■ Esa figura fue inventada por Acción Nacional como parte de su propuesta de reforma energética
Servicios ampliados, puerta para la participación privada en Pemex
■ A través de licitaciones públicas podría intervenir en exploración en aguas profundas, extracción, producción, refinación y mantenimiento
■ Se plantean modificaciones a diez leyes
La reforma energética que elaboró el Partido Acción Nacional (PAN), y que se prevé sea presentada esta semana en el Senado de la República, comprende modificaciones a una decena de leyes e introduce la figura de “servicios ampliados”, con lo cual se permitirá la participación de la iniciativa privada en casi todo el proceso productivo sin que se comprometa la renta petrolera.
En el proyecto –que todavía ayer se consensuaba en la bancada del PAN en el Senado con funcionarios del sector energético– se destaca que, entre otras, las leyes a las que se harían cambios son las siguientes: Ley de Adquisiciones y de Obras Públicas; de la Comisión Reguladora de Energía; Administración Pública Federal; Federal de Derechos, y la Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.
Cabe señalar que la renta petrolera es el costo del barril de petróleo en el mercado internacional, menos los costos de producción. En México, la producción del barril de petróleo está en promedio en 4 dólares y su venta en 84.1 dólares, es decir, la renta petrolera sería de 79.83 por ciento, lo que la hace muy atractiva para la inversión privada nacional y extranjera.
Se destaca en la reforma elaborada por el PAN que la autonomía de gestión de Petróleos Mexicanos (Pemex) sedaría en forma gradual, en un plazo de cinco años; se crearía el consejo del petróleo, con nueve consejeros autónomos provenientes de instituciones académicas y científicas. Sin embargo, todavía ayer por la noche se analizaba si era necesario que su designación pasara por la ratificación de la Cámara de Senadores.
En ese proyecto se destaca que con los cambios a diversas leyes se posibilitaría a Pemex tomar sus propias decisiones en materia de inversiones, y se detalla que al introducir la nueva figura de “servicios ampliados” la iniciativa privada podría participar en casi toda la cadena del proceso petrolero, desde la exploración en aguas profundas, someras y superficiales; la extracción, producción, refinación y mantenimiento a través de licitaciones públicas, casi como ya ocurre ahora.
Por lo que toca a refinación, en el proyecto se descarta la producción de gasolinas en el extranjero, toda vez que se privilegiará la construcción en México de nuevas plantas en las que podrá concurrir el capital privado, aunque ya sin el pago en porcentajes, como ocurre en la instalación de Deer Park, en Texas.
En este sentido, se destaca que el Estado no renunciará ni al producto ni a las instalaciones, aun cuando la inversión privada concurra en este segmento, por lo que habrá control en el mercado de las gasolinas.
A diferencia de los contratos de riesgo, en la nueva modalidad de contratos ampliados se descarta la entrega de la renta petrolera, pues en ningún caso se pagaría a inversionistas privados con petróleo, al prever que en las litaciones quedaría claro que cobrarían por servicio cumplido y no por servicio prestado.
En la negociación que contempla Acción Nacional se prevé que una parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldaría esa propuesta, aun cuando no la pueda votar a favor, por lo que no se prevén complicaciones en el debate propuesto por el Frente Amplio Progresista (FAP), que se organizaría antes de concluir el periodo de sesiones con la presencia de especialistas consensuados por los partidos.
En ese tenor, en la bancada del blanquiazul no se descarta que el PRD pueda invitar a Andrés Manuel López Obrador, una vez que se ordene el debate, y se buscaría invitar por parte del gobierno federal a alguno de los operadores de la reforma, que podría ser el director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles.