisar que los contratos de servicios múltiples son ilegales, así como la figura de Productor Independiente de Energía, por ejemplo. No daña al país y es razonable que el sector privado participe, como ya lo hace, tanto como proveedor de bienes y servicios como en actividades de distribución final de gasolinas, gas o petrolíferos, funciones que dispersarían demasiado a Pemex y que, cuando hay competencia real entre los concesionarios, benefician al consumidor, pero hasta ahí.
Todo el cuerpo de la cadena productiva básica, desde la exploración hasta la distribución troncal, son funciones integradas de Pemex (como de cualquier corporación petrolera), son actividades estratégicas para el país, y son fuente de enormes recursos para la nación.
2) Sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Esta iniciativa persigue adecuar dicha ley para dar a la Secretaría de Energía nuevas atribuciones para conducir la participación privada propuesta en el punto anterior.
3) Sobre la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.- De igual forma, esta iniciativa busca dotar a la Comisión de base legal para regular lo que se quiere privatizar.
4) Nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.- Si bien esta iniciativa se inscribe, asimismo, en la línea de apertura al capital privado, el tema de una eventual restructuración de Pemex para reintegrarla, dinamizarla y ponerla en línea con los nuevos retos es sin duda importante y digno de un estudio cuidadoso y profundo.
Modificar su estructura directiva para redireccionar su operación es también importante, pero sólo si es en favor del país; no es el caso de la inclusión propuesta de cuatro consejeros profesionales nombrados por el Ejecutivo federal.
Toda autonomía gestionaria, flexibilización y desburocratización de la administración de Pemex debe pasar por la integración de un cuerpo directivo de primer nivel, no subordinado al Ejecutivo, sólo comprometido con el desarrollo eficiente de la empresa y los intereses del país, y que esté por encima de toda sospecha. El director general, los puestos clave y los nuevos consejeros deben ser nombrados por el Congreso y no ser empleados del presidente en turno. En lo inmediato Pemex, no requiere autonomía de gestión sino un control razonable y, sobre todo, una asignación suficiente de recursos presupuestales que fluyan en la cantidad y con la oportunidad necesarias.
Pemex no requiere asociarse con nadie (y menos con sus competidores) para cumplir sus funciones; sus ingenieros y técnicos, tanto en activo como algunos ya retirados con enorme experiencia, son la mejor garantía para reencauzarla en una nueva fase expansiva. Si la tecnología falta, se compra, se renta o se crea.
De hecho, el problema básico e inmediato de la empresa se sintetiza en dos factores: restricción de fondos y subordinación a quien quiere destruirla.
Si se le dan a Pemex recursos suficientes, en poco tiempo estará optimizando lo disponible, reabriendo pozos y explotando incluso los supuestos yacimientos prospectivos de aguas profundas; también estará construyendo las plantas de refinación que el país requiere para su abasto, (construyó tres casi simultáneamente hace tres décadas), para dejar de importar petrolíferos y para convertirse en exportador de los mismos; estará reconfigurando y ampliando sus petroquímicas y expandiendo su red estratégica de ductos, almacenamientos y centros de distribución.
Como estrategia energética (y en tanto no se eleven las reservas probadas al nivel de abasto para 25 años que se tenía) México debería restringir sus exportaciones de crudo y sustituirlas en lo posible con exportaciones de productos terminados con mayor valor agregado y mayores utilidades.
Bien administrado, el petróleo puede y debe darle a México muchos años de seguridad energética. No se entiende, por ejemplo, cómo el gobierno nos encamina a utilizar termoeléctricas de gas (que es insuficiente en México y que están trayendo corporativos privados a costo altísimo de Perú, Rusia u otras fuentes) en vez de usar diesel u otros combustóleos modernos con alta refinación y de baja contaminación que sí se pueden producir en México sin límite para generar electricidad.
El sector energético en su totalidad requiere de una reconfiguración y una estrategia integral para obtener los mejores resultados para el país, darle seguridad y preparar la transición tecnológica a las nuevas fuentes de energía renovables y no contaminantes que sustentarán el desarrollo futuro. Con América Latina deberíamos, por ejemplo, estar desarrollado y dominando desde la energía nuclear hasta la investigación solar o de hidrógeno.
Finalmente, cabe enfatizar que el gobierno no puede, no debe, chantajear a la opinión pública con la falsa disyuntiva de dar recursos a Pemex o darlos a educación, salud, seguridad… Si las finanzas públicas están petrolizadas ha sido por la irresponsabilidad de gobiernos y legislaturas que así lo han de-cidido. Apenas el año pasado se le aprobó al gobierno su Reforma Fiscal, que supuestamente le dará ingresos adicionales en importante cuantía y que le permitirá a partir de este año reitegrarle presupuestalmente a Pemex los recursos necesarios. Si la tal reforma fiscal no funciona, entonces sólo se hará patente que el gobierno ni sabe lo que hace ni piensa lo que pide, ni tampoco está a la altura de lo que el país requiere.
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