■ La reforma del Ejecutivo incluye los llamados contratos ampliados

Propuesta oficial de abrir Pemex al capital privado

■ Empresas extranjeras podrán participar en tareas de exploración, explotación y refinación

■ Ante controversias, jurisdicción de tribunales internacionales

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La reforma energética que el presidente Felipe Calderón envió ayer al Senado de la República abre Petróleos Mexicanos (Pemex ) al capital privado a través de los llamados contratos ampliados, figura que permitirá a empresas extranjeras participar en la exploración, explotación, refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

La reforma contempla también que Pemex se compromete a someterse a la jurisdicción de tribunales internacionales ante cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de contratos.

Es una forma muy similar a la que se utilizó en el sexenio foxista para privatizar la explotación de gas, por medio de los llamados contratos de servicios múltiples (CSM), sólo que ahora tienen otro nombre y van encaminados sobre todo a trabajos en aguas profundas.

Las modificaciones a cinco leyes que propone Calderón avanzan hacia ese fin, aunque en la exposición de motivos se asegura que la única intención es fortalecer Pemex.

En las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se propone legalizar y ampliar lo que fueron los CSM, toda vez que se faculta a Pemex y sus organismos subsidiarios a “convenir los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere”.

Se mantiene la prohibición de contratos de riesgo, ya que se especifica que las remuneraciones a las empresas contratistas serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederá por los servicios u obras ejecutadas algún porcentaje de los hidrocarburos.

Otra modificación al artículo 4 de esa ley reglamentaria del 27 constitucional establece que “los sectores social y privado podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”.

Incluso se precisa que Pemex y sus organismos subsidiarios “podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”, sin que ello implique transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista. Sin embargo, en otro párrafo de ese mismo artículo se señala que las empresas que presten esos servicios “podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos en los términos de las disposiciones vigentes”.

El esquema privatizador se concreta en la iniciativa por la que se crea la Ley Orgánica de Pemex, ya que ahí se da autonomía y flexibilidad a la empresa para que pueda contratar con empresas privadas, y otorgar incluso adjudicaciones directas de obras o “invitaciones restringidas”, que son contrataciones sin licitación, no sólo en caso de emergencias o derrames de gases tóxicos. La paraestatal podrá llevar a cabo estas adjudicaciones directas “con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Pemex y sus organismos subsidiarios”. El párrafo tiene una referencia obvia a las exploraciones en aguas profundas del Golfo de México.

En la exposición de motivos se precisa que los cambios van encaminados a crear certidumbre jurídica tanto para proveedores y contratistas como para los servidores públicos que proponen la contratación de terceros.

También en la nueva Ley Orgánica de Pemex se define una “modalidad contractual que aplicará sólo a las contrataciones que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para atender las particularidades de sus actividades”, es decir, los llamados contratos de servicios ampliados, en los que se permite que tanto el contenido como el precio del contrato se determinen en el transcurso de la ejecución del mismo, “lo que también es una práctica común a nivel internacional”, según detalla la exposición de motivos.

Son contratos sujetos al “buen desempeño y generación de resultados en la ejecución de los trabajos”. Se pone un ejemplo: “En un contrato para exploración y extracción no es posible saber de antemano, aunque exista un área geográfica perfectamente definida, cuántas y qué tan profundas habrán de ser las perforaciones, por lo que tampoco es posible definir cual será el precio a pagarse o el alcance de los trabajos”.

De ahí que en el artículo 46 de esa nueva ley se señala que: “Pemex y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable.

“Lo anterior con base en las obras o servicios especificados al momento de la contratación, o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Pemex podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos.

“También podrá pactar incentivos que tienden a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo.”

En la ley se crea un comité de transparencia y auditoría, que aprobará todo lo relativo a adquisiciones y contrataciones, pero se deja claro que Pemex podrá privilegiar la licitación pública, optar en igualdad de circunstancias por el empleo de recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional. Sin embargo, no son obligatorios.

Otra iniciativa, la que reforma la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, avanza también hacia la apertura al capital privado, ya que adiciona el artículo 33 del ordenamiento a fin de que esa comisión pueda “promover la participación de los particulares en las actividades del sector”.

La nueva Ley Orgánica de Pemex incluye ampliar la integración del actual consejo de administración de la paraestatal, en la que se mantiene a miembros del sindicato petrolero con cuatro consejeros profesionales designados por el presidente de la República.

Dos de ellos trabajarán de tiempo completo, y se les considerará representantes del Estado, con lo que se robustece la injerencia del Ejecutivo en las decisiones de la empresa.

Asimismo, se faculta al consejo de administración de Pemex proponer al Ejecutivo federal la creación de organismos subsidiarios, cuya naturaleza será de órganos descentralizados que deberán realizar actividades inherentes al área estratégica del petróleo.

La reforma contempla vender parte del patrimonio de Pemex a través de los llamados Bonos Ciudadanos, que de acuerdo con la exposición de motivos estarán a disposición de la población en general y podrán ser adquiridos por personas “físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por intermediarios financieros”.

Se precisa que en este último caso, los bonos serán exclusivamente para servir “de formadores de mercado”. En la iniciativa se detalla que se trata de títulos de crédito emitidos por Pemex “que otorgarán a sus tenedores una contraprestación vinculada con el desempeño del mismo”.

No se precisa el monto de esos bonos, ya que la Secretaría de Hacienda determinará las formas y modalidades de obtenerlos y los límites de adquisición. En su exposición en cadena nacional Felipe Calderón precisó que se podrán contratar a partir de 100 pesos.

Por otra parte, el grupo parlamentario del PRD analizará a fondo las cinco iniciativas, toda vez que van en la ruta de la privatización total de Pemex, comentó el senador Ricardo Monreal Ávila.