Chiapas: justicia para la reconciliación social
Durante la última visita a Chiapas de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en abril de 1997, ésta visitó el penal de Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez para escuchar testimonios y quejas de indígenas cuyos familiares habían sido heridos y asesinados, y que, en el colmo del cinismo gubernamental, habían sido culpados injustamente de los ilícitos que habían sufrido en carne propia durante la bárbara acción criminal en contra de simpatizantes y bases de apoyo zapatistas de la comunidad de San Pedro Nichtalacum, municipio de El Bosque. Desde entonces, y aun desde antes, las injusticias en la procuración y administración de justicia ya eran parte de la cotidianeidad chiapaneca.
Durante las semanas pasadas, un grupo de presos en distintos penales de Chiapas, apoyados por organizaciones de la sociedad civil, realizaron una huelga de hambre, reclamando su libertad. El movimiento de las personas injustamente aprehendidas en Chiapas no habría tenido el desenlace que tuvo, si no hubieran coincidido factores, como la justeza de las demandas, la sociedad civil y la respuesta atingente de los tres poderes en el estado. Sin alguno de estos elementos los resultados hubieran sido diferentes.
Las solicitudes de las organizaciones sociales y civiles chiapanecas para revisar los expedientes de personas con procesos penales permitió conocer vicios y conductas de servidores públicos ajenas al derecho, la razón y la ética. Personas procesadas a solicitud de denuncias anónimas, testimonios falsos o prefabricados, invención de delitos, falsificación de pruebas y múltiples irregularidades caracterizaban los expedientes de quienes reclamaban estar presos por un delito que no cometieron.
Enfrentar una situación de esta naturaleza no era ni será fácil para ningún gobierno, pero atreverse a revisar los casos denunciados y reconocer el carácter estructural de un problema de esta naturaleza no es un hecho menor, ni una acción que deba ser desestimada.
De inmediato, ante el reclamo de los presos en huelga de hambre, surgieron voces acusando al gobierno de Chiapas de pretender poner en libertad a supuestos delincuentes y asesinos, con el claro propósito de inhibir cualquier iniciativa en favor de las personas injustamente presas. La respuesta coordinada del ejecutivo estatal, del Congreso y del Poder Judicial permitió crear medidas de carácter jurídico para revisar no sólo el de las personas en huelga, sino de muchos otros injustamente presos o presas. Así, se creó la mesa de reconciliación para las organizaciones sociales de Chiapas, cuyo trabajo de revisión de expedientes y reposición de procedimientos en algunos casos permitió instrumentar medidas jurídicas que permitieron obtener la libertad de 145 personas injustamente detenidas en 11 penales del estado, las cuales se suman a las 91 personas liberadas por razones similares el año pasado. Existen casos pendientes en que el gobierno del estado se comprometió a revisar de nueva cuenta expedientes o reponer el procedimiento.
La solución en los casos revisados debe ser un paso en la consolidación de un nuevo sistema de justicia, construido por las representaciones institucionales y las organizaciones sociales, civiles, empresariales y de profesionistas. El actual gobierno ha realizado modificaciones legales importantes para avanzar hacia un mejor sistema en la procuración, impartición y administración de justicia, pero la deuda histórica tiene raíces profundas y causas multifactoriales.
Lo que pase o deje de pasar en Chiapas tiene repercusiones locales y nacionales, pues el estado se ha convertido en referente nacional. Hoy Chiapas sigue siendo de los estados con los más bajos índices de desarrollo humano, pero tiene infraestructura y bases para el desarrollo, con las que no contaba antes del levantamiento armado. Gracias al EZLN, al empuje de la sociedad chiapaneca y la solidaridad nacional, lo que sucede en Chiapas lo revisa escrupulosamente la sociedad civil nacional e internacional. Es lamentable que en reciprocidad, el EZLN no haya encontrado en las instituciones del Estado mexicano, la respuesta a su justo reclamo en materia de los derechos y cultura indígenas ni en los temas de agenda pendiente pactada durante los diálogos de San Andrés Larráinzar.
El tema de justicia como reclamo original del levantamiento armado puede ser el lugar de encuentro del gobierno, la sociedad civil y los pueblos indígenas para avanzar en lo que debería ser la atención a una de las principales causas del zapatismo. Tras la liberación de las personas injustamente detenidas sigue una gran consulta en el estado para realizar cambios estructurales en materia de justicia en la que participen organismos de la sociedad y organizaciones defensoras de derechos humanos que desde posiciones independientes se han constituido en baluartes en la lucha por el respeto a los derechos de los más humildes en Chiapas. Mucho se ha avanzado, pero falta mucho camino por recorrer.
La solidez, experiencia y honestidad de las organizaciones de la sociedad civil chiapaneca, la genuina preocupación social de los obispos de la Diócesis de San Cristóbal, el papel de don Samuel Ruiz y la voluntad política expresada en hechos por el gobierno de Juan Sabines son factores para avanzar en la reconciliación social, la cual pasa por la construcción de un nuevo sistema de justicia, diseñado y concebido por todos los chiapanecos.