■ Desclasifican documento que avaló cateos e intervenciones telefónicas sin orden judicial
Días después del 11-S Bush anuló las principales garantías constitucionales
■ El memorándum del gobierno del 23 de octubre de 2001, una “burla de la Constitución”: ONG
Washington, 7 de abril. Poco más de un mes después del 11-S, el gobierno de George W. Bush secretamente decidió anular una de las principales protecciones constitucionales de este país bajo la justificación de su lucha contra el “terrorismo” dentro de Estados Unidos, según nuevos documentos oficiales recién revelados.
Un memorándum legal fechado el 23 de octubre de 2001 escrito bajo órdenes del entonces subprocurador general John Yoo y destinado al entonces abogado de la Casa Blanca Alberto Gonzáles, afirma que la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual protege a los individuos de cateos y allanamientos arbitrarios del gobierno, “no tiene aplicación a operaciones militares domésticas”.
Esta afirmación legal nunca se había dado a conocer públicamente, y el gobierno no ha divulgado el documento mismo, pero hace extensa referencia a su existencia en otro memorando recién desclasificado fechado el 14 de marzo de 2003, el cual se refiere al poder irrestricto del presidente para ordenar interrogatorios con “técnicas severas” de detenidos extranjeros sospechados de “terrorismo”, noticia ampliamente difundida la semana pasada.
Otros documentos oficiales ya divulgados indican que este documento formaba parte de la justificación legal para el programa de vigilancia e intervención de comunicaciones dentro de Estados Unidos por la Agencia de Seguridad Nacional. Ese programa intervino llamadas telefónicas, correos electrónicos y otras comunicaciones dentro de este país evadiendo el requisito legal de obtener una autorización por un tribunal federal secreto en estos casos.
“Este memorando hace burla de la Constitución y el imperio de la ley. El hecho de que fue emitido por el Departamento de Justicia, cuya tarea es defender la ley, lo hace hasta más impensable”, afirmó Amrit Singh, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización independiente que obtuvo los documentos oficiales la semana pasada.
Para Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional del ACLU, “las recientes divulgaciones subrayan la amplia concepción del gobierno de Bush sobre el poder Ejecutivo. Los abogados del gobierno creen que el presidente debería ser autorizado a violar las leyes estatutarias, los tratados internacionales, y hasta violar la Cuarta Enmienda dentro de Estados Unidos. Creen que el presidente deberá estar sobre la ley”.
Fue a finales de 2005 que se reveló –primero en una serie de reportajes en el New York Times– la existencia de un programa secreto de intervención de comunicaciones dentro de este país.
Vale recordar que se sabía del programa secreto desde mediados de 2004, pero los más altos niveles del gobierno de Bush lo negaban, y después amenazaron que toda filtración sobre éste y otros programas vulneraban la seguridad nacional.
En el caso del Times, el propio Bush y otros integrantes del gobierno negociaron con los editores del rotativo durante 14 meses insistiendo en que revelar la existencia del programa haría gran daño a la nación. Pero finalmente, los editores, bajo presión también de sus dos reporteros –Eric Lichtblau y James Risen– decidieron publicar el reportaje revelando la existencia de este programa (lo publicaron primero en el sitio de Internet del Times).
Sin embargo, esto mismo también provocó un gran debate público sobre por qué el Times negoció con el gobierno de Bush, y por qué decidió demorar su publicación por 14 meses hasta mucho después de las elecciones presidenciales de 2004, cuando esta información hubiera sido parte del debate en la contienda que concluyó con la relección del presidente que ordenó este programa.
El reportero Eric Lichtblau describe en su nuevo libro, Bush’s Law, la intensa presión que la presidencia impuso al Times, culminando en una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca entre Bush, el director del rotativo Arthur Sulzberger y el editor en jefe Bill Keller; el mensaje era de nuevo que el programa era vital para la seguridad nacional y que si era divulgado el Times tendría que compartir la responsabilidad por el próximo atentado terrorista. Pero para finales de 2005, según Keller del Times, las cosas habían cambiado con mayor preocupación sobre la cuestionable base legal para el programa y el posible abuso del poder Ejecutivo.
A la vez, este programa era parte de una serie de iniciativas que provocaron grandes debates legales sobre libertades civiles dentro de Estados Unidos (sin mencionar las conocidas en el exterior) incluyendo la detención de aproximadamente 2 mil 700 personas después del 11-S y la vigilancia secreta y acciones contra disidentes dentro del gobierno como opositores en las calles, todos impulsados por el gobierno bajo la justificación de la lucha antiterrorista.
Por cierto, sólo la semana pasada se filtró que el Pentágono está por clausurar una unidad de contra-inteligencia creada por el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld para responder a operaciones de inteligencia extranjera y agrupaciones terroristas dentro de Estados Unidos. Sin embargo, la oficina ha sido criticada después de revelarse en 2005 que estaba operando un enorme banco de datos incluyendo información sobre opositores a la guerra y protestas que se impulsaban desde iglesias, escuelas y agrupaciones cuákeras. El banco de datos, conocido como Talon, incluía información sobre acciones de protesta contra la guerra de ciudadanos estadunidenses, lo que provocó que algunos recordaran el espionaje militar de civiles que protestaban la guerra en Vietnam hace unas 4 décadas.