■ El monitoreo de anuncios de partidos requiere más fondos, indica
Valdés dice que está “justificada” la petición de más dinero para el IFE
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, dijo que este organismo es el único facultado para administrar los tiempos oficiales en radio y televisión que, como prerrogativas, corresponden a los partidos políticos; de ahí que, pese a la necesidad de obtener más recursos, ninguna coordinación o instancia ajena al organismo debe intervenir en esta tarea.
Representantes del IFE y de la Secretaría de Hacienda empezaron a negociar el martes pasado el aumento presupuestal solicitado por el árbitro electoral: mil 400 millones de pesos que serían usados, fundamentalmente, para la compra de tecnología que le permita monitorear los mensajes de partidos políticos en todo el país dentro de los llamados tiempos oficiales.
“Nuestra interpretación de este mandato de ley es que no podemos firmar convenios con otras instituciones para que, mediante ellas, se ejerzan nuestras facultades. Tampoco podemos concesionarlas a particulares o dejar en manos de empresas privadas la realización de actividades que, en términos de ley, son tan delicadas”, advirtió Valdés.
En entrevista, informó que plantearon ante los funcionarios de Hacienda un procedimiento de “reducción técnica” del contenido de la propuesta y que se espera una respuesta de la dependencia en dos o tres semanas.
Por lo pronto, el instituto electoral ratificó el acuerdo tomado el pasado 31 de marzo respecto al compromiso de realizar ahorros de los recursos actualmente disponibles.
Valdés admitió que la partida más importante de la pretendida ampliación es el presupuesto que corresponderá a las compras de equipo para monitoreo, valuado en unos mil millones de pesos.
Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la demanda presentada por el PRD en contra del acuerdo del IFE mediante el cual se aprobó el reglamento en materia de propaganda institucional y político-electoral de los servidores públicos.
La magistrada ponente, María del Carmen Alanís, expuso que el PRD presentó de manera extemporánea el medio de impugnación. El partido tuvo conocimiento de este asunto el 12 de marzo y tenía hasta el 18 de ese mes para impugnar, pero lo hizo seis días naturales después.