■ Un interrogatorio “especulativo” al que fue sometida posibilita que sea incriminada

Lucía Morett, indefensa jurídicamente; si regresa a México podrá ser detenida

■ La PGR no aclaró si hay una acusación, explica su abogado

■ Cuestionario hostil y prejuicioso

Blanche Petrich

El temor de que la Procuraduría General de la República (PGR) se prepara para ejercer acción penal en su contra en cuanto regrese a México fue confirmado por Lucía Morett y sus representantes legales, a raíz del interrogatorio que se le aplicó el martes y el miércoles pasados, en cumplimiento de un acuerdo bilateral de cooperación para la investigación criminal.

En opinión del abogado Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), el cuestionario al que fue sometida entre el 8 y el 9 de abril en el Hospital Militar de Quito “contiene un enfoque especulativo que deja abierta la puerta para que la estudiante sea incriminada al llegar a México”.

Advirtió: “No lo vamos a permitir, vamos a protestar el procedimiento de la PGR, ya que, al no aclarar si hay una acusación contra Lucía Morett, la deja jurídicamente indefensa. Vamos a exigir que se defina su situación jurídica ante el Ministerio Público para que ella pueda ejercer su derecho a la defensa”.

Entre tanto, Jorge Morett dijo que el retorno de su hija a México queda en suspenso. Mientras se aclara el panorama legal, la familia Morett Álvarez estudia la posibilidad de que Lucía solicite la protección de un tercer país, donde eventualmente pueda pedir asilo.

Los pasaportes, en Bogotá

La sospecha de la familia Morett y los deudos de los cuatro muchachos que murieron en el mismo operativo del ejército colombiano –Verónica Velásquez, Soren Avilés, Fernando Franco y Juan González– de que el gobierno de Colombia tiene en su poder los pasaportes de los mexicanos que estuvieron en el campamento destruido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se confirmó en el curso del interrogatorio, explicó Jorge Morett.

“Una de las preguntas que le hicieron a mi hija fue sobre el motivo de sus viajes a Cuba y Holanda. En efecto, ella había ido a esos dos países el año pasado y los sellos de estos viajes estaban en su pasaporte. ¿Por qué, si el gobierno mexicano tiene esa información, no nos ha devuelto sus documentos?”

El gobierno ecuatoriano está obligado a dar cauce a la solicitud de la PGR de interrogar a Lucía al amparo del tratado bilateral de investigaciones criminales. Los asesores aceptaron la diligencia “porque –explicó Parra– con México no hay ninguna querella ni fricción.”

En cambio, no permitirán que Colombia la interrogue, porque el mismo acuerdo exige reciprocidad. De darse el caso, la Aldhu demandará que los perpetradores de la masacre de Sucumbíos sean identificados por el gobierno colombiano, detenidos y presentados para que los abogados de la organización puedan cuestionarlos en los mismos términos en los que se pretende inquirir a la mexicana.

Preguntas para “terrorista”

El cuestionario enviado por la PGR a la Fiscalía Nacional de Ecuador preguntó directamente a Lucía sobre qué tipo de asociación la liga con las FARC, si portó armas en el campamento, quién le pagó el viaje, si ella condujo al grupo de estudiantes que murió, si conocía al comandante Raúl Reyes y de qué temas habló con él, si había llevado encargos del guerrillero al campamento. Le exigieron nombres de sus “contactos” y de la gente con la que habló en ese lugar.

Le preguntaron si había visto armas. Ella respondió que sí, que muchas, “las de los militares colombianos, que me apuntaron con ellas”.

Parra señaló que la autoridad mexicana en ningún momento asumió, durante la diligencia, “una acción protectora de los derechos de su connacional como víctima de un suceso ilegal de guerra de un ejército extranjero. Por el contrario, sufrió una conducta hostil, prejuiciada y especulativa”.

Aunque al menos oficialmente Lucía no figura en la averiguación previa de la PGR como “indiciada”, al representante legal de la sobreviviente le preocupa que el interrogatorio distó de indagar sobre la verdad histórica de los hechos ocurridos en la frontera ecuatoriana y, en cambio, “se orientó a investigar sobre un probable delito cometido por la interrogada, previo a su viaje a Ecuador y perseguible en México”.

Opinó que el “procedimiento irregular de la PGR tiene la intención de disminuir el valor de un testimonial” de Lucía Morett en el juicio internacional que la Aldhu prepara contra Colombia por “actos de guerra ilegales” y terrorismo.

“Vamos a protestar. Si la PGR tiene elementos de juicio para iniciar un proceso en su contra, que lo inicie. Y si no, que no especule. Vamos a forzarlos a que abran sus cartas para que Lucía pueda ejercer su derecho a la defensa”, comentó.

Por esta circunstancia, Parra, como abogado de Lucía, “se inhibió de recomendar” que la sobreviviente emprenda el viaje de regreso a México, “porque aún no se sabe qué quiere y qué pretende” la PGR.