■ Exigen justicia para campesino asesinado; llevan cadáver a la plaza

Se agrava conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán

■ Un funcionario estatal responsabiliza a la víctima y revienta reunión

■ Indígenas amenazan con buscar a los homicidas; despliegue policiaco

Elio Henríquez, Ángeles Mariscal y Matilde Pérez (Corresponsales y reportera)

El municipio de Chenalhó, Chiapas, vive horas de tensión e incertidumbre en espera de que se resuelva el conflicto con su vecina Chalchihuitán, con la cual disputa 885 hectáreas. Al cierre de esta edición, cientos de indígenas de Chenalhó velaban en el parque central de la cabecera municipal a Antonio Jiménez Ruiz, asesinado el lunes por pobladores de Chalchihuitán.

En la ciudad de México, el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, sostuvo que la dependencia se ofreció de intermediaria, pero los indígenas rechazaron la propuesta y el caso continúa en los tribunales agrarios.

En Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, habitantes de Chenalhó citados por el gobierno estatal advirtieron a las autoridades agrarias y de la entidad que están dispuestos a hacerse justicia por propia mano si no se pone fin al problema de límites.

En tanto, cientos de policías estatales se desplegaron en los dos municipios, ambos gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, para prevenir enfrentamientos. Cientos de pobladores permanecen a la expectativa.

A las 18 horas de este martes, el ex alcalde Antonio Pérez Arias leyó en Chenalhó un documento en el cual habitantes de ese municipio afirman que, “por acuerdo común”, el difunto no será sepultado “hasta que se logre la justicia que estamos solicitando”. Asimismo, culparon del homicidio a las autoridades constitucionales, tradicionales y de bienes comunales de Chalchihuitán.

Igualmente, se exigió al gobierno de Chiapas una investigación minuciosa del “cobarde asesinato” de Jiménez Ruiz, quien dejó una viuda y cinco niños huérfanos.

En el documento, dirigido al gobernador Juan Sabines Guerrero, se demandó a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que “reconozca y corrija en definitiva el error que cometió hace 34 años al entregar parte de nuestro territorio a Chalchihuitán”.

El lunes por la mañana el tzotzil Antonio Jiménez fue asesinado de un machetazo en la nuca en el predio Yaxteal. El cadáver fue rescatado esa tarde y trasladado a la cabecera municipal de Chenalhó. En la madrugada del martes fue colocado en un ataúd e introducido en una ambulancia, que permanece estacionada en el parque central.

A las 19 horas el cajón fue sacado de la ambulancia y colocado en el kiosco del parque, en protesta porque no se ha aprehendido al homicida, aunque ya hay dos presuntos copartícipes detenidos, Uno de ellos es el padre de Domingo Pérez Luna, alcalde de Chalchihuitán.

Minutos después llegó con sus cinco hijos (dos de ellos con fiebre y tos) la viuda, Angelina Jiménez, quien pidió castigo para los homicidas.

También demandó solucionar el conflicto de límites que enfrenta a los dos pueblos tzotziles, y que la indemnicen, pues no tiene cómo mantener a su familia. La mujer y sus hijos viajaron desde su comunidad, Majomut, para ver al fallecido.

Mientras cientos de habitantes de las 85 comunidades de Chenalhó velaban a Jiménez Ruiz, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Enrique Ruiz Ruiz se reunieron en Tuxtla Gutiérrez con funcionarios del gobierno de Chiapas, en respuesta a una invitación de la Secretaría de Gobierno estatal.

Los indígenas fueron recibidos por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Eddie Cruz Manssur, quien los acusó de “provocar” a sus vecinos al trabajar en terrenos que están en disputa. “No cabe la justicia por mano propia. Deben esperar la resolución del Tribunal Unitario Agrario”, les dijo.

Ante la actitud de Cruz Manssur, la comisión abandonó la reunión. El secretario de bienes comunales de San Pedro Chenalhó, Andrés Ruiz Arias, advirtió que el cadáver sería llevado a Tuxtla si “no dan solución a nuestro problema” a más tardar a las 8 de la mañana de este miércoles.

“El pueblo (de Chenalhó) está molesto y dispuesto a todo. Nosotros tenemos identificados a 12 agresores. Son de Balunacó. Desde ayer el pueblo quería ir a detener a los asesinos. Nosotros apaciguamos a la gente, pero quieren justicia.

“Pedimos que nos reconozcan las 885 hectáreas, según nuestros títulos de 1850. Ya no esperaremos más. Estamos dispuestos a ir a tomar la tierra porque ya esperamos 30 años y la justicia no actúa”, dijo.

“Estamos esperando la sentencia del Tribunal Agrario, pero le vamos a fincar directamente la responsabilidad a la Secretaría de la Reforma Agraria”, comentó Andrés Ruiz.