Cacería de dirigentes sociales en Chihuahua
Parecía que trasladaban a la reina de la frontera o a alguien de su nivel y calaña: a la mujer la llevaban adentro de una camioneta con camper, de las que llaman perreras, a ella sola, con una patrulla por delante y otra por atrás; la escoltaban un camión con un pelotón de soldados y hasta una tanqueta. Quienes vieron el convoy, digno de Bagdad o Basora, se dijeron: “ahora sí está rindiendo resultados la Operativa Conjunta Chihuahua, ahí llevan a una de las grandes jefas del cártel”.
Nada más lejano a la realidad: quien era trasladada de la delegación de la PGR en Ciudad Juárez al Cereso de esa ciudad era Cipriana Jurado Herrera, activista social, asesora de familias víctimas de los feminicidios. Al regresar de acompañar a una madre a reconocer los restos de su hija en el Servicio Médico Forense, fue detenida con lujo de violencia y sin orden de aprehensión el jueves 3, por elementos de la AFI en aquella frontera. La acusación en su contra: ataque a las vías generales de comunicación. El motivo: una manifestación en el Puente Internacional el 12 de octubre… pero de 2005.
Al día siguiente, en Nuevo Casas Grandes, es aprehendido de la misma forma y trasladado a Ciudad Juárez el dirigente campesino Carlos Chávez Quevedo, cofundador con Armando Villarreal Martha de Agrodinámica Nacional. La acusación es la misma por el mismo hecho. Sólo gracias a la intensa denuncia y protesta de las organizaciones sociales, sobre todo de mujeres, Cipriana es puesta en libertad bajo caución el viernes 4 a las cuatro de la tarde, y Carlos Chávez a las 11 de la noche del mismo día. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de la PGR en Ciudad Juárez, existen órdenes de aprehensión por ejecutarse contra otros 40 dirigentes sociales de Chihuahua que han participado en tomas de puentes o bloqueos de carreteras.
Una semana antes que Cipriano y Chávez, habían sido aprehendidos, también por elementos de la AFI, cuatro ejidatarios de Villa Aldama, miembros de Agrodinámica Nacional, acusados por el delito de “robo de energía eléctrica”, liberados bajo caución un día después luego que su organización tomó con gente y maquinaria las oficinas de la CFE en la capital del estado.
En este contexto, la hipótesis de que el asesinato del fundador de esta organización, Armando Villlarreal Martha, el 14 de marzo en Nuevo Casas Grandes, fue un crimen de Estado, se refuerza. Porque desde hace un mes, al amparo del Operativo Chihuahua supuestamente contra la delincuencia organizada, las fuerzas federales han desatado toda una ofensiva contra líderes sociales de la entidad, como demuestran las detenciones reseñadas líneas arriba.
La intención del gobierno federal detrás de esta oleada de criminalización de los movimientos y luchas sociales que han emprendido las y los chihuahuenses no puede leerse más que de dos maneras: primero, se trata de amedrentar a las y los dirigentes de tres movimientos que han sido vanguardia a escala nacional: el movimiento de los productores del campo porque se les proporcione energía eléctrica a precios competitivos y se renegocie el TLCAN en materia agropecuaria; el movimiento de mujeres en contra de los feminicidios, y el movimiento de los deudores contra los bancos y las hipotecarias.
La segunda intención del calderonismo detrás de esta ofensiva de criminalización de la protesta social es lanzar una advertencia a las brigadas que se aprestan a realizar acciones de resistencia civil ante cualquier iniciativa de ley que contemple la privatización parcial o total, inmediata o progresiva de Petróleos Mexicanos. El régimen no tolerará manifestaciones, así sean pacíficas, así las encabecen las mujeres.
Feminicidas libres, presas las mujeres que luchan contra el feminicidio. Libres los grandes capos y los lavadores de dinero; detenidos los líderes campesinos que demandan la soberanía alimentaria y energética de este país. Ahí se resumen las verdaderas opciones, la verdadera moral del calderonismo.