POLÍTICA AMBIENTAL

Asistencialismo en los Apoyos Públicos

• Se pierde la oportunidad de generar manejo sustentable de los recursos naturales

FOTO: Sergio Ávalos

La tendencia de este gobierno a difundir metas y logros espectaculares, con muchas hectáreas apoyadas, está conduciendo hacia el concepto de “asistencial” un programa que –por impulso y con diseño de las organizaciones forestales— se puso en marcha apenas en el sexenio de Vicente Fox, y que en esencia pretende el pago de servicios ambientales (PSA) a los dueños de los bosques.

Gustavo Sánchez, director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), explica que este programa nació como una inquietud de los campesinos que logró integrarse en el artículo 198 del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), de abril de 2003. Su enfoque es el pago a los campesinos con el objeto de mantener y mejorar las superficies agroforestales, apoyar la captura de carbono y proteger la biodiversidad.

Originalmente y a contracorriente del Ejecutivo Federal, logró asignársele un presupuesto público, más simbólico que real, de 30 millones de pesos, y este 2008 ronda los 400 millones, pero el apoyo que el gobierno aplica se está desvaneciendo a una cuota pareja de 300 pesos por hectárea, pues la Secretaría de Medio Ambiente busca –igual que en la reforestación anual, con millones de arbolitos— presumir metas ambiciosas en términos de superficie, sin importar la calidad de los resultados del programa.

Esto preocupa pues los apoyos resultan insuficientes –muy poco competitivos respecto de los más de mil pesos por hectárea de Procampo, por ejemplo– como para pedir a los productores forestales que, a cambio de ellos, se muevan hacia un esquema de manejo forestal, de aprovechamiento sustentable. “La gente te va a decir: ‘oye, por 300 pesos no lo voy a hacer; si quieres quitarme el apoyo, quítamelo”.

Lo ideal es que este programa sirviera para generar condiciones de manejo en las unidades agroforestales y que en unos años la responsabilidad del PSA fuera compartida por la sociedad. “Que el órgano de operación de agua potable y alcantarillado a lo mejor pudiera convertirse en un fideicomiso que estuviera administrando las aportaciones que haga la empresa privada, el gobierno estatal, el gobierno municipal, los usuarios de agua, y donde hubiera la capacidad de decirle a los que trabajan en la parte alta de la cuenca: ‘a nosotros nos interesa que siga llegando el agua limpia, en cantidad suficiente, que no haya deslaves, que se conserve la belleza escénica, no queremos tolvaneras'”.

Gustavo Sánchez recordó que además del programa mencionado, existe otro paralelo de PSA hidrológicos (diseñado por el gobierno previo al ANC), que aplica desde que nació, en 2003, con el lineamiento asistencialista, con apoyos de 300 pesos por hectárea. Los beneficiarios son unidades que no tienen aprovechamiento; el programa no induce al manejo forestal.

Comentó que hay cuatro casos piloto de PSA donde se están generando mercados locales, con participación de la sociedad y compromiso de aprovechamiento sustentable y conservación (están en Valle de Bravo, Coahuila, Colima y Coatepec), y hay algunas experiencias locales. “Lo que queremos es que se masifique”. Pero el gobierno federa es autista; no escucha, no considera opiniones ajenas y eso dificulta avanzar en esta línea (Lourdes Edith Rudiño).

Más gris que verde la acción gubernamental

• Decisiones en turismo, bosques y maíz, negativas para la ecología

Gustavo Ampugnani

A un año y medio del gobierno que encabeza Felipe Calderón no hay buenas noticias en materia ambiental. Las grandes líneas programáticas de inicios de la administración se desdibujan día a día sentando un mal precedente ambiental y aumentando una huella ecológica que de por sí era grande. Por ejemplo, se calcula que se pierde el equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto debido al deterioro ambiental y la destrucción de ecosistemas. Y la política pública no parece contribuir a la disminución de ese monto, que hoy rondaría los 900 mil millones de pesos.

El principal programa ambiental del gobierno es el Proárbol que, en vez de fortalecer una política forestal que dé prioridad al apoyo a las comunidades, busca el éxito mediático dejando en segundo plano la supervivencia de los bosques mexicanos. Resulta incomprensible que el gobierno federal, en lugar de proteger los bosques de manera efectiva, pretenda gastar durante 2008 más de dos mil 664 millones de pesos (50.5 por ciento del presupuesto de Comisión Nacional Forestal) en plantar 280 millones de árboles, cuando el propio secretario de Medio Ambiente calculó una sobrevivencia de 10 por ciento para los plantados en 2007. Ello, al tiempo que cada año se deforestan 600 mil hectáreas.

Greenpeace expone que para evitar quedarnos sin bosques en los próximos 60 años, lo que se requiere es apoyar a las comunidades por medio del Manejo Forestal Sustentable (MFS), que les permite conservar los bosques, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero –causantes del calentamiento global–, controlar incendios, frenar la tala ilegal, y generar beneficios sociales para sus habitantes, al fortalecer las economías locales y contribuir al desarrollo rural.

Preocupación por transgénicos . Por otro lado, en términos de agricultura y medio ambiente, vemos con sorpresa que esta administración no contempla ninguna medida de bioseguridad para proteger la diversidad biológica y genética del maíz mexicano. La publicación del reglamento de la ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados –Ley Monsanto– sigue la misma línea que la ley y sólo establece los procedimientos administrativos para que las grandes empresas de biotecnología agrícola puedan comercializar sus productos patentados, lo cual contaminará irreversiblemente un patrimonio natural y cultural de México. La única posibilidad de contrarrestar esto o evitar una contaminación genética masiva es elaborar un régimen de protección especial de maíz que parta del principio precautorio, busque aplicarlo a ultranza y decrete cero tolerancia a la siembra de maíz modificado en México.

También es desacertada la política turística del gobierno, ya que el desarrollo de grandes complejos hoteleros destruye la línea de costa facilitando los procesos de erosión. Ejemplo de ello son los manglares, que a principios de la administración fueron legalmente protegidos. Sin embargo, desde hace tres meses son más fuertes la voces que buscan torcer la protección gubernamental. Está por verse aún cómo sorteará el Ejecutivo la presión de los grandes hoteleros.

Por último, aunque no menos importante, en materia de energía y cambio climático vemos que el gobierno apuesta erróneamente a la mismas fuentes de energía que provocan calentamiento global: más petróleo. Pero ahora extraído de aguas profundas. El combate al cambio climático debe asentarse en la masificación del uso de las energías renovables, en la maximización del potencial de eficiencia y ahorro de energéticos y en el combate a la deforestación.

Falta mucho por hacer para que, a fin de sexenio, no veamos reflejado en el PIB un incremento en el costo de la destrucción ambiental de México.

Director de campañas de Greenpeace
México, AC

Celebrando la Traición de Judas

La víspera del jueves santo
publican reglamento de la ley de Bioseguridad

Adelita San Vicente Tello

¿Qué pensarían los funcionarios al publicar el día previo al jueves santo el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados?, “¡Nadie se dará cuenta¡ ¡Al regresar de vacaciones ya se les habrá olvidado!” Seguro se sentirán igual que Judas previo a la última cena.

La aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados fue también un albazo en el que poco se respetaron los procedimientos legislativos. Era el 14 de diciembre de 2004, último día de sesiones navideñas, ese día el PRI y el PAN apuraron el proceso bajo el argumento de que “cualquier ley es perfectible”. Hoy las reformas propuestas están en la congeladora.

Gracias al trabajo de múltiples actores, se logró insertar algunos instrumentos de bioseguridad en la ley, pero el reglamento publicado los pasa por alto. Al publicarse la ley, fue nombrada como “Ley Monsanto”, porque más que una ley de bioseguridad parecía una ley de fomento a la biotecnología. El reglamento publicado reproduce este vicio: más que preocuparse de la bioseguridad que requieren las actividades con organismos genéticamente modificados, se dedica a especificar a detalle la forma en que se autorizarán éstos sin tomar en cuenta ninguna de las medidas de bioseguridad previstas.

Omisión de zonas libres. Los instrumentos de bioseguridad son: el Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM), la determinación de centros de origen y de diversidad genética, y las zonas libres de transgénicos. Sin embargo, en términos numéricos, más de la mitad de los artículos que conforman el reglamento se dedican a especificar los detalles que deberán contener los permisos, asuntos técnicos que, se antojan, deberían estar contenidos en normas. Los instrumentos de bioseguridad ocupan apenas dos artículos, es decir que las zonas libres de transgénicos ni siquiera se contemplan. El etiquetado es otro de los asuntos centrales que el reglamento ignora, aun cuando es un tema de debate mundial.

El reglamento publicado no respeta la consulta oficial realizada en 2006, pues no contempla en su contenido las observaciones realizadas por múltiples actores por medio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Tampoco fue dado a conocer con anticipación a los órganos de consulta obligatoria que señala la Ley de Bioseguridad en sus artículos 20 y 21.

Este reglamento debe ser revisado a fondo, pues ahora no sólo tendremos una Ley de Bioseguridad incipiente, también el reglamento reproducirá y profundizara las deficiencias de la ley. Las carencias del reglamento impiden, a pesar de las declaraciones de funcionarios irresponsables, la siembra inmediata de transgénicos.

Interés corporativo. Debemos recordar a los funcionarios que la condición de México como centro de origen debe ser protegida como una responsabilidad mundial y de manera prioritaria frente a una tecnología que se pretende imponer por parte de empresas trasnacionales.

El RPEM es un instrumento que busca dar esa protección a nuestro país como centro de origen del cultivo más importante hoy por hoy en el mundo: el maíz. La contaminación con transgénicos de los cultivares de México significaría terminar con el reservorio genético del grano y provocaría un daño inconmensurable para el mundo. En este sentido, es fundamental retomar las recomendaciones que la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte emitió en 2004 en el estudio Maíz y biodiversidad: Efectos del maíz transgénico en México. Conclusiones y recomendaciones.

El maíz es un patrimonio de México que de manera generosa ha compartido con el mundo; la introducción de transgénicos equivale a privatizarlo en aras del negocio de una empresa, Monsanto, la cual “aumentó por tercera vez este año su previsión de ganancias gracias a la fuerte demanda de semillas”, según publicó The Wall Street Journal Americas el pasado 26 marzo.

Semillas de Vida, AC