PUEBLOS INDIOS

Integrarlos a la “civilización”

Francisco López Bárcenas

“Estoy convenido de que un camino rural integrará a la gente con la civilización y de que una escuela cumple con el proceso de culturización para elevar la calidad y capacidad y conocimiento de los indígenas”. Así definió Luis H. Álvarez las líneas de su trabajo al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a unos meses de haber tomado posesión del cargo. Consciente o inconscientemente, pero el responsable de la política indigenista del gobierno panista estaba afirmando que los indígenas son incivilizados y que la única cultura posible es la de la competencia, la del mercado. Como en las primeras décadas del siglo pasado.

Esa misma línea se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se planteó como objetivo de la política indigenista “incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad”. Para lograr tal propósito el gobierno federal mantuvo, aunque con un perfil más bajo, la idea de políticas transversales, donde participaran la mayor parte de las instancias federales y las organizaciones indígenas, focalizando las acciones ahí donde mayor rezago social se advirtiera.

FOTO: Alfredo Domínguez / La Jornada

Dentro de las acciones a realizar se enunció “el aprovechamiento del excepcional patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas para promover su desarrollo económico”; y aunque esto si se hizo, no fue para beneficio de los pueblos indígenas sino de la industria turística en donde ellos no cuentan. Así, se han concesionado los sitios arqueológicos y monumentos históricos, a los que se ha unido el turismo ecológico. En lo demás se mantuvieron las políticas anteriores, entre ellas el fortalecimiento de la infraestructura básica en las regiones indígenas y la asistencia en albergues y rescate de prácticas culturales. Así, aunque el presupuesto destinado para el desarrollo de los pueblos indígenas aumentó, el impacto real no mostró cambio alguno, porque el enfoque para su aplicación se circunscribió a la máxima del indigenismo panista, expresada por el responsable de ella, y a actividades administrativas eufemísticamente denominadas “promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas”.

Lo grave de esta política es que no responde al diagnóstico que el mismo gobierno tiene del problema a atender. En el Plan Nacional de Desarrollo ya reconocía que los pueblos y las comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano porque viven en altos niveles de pobreza; que en muchas de las regiones indígenas prevalece la escasez de empleos, los bajos salarios y las relaciones asimétricas entre población indígena y no indígena, situación que afecta su desarrollo; mientras por otro lado la inversión de recursos en esas regiones sigue presentando notables rezagos en comparación con la media nacional.

Aunado a esto, se afirmaba, el reconocimiento constitucional a los pueblos y comunidades indígenas como sustento de una nación pluricultural todavía no se ha traducido en una acción pública con profundo sentido cultural.

Ése es el problema, porque si los derechos de los pueblos indígenas se fundan en la diferencia cultural y ésta no se ha traducido en políticas de desarrollo que se funden en la diversidad cultural, se está violentando un mandato constitucional, al tiempo que se incumple un compromiso de derecho internacional contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que expresa que los pueblos indígenas deben decidir sus prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo y controlarlo. Y para que eso sea posible es necesario modificar las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas y que éstos diseñen su programas de desarrollo propio.