■ La depuración empezará el 1º de mayo, según la ley de sociedades de información
Se borrarán del Buró de Crédito más de 3.5 millones de historiales
■ Sobresalen cambios relacionados con las quejas de clientes, que tendrán mejores herramientas
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Foto: Notimex
Poco más de 3.5 millones de historiales crediticios, entre personas físicas y morales, serán eliminados de Buró de Crédito a partir de las modificaciones hechas a la ley para regular las sociedades de información crediticia.
La depuración de los historiales crediticios comenzará a aplicarse a partir del primero de mayo, pero ello no implica la condonación de la deuda.
El Buró de Crédito, la más importante de las sociedades de información crediticia que operan en México, eliminará de su base de datos los registros de 2 millones 709 mil 950 personas físicas, que representan 2.2 por ciento de los 121.8 millones de créditos. Hasta febrero pasado la compañía tenía contabilizadas a 47 millones de personas físicas.
Además, por primera vez 831 mil 413 registros de empresas serán dados de baja, de los 7.4 millones de créditos relacionados con 1.8 millones de compañías.
El Congreso de la Unión aprobó en diciembre cambios en artículos de la ley que regula a las sociedades de información, modificaciones que fueron publicadas en febrero en el Diario Oficial de la Federación.
Entre las reformas destaca el borrado del historial crediticio a los seis años o 72 meses, y no a los siete, como anteriormente se realizaba.
La ley establece que los créditos que han mantenido pagos puntuales permanecerán no más de seis años en el Buró, mientras los registros con atrasos ininterrumpidos se eliminarán también a los seis años contados a partir de que se registre el primer incumplimiento. En estos casos no serán borrados los reportes con créditos que estén sujetos a juicios entre el consumidor y la institución otorgante del financiamiento.
La eliminación de los historiales no podrá aplicarse a aquellos créditos con adeudos superiores a 400 mil unidades de inversión (Udi’s) o 1.6 millones de pesos.
Otra reforma importante es la posibilidad de que el consumidor que finiquitó un adeudo solicite a su acreedor que reporte ese pago al Buró de Crédito.
Los otorgantes del crédito tienen cinco días para entregar esa información a Buró de Crédito, y éste tiene tres días para incluir ese pago en el historial crediticio del deudor.
También sobresalen los cambios a la ley relacionados con las quejas. Si el cliente presenta una reclamación ante el Buró pero el otorgante del crédito no está de acuerdo, éste tendrá la obligación de presentar evidencia que respalde su desacuerdo.
Anteriormente el otorgante sólo manifestaba su desacuerdo con la queja del deudor pero no presentaba pruebas o evidencias sobre su postura.
Durante un seminario sobre las reformas organizado por el Buró de Crédito, el panista Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, destacó que las reformas permitirán a los clientes “contar con mejores herramientas para administrar sus finanzas y los beneficios en el uso de sus créditos”.
Expresó la necesidad de entender las oportunidades que da el buen manejo de la información crediticia, un asunto que según el senador es relativamente nuevo en el país.
Las modificaciones atienden las preocupaciones que existen alrededor de la información crediticia, pues el historial puede ser “un activo” para solicitar operaciones de financiamiento, indicó el legislador.
Por su parte, la senadora del PRD Minerva Hernández, consideró que a pesar de los cambios a las legislaciones en asuntos financieros “todavía hay que ponerle un poco de dientes a la autoridad para poder regular las cuestiones que lesionan a los consumidores”.
Madero Muñoz adelantó que se estudiarán asuntos como el costo de la transacción de deudas de tarjetas de crédito, un CAT (costo anual total) personalizado, y reglamentos contra las prácticas intimidatorios de empresas encargadas de cobrar los adeudos.
En tanto, Mauricio Gamboa y Miguel Tijerina, presidente y vocero de Buró de Crédito, coincidieron en que las adecuaciones están enfocadas al consumidor y no al otorgante de crédito, por lo que aun países de Latinoamérica comienzan a inspirarse en la legislación mexicana.