México SA
■ Propuesta salino-zedillista para entregar a particulares actividades reservadas al Estado
Que con la “reforma” calderonista no se privatiza nada y que quien lo diga no sólo es un mentiroso, sino un enemigo de la nación (dixit de cualquiera de los funcionarios, legisladores y jilgueros a favor de la embestida privatizadora).
Tan sólido es el comentario que al revisar la propuesta del inquilino de Los Pinos para modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo por todas partes aparece el beneplácito calderonista para que el capital privado le clave el colmillo a la industria petrolera (en caso de que diputados y senadores obsequien el incondicional sí a la propuesta del michoacano).
Así, por cortesía del doctor Víctor Rodríguez Padilla (investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, especialista en temas energéticos y ex asesor del Senado de la República en esos menesteres) y del maestro José Luis Apodaca Villarreal (ex gerente general divisional de la CFE y ex asesor en el Congreso en el mismo tema) va un paseo (el primero hizo el análisis y el segundo lo envió a México SA) por las modificaciones “antiprivatizadoras” propuestas por el inquilino de Los Pinos en la citada iniciativa:
El sector privado podrá realizar el transporte y el almacenamiento de gas entre los pozos y las plantas de gas; el sector privado podrá realizar el transporte, almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo y del gas natural; el sector privado podrá realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, productos petroleros y petroquímicos básicos.
Pemex y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo, con lo que crea la figura (como en la generación eléctrica) de “productores independientes de refinados”.
El sector privado podrá construir, operar y ser propietario de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan. En el artículo cuarto se propone que la refinación se considere un servicio que puede prestar el sector privado, pero en el artículo tercero se le considera una explotación reservada a la nación. Se permiten refinerías, tanques y ductos privados.
El gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, se sujetará a las disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribución de gas. Se le da el mismo tratamiento a las distintas explotaciones de gas (asociado, no asociado al petróleo, asociado a mantos de carbón y metano de procesos químicos).
El sector privado podrá explorar y desarrollar los yacimientos transfronterizos contratado por Pemex. Ahora se explican las cuatro plataformas contratadas por la paraestatal. Se les darán a las compañías privadas. “Realizar los actos” –como establece la nueva redacción del artículo cuarto A– significa contratar a un privado.
En exploración y explotación petrolera: la propuesta no prohíbe que Pemex divida las asignaciones en bloques para repartir a las compañías, como se hizo con los contratos de servicios múltiples (cuenca de Burgos), de tal suerte que la Sener no podrá negarle a la paraestatal las asignaciones que le solicite. Esto significa que el sector privado podrá realizar actividades de exploración y desarrollo y por lo mismo producir hidrocarburos. Aquí están implícitos los contratos de riesgo.
Se prohíben dos formas de adquirir propiedad sobre los hidrocarburos, pero no se prohíben todas las demás. Por ejemplo, indexar el pago a las reservas descubiertas como propone el diputado priísta Eduardo Cervantes Andrade. En ese caso se generarían derechos de propiedad sobre los hidrocarburos en el subsuelo, es decir sobre los yacimientos. La posibilidad de comprometer las reservas se deja abierta en la ley y eso sí que interesará a las trasnacionales.
Los yacimientos transfronterizos también recibirán ese tratamiento: podrán ser explorados y desarrollados por un privado contratado por Pemex, y a cambio recibirán un pago en efectivo ligado a las reservas exploradas y descubiertas; la producción será entregada a la paraestatal para su comercialización (la venta de primera mano de crudo y gas es la única actividad exclusiva que Pemex conserva); sin embargo, la venta podría llevarla a cabo el privado del otro lado de la frontera de acuerdo con el esquema de unitización previsto en el tratado.
En la redacción del artículo séptimo desaparece la palabra “terrenos” y se remplaza por “áreas” para incluir zonas marinas (léase el “tesoro”).
El artículo décimo propone apertura total en oleoductos y poliductos, y obliga a Pemex a brindar servicios al sector privado. Los privados ya no están al servicio de la paraestatal, sino al revés. Se “fortalece” a Pemex creando Pemex privados (excepto en las ventas de primera mano).
Más adelante, queda claro que prácticamente todas las actividades de la industria petrolera quedan abiertas a través de permisos (los cuales también se aplican a Pemex); además, se desregula y liberaliza toda la cadena del petróleo y gas natural corriente abajo, con excepción de las ventas de primera mano.
No establece restricciones a la integración vertical, por lo que podrán existir Pemex privados, es decir, empresas cuasi verticalmente integradas desde la exploración hasta la venta al consumidor final; la venta de crudo, así como la venta de primera mano de gas, petrolíferos y petroquímicos básicos queda reservada a Pemex. Todo lo demás está abierto ya sea mediante contrato o permisos; Pemex entregará la producción de gas, refinados y petroquímicos básicos al sector privado mediante contratos de abastecimiento.
En resumen, prácticamente todo lo que se propone en la iniciativa es inconstitucional combinando el “método Salinas” (productores independientes) y el “método Zedillo” (sacando actividades de lo que se considera industria petrolera y por lo tanto reservado a la nación).
Las rebanadas del pastel
Queda claro, pues, que lo de la privatización es una mentira.