■ Con ayuno, legisladores presionarán en demanda de diálogo sobre política petrolera

Chuchistas emprenderán un movimiento de resistencia paralelo al de AMLO

Alma E. Muñoz

En abierta oposición al plan de resistencia civil pacífica que encabeza Andrés Manuel López Obrador contra la privatización del petróleo, tanto en el Congreso de la Unión como en las calles, el Consejo Nacional del PRD, realizado únicamente con consejeros de Nueva Izquierda, Alternativa Democrática Nacional y algunos de Foro Nuevo Sol, decidió ayer realizar un movimiento paralelo de lucha, que incluirá ayuno de senadores y diputados federales en el patio del Senado, con lo cual buscarán retomar el trabajo legislativo, suspendido el jueves pasado.

Graco Ramírez manifestó que es necesario el ayuno –parte de una serie de propuestas de los coordinadores parlamentarios Carlos Navarrete y Javier González Garza, aprobadas de manera unánime– para exigir diálogo al gobierno calderonista sobre política petrolera, “diferenciándonos de las acciones que truenan y destruyen el camino de la construcción de acuerdos para lograr un verdadero debate nacional”, y cuestionó que mediante llamadas a teléfonos celulares López Obrador diera la orden de tomar las tribunas de las cámaras de Diputados y de Senadores, y de la misma manera instruyera el inicio del cerco ciudadano al recinto de Xicoténcatl.

“No se discutieron argumentos y estábamos a punto de sacar el acuerdo que nos pidió el propio López Obrador en el Senado”, refiriéndose a la realización de un debate nacional sobre la situación de la industria petrolera para argumentar por qué están en contra de las iniciativas de Felipe Calderón para permitir la inversión extranjera en ciertos rubros.

“Y él dijo: ‘si ustedes logran que no haya albazo y sí debate nacional suspendo los actos de resistencia civil’, pero a punto de conseguirlo se ordenó tomar la tribuna.”

“Pero nosotros –indicó el senador– vamos a recuperar nuestra capacidad de construir acuerdos, a recuperar nuestra diferenciación, porque no somos traidores quienes no acatamos órdenes telefónicas para hacer acciones.” Pidió que se reconozca la importancia del Consejo Nacional como máxima instancia de decisión del partido, y respeto a la autonomía de los grupos legislativos.

Más tarde, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, aseveró que la diferencia de luchas estriba en las tácticas y en la negativa a que las acciones de resistencia civil “nos lleven al desgaste y el aislamiento”. Acumulando fuerzas, aseguró, “lograremos derrotar la iniciativa de la derecha, no colocando una gigantesca manta arriba de la tribuna de la Cámara de Diputados”.

Pidió hacer caso a las encuestas que algunos medios de información publicaron contra las acciones de resistencia civil pacífica, y una telefónica, distribuida ayer entre los consejeros, realizada por la Unidad de Estudios Estratégicos –sin más definiciones–, en la cual se establece que 60.5 por ciento de 512 personas mayores de 18 años y de 58 ciudades desaprueban la toma de la tribuna de ambas cámaras, y 57.1 por ciento consideran que esos actos perjudican a López Obrador; 60.7, al PRD, y 41.3 a Felipe Calderón.

Además, 62.4 por ciento está en favor de que PRI, PAN y PRD alcancen un acuerdo para aprobar un debate nacional que dure de mayo a septiembre, tal como busca Nueva Izquierda. Finalmente, que 77.5 por ciento aprueba que se realice el diálogo nacional si la condición es que López Obrador y sus seguidores no realicen bloqueos ni plantones.

Al comienzo de la reanudación del noveno pleno extraordinario del sexto Consejo Nacional, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, se quejó de que la decisión de tomar la tribuna se asumiera al margen de la fracción legislativa, por un grupo de senadores “de manera unilateral”, para iniciar la resistencia civil, y cuestionó que por ello no se concretaran los tiempos para el debate.

Indicó que el debate “ayuda a la causa para defender el petróleo. Nos hace acumular fuerza en la opinión pública, permite que muchas voces se expresen. Permite que intelectuales, técnicos, especialistas y líderes de opinión, pero sobre todo millones de mexicanos, se enteren de nuestras razones, de nuestros argumentos, de nuestras propuestas, de por qué no queremos aceptar la iniciativa de Calderón como llegó”.

El debate, resaltó, “da paso a la razón, a los argumentos, al peso moral y político. Nos ayuda. Pero el no debate ayuda a Calderón y al PAN”. La acción emprendida por los legisladores del Frente Amplio Progresista, continuó el senador, “es un mensaje equivocado y da la impresión pública de que queremos interrumpir las sesiones del Congreso, que pretendemos secuestrarlo para que no haya fast track, para que no haya madruguete legislativo y se aprueben las iniciativas de Calderón”.

Declaró que la propuesta elaborada con el diputado González Garza iba a servir para llamar a todo el perredismo a ponerse de pie y que el Consejo Nacional fuera reconocido como la máxima instancia de dirección del PRD, “porque creemos que el partido tiene fortalezas, militantes, dirigentes intermedios, diputados locales, ediles, líderes sociales, militancia abnegada y enérgica que pueden acompañar a sus senadores y diputados”.

Los consejeros perredistas –que no llegaban a 100– acordaron que las cinco iniciativas de Calderón constituyen “un grave atentado contra la Constitución y un agravio contra el patrimonio nacional”. Además, demandar a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión un debate nacional sobre Petróleos Mexicanos, abierto a todas las voces, transmitido por el canal del Congreso y ampliamente difundido por los medios de información en tiempos oficiales.

Asimismo, sumar el ayuno de legisladores –al cual fueron sumados los consejeros nacionales– para demandar ese debate; al Comité Ejecutivo Nacional, y a las direcciones estatales y municipales del partido, respaldar las acciones acordadas y mantener la unidad del FAP.

En entrevista, el líder de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, reiteró su rechazo a la toma de carreteras y otro tipo de acciones de resistencia civil pacífica que puedan afectar los derechos de terceros.