■ Autoridades de Tabasco ofrecieron liberarlos si “pedían perdón al gobernador”

Resurge caso de dos zapatistas presos por consigna política del ex presidente Zedillo

■ Llevan más de 11 años recluidos por un asesinato que no han podido acreditarles

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Tacotalpa, Tab. 12 de abril. Luego de 11 años y nueve meses tras las rejas, acusados de un asesinato que según está demostrado no cometieron, don Ángel y don Francisco sostienen que no se van a rendir. “Mi lucha es justa. No debo ningún crimen”, dice, apacible, Ángel Concepción Pérez Gutiérrez. Su padre, Francisco Pérez Vázquez, lo acompaña, pero casi no toma la palabra. Será su hijo quien lo haga, en “castilla” más fluido. Son choles, de Chiapas. Son zapatistas.

Aunque la justicia de Tabasco nunca probó las acusaciones que pesaban sobre los dos indígenas de la comunidad Huapacal, del ejido chiapaneco de Tuitzol, los sentenció por consigna política zedillista y del entonces gobernador Roberto Madrazo Pintado, pactada en agosto de 1996 con su homólogo chiapaneco, Julio César Ruiz Ferro, y consumada en 2000, cuando se dictó pena de 25 años para los dos campesinos y luchadores sociales, parte de la autoridad agraria de su comunidad y en resistencia zapatista.

Han desfilado tres gobernadores más en Chiapas y otros tantos en Tabasco, y los seis han permitido que la demostrada injusticia siga; los primeros por indolencia u olvido (aunque no ha faltado quien se los recuerde); los segundos, por decisión política. En los acontecimientos del 16 de noviembre de 1995 murió un tabasqueño, y los chiapanecos tenían que pagar. Y como estaban las cosas en 1996, si eran zapatistas mejor. Más en la zona norte, donde el gobierno y Paz y Justicia libraban una auténtica guerra contra las comunidades choles en resistencia.

El 26 de agosto de 1996, los gobernadores sellaron un pacto que incluyó lo siguiente: las tierras en disputa entre los ejidos Tuitzol (de Chiapas) y Agua Blanca (de Tabasco) quedaron en manos de los primeros, a quienes pertenecían desde los años 30. A los segundos se indemnizó con un millón 226 mil pesos, se les “perdonó” el asesinato del indígena chiapaneco Vicente Pérez Pérez y se castigó a don Ángel y don Panchito, como los conocen en la cárcel, por la muerte de Florentino Hernández López, siendo que no estuvieron en el lugar de los hechos. Y que el único “testigo”, Eulalio Hernández López, habría sido quien ultimó a Pérez Pérez.

Esa muerte “nunca se investigó”, sostiene Ángel, apoyado en la reja del área de visita de la cárcel municipal de Tacotalpa. En sentido estricto, el otro asesinato tampoco. De cuatro testigos presenciales, el juez sólo consideró al que era tabasqueño, hijo del occiso Florentino Hernández. A los otros tres, de Huapacal (Chiapas), el magistrado los desautorizó “por ser familiares” de Vicente: Belisario y Lorenzo Pérez Pérez, y Andrés Pérez Torres. (Ver los argumentos de la defensa y de la junta de buen gobierno zapatista de la zona norte en La Jornada, 21 y 27 de marzo).

Esta “cátedra” de justicia a la mexicana, que ya despertó el interés de Amnistía Internacional, el relator de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, fue rematada en 2001 por el gobernador interino de Tabasco, Enrique Priego, quien interrogado sobre el asunto dijo, según recuerda Ángel: “en este estado no hay indígenas, y menos zapatistas”.

Más allá del racismo y la ignorancia que revelaba, con tal frase canceló la posibilidad de trasladarlos a un penal de Chiapas, donde el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía hubiera podido corregir la injusticia. Pero éste no mostró interés. Se sabe, incluso, que notificó a su contraparte tabasqueña que en los centros de readapatación social de Chiapas “no había cupo”.

La reciente participación de don Ángel y don Francisco en la huelga de hambre y ayuno en tres cárceles de Chiapas, aunque limitada por su estado de salud, volvió a llamar la atención sobre el caso. Además, la parroquia de Tila envió una carta al gobernador Andrés Granier Melo en favor de los indígenas. Granier al fin se dio por enterado y el 7 de abril envió a esta cárcel a Carlos Cabrera Zetina, funcionario de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, para decir a los presos que el Tribunal Superior de Justicia podría liberarlos “si pedían perdón al gobernador”.

Ángel, con diabetes descontrolada desde hace cuatro años (el gobierno municipal de Tacotalpa no le compra sus medicamentos desde hace tres años ni le da atención médica), con su padre que padece insuficiencia renal al lado, dice algo que suena conocido:

“¿De qué vamos a pedir perdón?” Y agrega: “Es el gobierno de Tabasco el que debe pedir disculpas al pueblo de Chiapas por encarcelar sin motivo a sus indígenas”. Recalca: “No a mí ni a mi papá, sino al pueblo de Chiapas”.

El gobernador Juan Sabines Guerrero tampoco ha actuado. Más allá de un par de recientes dichos en privado (uno ante la Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos y otro ante abogados del Frayba), ofreciéndose a gestionar el traslado de don Ángel y don Francisco a su entidad de origen, no ha hecho nada.

Para los dos campesinos choles la vida no se ha detenido. Las recientes inundaciones de Tabasco afectaron también el inmueble, y los reclusos tuvieron que ser trasladados al piso superior, en casi completo abandono durante cuatro días. Pero aún con la perspectiva de otros 14 años en esta cárcel municipal, Ángel, padre de ocho hijos (los mayores, casados; el menor, de dos años y tres meses) asienta: “No nos damos por vencidos. Somos inocentes y vamos a luchar por nuestra libertad hasta el último día”.