■ Fueron orillados a firmar que no regresarían a su comunidad
Por amenazas, los 12 tzeltales liberados perderán sus tierras
■ Los paramilitares quieren quedarse con las 151 hectáreas, denuncian
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 8 de abril. La libertad salió muy cara a los 12 tzeltales del ejido Busiljá (municipio de Ocosingo) excarcelados del Centro de Readaptación Social (Cereso) 17 de Playas de Catazajá la semana pasada, tras una huelga de hambre que realizaron con otras tres decenas de reclusos en los penales de Cintalapa y San Cristóbal de las Casas. Todo indica que perderán sus tierras, pues el gobierno estatal no garantiza su seguridad ante las amenazas de los miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) que, tras asesinar a uno de su propio grupo, los hicieron caer presos.
Aunque el gobierno reconoció su inocencia (los acusaban de “secuestro”), condicionó su liberación. Tavita Sánchez Gómez, vocera del grupo de ex presos y hoy desplazados, revela que el licenciado Juan Jesús Mora y Mora, coordinador de los Cereso en el estado, “los hizo firmar en un documento que por ningún motivo podían regresar, porque la gente de Busiljá son paramilitares de la Opddic, que dijeron que si regresábamos iban hacer ‘justicia’ por su propia cuenta”.
La mujer, quien firmó ese “acuerdo” como testigo, demanda “que el gobierno haga justicia, porque no es posible que los delincuentes de la Opddic, sobre todo el ex diputado Pedro Chulín Jiménez, estén libres, mientras otros inocentes, como los compañeros que siguen encerrados en El Amate y Los Llanos, sean acusados por delitos graves que no cometieron”.
Agrega: “Los paramilitares se quieren quedar con las 151 hectáreas que tenemos en el ejido. Y como el gobierno nos condicionó que iba a liberar a los compañeros con tal de que ya no regresáramos a nuestra tierra, lo tuvimos que aceptar a la fuerza, porque lo que quiere mi familia primero es su libertad”.
El secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, lo expresó ayer más eufemísticamente: “El respeto a la legalidad es y seguirá siendo una de las bases fundamentales para la sana convivencia en la entidad”. Esto, según un boletín de la dependencia, “al hacer un llamado a las personas liberadas de no trasladarse a sus comunidades de origen en tanto no existan las condiciones necesarias”.
Ante la “presunta amenaza” de que los indígenas de Busiljá “realizarían agresiones” contra los liberados, Morales Messner pidió “mantener la calma y no acudir a su comunidad”. La Secretaría de Gobierno “realiza acciones de acercamiento para que mediante el diálogo se solucione este problema, pero solicito no propiciar actos que vulneren la ley”. El mismo boletín asienta: “El encargado de la política interna de Chiapas dijo que nadie puede hacer justicia por su propia mano, caso contrario se aplicará la ley a quien la infrinja. Resaltó que la liberación de más de cien presos demostró la plena voluntad del gobierno de hacer justicia a quienes permanecían en las cárceles por delitos que no cometieron”.
El 2 de abril, el gobierno publicitó una “deserción” en la Oppdic, tras el deslinde light en busca de impunidad de algunos militantes, en Nazaret (Ocosingo). Carlos Moreno Hernández, dirigente de la organización, anunció una “Opddic Independiente”, sin omitir reconocer a su fundador y “líder moral” como “compañero de lucha”, en una asamblea efectuada el 28 de marzo por unos 200 indígenas (el gobierno contó “mil”), teniendo como testigo al subdelegado de Gobierno, Germán de la Rosa. De acuerdo con grabaciones de reporteros locales, Moreno Hernández sostuvo que Chulín “no es nuestro enemigo”, pero por los acuerdos tomados con el gobierno “él se ha separado”. Aunque en sentido estricto, los separados serían los “desertores”.