■ Revela que sólo se denuncia uno de cada 100 delitos que se cometen en la República
Admite el gobierno su fracaso en materia de procuración de justicia
■ Asume que la sociedad percibe que las leyes están al servicio de los poderosos
Ampliar la imagen
Agentes de Culiacán, Sinaloa, localizaron el cadáver de Eliborio Beltrán, quien fue reportado como desaparecido el pasado lunes. El cuerpo tenía evidencias de haber sido torturado
Foto: Notimex
Sólo uno de cada 100 delitos se denuncia y apenas tres de cada 100 averiguaciones previas que inicia el Ministerio Público se convierten en sentencias para los responsables (aunque ello no significa que sean condenatorias), reveló José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, al participar en el foro La reforma constitucional en materia penal, que organizó el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
El funcionario reveló parte de los diagnósticos que el gobierno federal elaboró para lograr que el Congreso de la Unión aprobara en marzo pasado la también llamada reforma de seguridad y justicia penal, y aseguró que “el objetivo de esta reforma es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, independientemente dónde se encuentren o de su situación jurídica, con el propósito de minar sus estructuras financieras, lo que permitirá una mayor eficacia en el combate al crimen organizado”.
Lo anterior, tras mencionar que durante la discusión entre legisladores antes de aprobar las reformas en materia penal, detectaron que “existe una crisis en la seguridad pública que amenaza al Estado mexicano en su conjunto, en particular aquella generada por la delincuencia orga- nizada, ya que se carece de una indispensable coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno para enfrentar el problema de la seguridad pública y para mejorar el funcionamiento de la justicia penal”.
Santiago Vasconcelos explicó ante abogados y estudiosos del derecho que “existe una enorme ineficiencia en el sistema”, y que la llamada Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana documenta que apenas uno de cada 100 delitos se denuncia a las autoridades, debido a la percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a la ineficacia de las autoridades.
Expuso que existe una gran desconfianza de los ciudadanos, por ello es que únicamente “10 por ciento cree que cada día se vive más seguro en México”, mientras que 59 por ciento de la población considera que en nuestro país “las leyes se utilizan para defender a gente poderosa”, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura.
En ese contexto, refirió que 70 por ciento de la población “se encuentra preocupada todo el tiempo de poder ser víctima de un delito con violencia, y que 39 por ciento ha sido víctima de un delito en los pasados 12 meses”.