■ El gobernador les advirtió que las cosas no caen del cielo ni se logran por decreto

Eduardo Bours exige ante la Conago más fondos para concretar la reforma jurídica

■ Las demandas del priísta ocasionaron una dura respuesta de Felipe Borrego y Ulises Ramírez

Alfredo Méndez

En lo que fue la primera mesa de análisis que realiza la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sobre la reforma en materia de seguridad y justicia penal, el coordinador de la comisión de seguridad pública de esa agrupación, Eduardo Bours, advirtió ante representantes de 27 entidades de la República que si no se aprueba una legislación secundaria que “aterrice” las aplicaciones de estos cambios constitucionales en todos los códigos penales del país, llegará a los estados una “bomba con la mecha encendida”.

El gobernador de Sonora planteó además ante legisladores congregados en un hotel de la ciudad de México que de nada servirá asignar nuevas responsabilidades a los agentes del Ministerio Público, policías investigadores, jueces y abogados litigantes, si no se dispone de mayores recursos económicos para ello. “Las cosas no caen del cielo ni por decreto”, puntualizó Eduardo Bours.

Inclusive, el mandatario estatal aseguró que si no se asignan los recursos suficientes para concretar la reforma, se corre el riesgo de impactar negativamente los índices de seguridad ciudadana.

Este condicionamiento presupuestal planteado por la Conago no gustó a los diputados y senadores presentes en la mesa de trabajo, entre ellos los panistas Felipe Borrego y Ulises Ramírez, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, respectivamente.

Tanto Borrego como Ramírez contestaron a Bours que estará garantizado el incremento presupuestal una vez que entren en vigor las reformas calderonistas que plantean hacer constitucional los arraigos y permitir cateos sin orden judicial.

No obstante, los legisladores apuntaron –frente a procuradores y secretarios de seguridad pública de diversas entidades, entre ellos el flamante procurador mexiquense, Alberto Bazbaz– que el problema de la seguridad y la justicia penal en México no es un tema que sólo vaya a superarse con más dinero, pues requiere de la colaboración absoluta de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad.

Quien no entró al debate sobre la necesidad de asignar mayor presupuesto para estas materias fue el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora. El funcionario se limitó a leer un discurso que llevaba preparado en el que hizo una férrea defensa de la reforma penal presentada por su jefe, el presidente Felipe Calderón, y la cual calificó como “democrática y necesaria”.

En su mensaje, Medina Mora informó que se trabaja en el manual sobre las reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública, a fin de que contenga los lineamientos de la ley secundaria del nuevo texto constitucional.

Antes de concluir la mesa de trabajo, el gobernador de Sonora también pidió a los legisladores federales tomar las debidas precauciones para que no pase con la reforma de seguridad y justicia penal lo mismo que está ocurriendo con la ley de justicia para adolescentes, que se encuentra en periodo de discusión, pues, dijo, presenta muchas dificultades en su puesta en marcha.

Entre los acuerdos a los que se llegó en la mesa de ayer destaca la instalación de un grupo de trabajo dentro de la Conago en el que se analizarán detalladamente las aplicaciones de esta reforma.