La barahúnda
Ha habido tal cantidad de ruido mediático que cuando se presentó el primero y único documento oficial sobre la “reforma energética”, nadie o pocos parecen haberlo tomado como tal, sino como un papel más en la gran palangana de la barahúnda nacional. Llegó el documento en medio del sentimiento predominante que pareciera que lo tendremos instalado por tiempo indefinido: la desconfianza de todos contra todos. Los actores políticos saben que son ellos quienes pueden cambiar este clima, pero, en perfecto círculo vicioso, se hacen cruces –en este caso la oposición– para evitar a toda costa que el gobierno vaya a “capitalizar” cualquier avance; y aquí seguimos.
La barahúnda, parece, conlleva confusiones diversas. Por ahora no se trata de la reforma “energética”, sino de la reforma de la empresa petrolera Pemex. El artículo 27, en su párrafo cuarto, miles de veces referido, dice: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas...; [después de enumerar una larga lista, dispone en su parte final], los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional”. En otros términos, el petróleo no es de Pemex, sino de la nación. Para operar ese dominio y explotar ese recurso natural, el gobierno creó la empresa que lleva a cabo esas funciones. De modo que aun si vendiera Pemex (sus activos), el dominio nacional sobre el recurso continuaría intacto.
El documento que presentaron la secretaria Kessel y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, llamado diagnóstico, describe la situación que presenta la empresa, y la situación que guarda la explotación del recurso natural, en términos de las tendencias de las reservas, y de las tendencias de la producción cæteris paribus. Las tendencias de las reservas van rápidamente a la baja. Explica, asimismo, la experiencia y decisiones de empresas nacionales petroleras de otros países.
En términos de las propuestas de solución frente a los problemas descritos, deliberadamente se incluyeron unas cuantas, referidas al régimen fiscal de la empresa y a las vías para la recuperación de las reservas y el aumento de la producción.
Al término de la presentación del documento, el PRI descalificó ipso facto el diagnóstico, probablemente para rebasar por la izquierda al FAP. Su andanada la resumió en la palabra “catastrofista”. El PRI tendría que haber presentado en ese mismo momento sus propios números, estimaciones y fuentes de información para confrontarlas con los del documento oficial. No ocurrió. Poco después el FAP se pronunció en contra de la “privatización” encubierta que seguramente está en el documento. Carstens, por su parte, emitió de inmediato una amenaza: si no hay cambios en el régimen fiscal de Pemex, tendremos que aumentar los impuestos.
En sí misma, la elección de presentar un documento diagnóstico es adecuada: sólo debatiendo sobre las mismas bases es posible, eventualmente, construir acuerdos. Es preciso llegar al diagnóstico aceptable para los tres “grandes”.
Todo mundo sabe que la empresa está descapitalizada, y todo mundo sabe por qué: ha sido desde siempre la caja no chica, sino inmensa del gobierno federal y, en los últimos años, también de los gobiernos estatales. En este punto el FAP tiene razón: es indispensable que los ciudadanos se enteren en detalle de cuál fue el paradero final de los astronómicos recursos financieros extraordinarios que le han sido sustraídos a Pemex por la vía de la brutal exacción a la que ha vivido sometida, y a la que no es ajeno el mismísimo Congreso de la Unión.
La de Cartens es una amenaza vana. Un cambio en el régimen fiscal de Pemex que le permita contar en adelante con los recursos para que pueda actuar empresarialmente exige una concomitante y verdadera reforma hacendaria; el que ésta no haya ocurrido tiene como cómplice al mismísimo Congreso de la Unión.
Pemex necesita una gerencia empresarial moderna para competir con las numerosas y poderosas empresas petroleras del mundo públicas y privadas. Requiere un consejo de administración ad hoc y, por cuanto se trata de una empresa pública, su entera operación debe estar en vitrina. La escandalosa corrupción de los funcionarios y la del sindicato, que por décadas ha sido una constante, es absolutamente inadmisible, y los acuerdos que construyan el Congreso y el Ejecutivo deben ser tales que acaben con esa miserable lacra.
Liberada Pemex del grillete fiscal a que ha estado sometida, la dirección y el consejo de administración están obligados a tomar las decisiones que sean necesarias de acuerdo con el comportamiento mundial del mercado petrolero. Si estas decisiones incluyen la necesidad de alianzas o no, es un asunto que el manejo empresarial racional decidirá, de modo transparente, con los datos y estudios suficientes en las manos. Una alianza –como la que propuso Lula, por ejemplo–, o la contratación de servicios o de compra de tecnologías, son operaciones que realizan cualesquiera empresas petroleras, y nada de eso se parece en nada a una privatización encubierta.
De otra parte, no se entiende cómo podría llevar a cabo Pemex algunas de esas operaciones empresariales sin modificar el párrafo sexto de la Constitución. Es claro que, en su momento, el legislador vio necesaria la prohibición del otorgamiento de contratos en materia petrolera. Hoy la empresa petrolera no podría operar como empresa si tales prohibiciones subsisten.