POLÍTICA AGROPECUARIA

Decisiones de Gobierno,
de espaldas a las tendencias mundiales

• Desestímulo deliberado a la producción nacional
• El gobierno apuesta a favor de los oligopolios

Blanca Rubio

Igual que en el caso del petróleo –en el que se pretende privatizar Pemex justo cuando es el mejor negocio por el incremento inusitado de los precios internacionales–, en la cuestión del maíz se desestimula su producción precisamente cuando es rentable, y se fortalecen las importaciones al tiempo en que los precios mundiales han alcanzado un récord histórico.

A raíz de la crisis energética provocada por la incapacidad de Estados Unidos para controlar el hidrocarburo en el ámbito mundial, se incrementaron fuertemente los precios del petróleo, de las materias primas mineras y de los bienes agropecuarios.

El Presidente Calderón en el evento Acciones del Gobierno Federal para el Desarrollo Rural; lo acompañan el Secretario de la Reforma Agraria, Escobar Prieto; el Secretario de Economía, Sojo Garza-Aldape y el Secretario de Hacienda, Carstens Carstens el 19 de Febrero de 2007. FOTO: Presidencia de la República

En particular, los precios de granos y oleaginosas han registrado un ascenso espectacular debido a que el gobierno estadunidense ha decidido resolver su situación energética impulsando la producción de agrocombustibles.

Instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) han pronosticado que el aumento en los precios de los cereales permanecerá por lo menos diez años, lapso en el cual se espera que se desarrolle la tecnología que permitirá obtener agrocombustibles de la biomasa, con lo cual se podrá sustituir los granos básicos como insumo principal.

La soberanía en juego. Tal situación ha generado un panorama caracterizado por precios al alza y existencias reducidas en el mercado mundial, que obliga a los países dependientes a un cambio fundamental en sus políticas, fortaleciendo la producción nacional, pues de no hacerlo, corren el riesgo de perder el grueso de sus divisas en la compra de alimentos encarecidos, sufrir desabasto de cereales para su población y poner en entredicho su soberanía política, al depender de la buena voluntad de los países que tengan excedentes.

Sin embargo, el gobierno actual no parece percatarse de los cambios mundiales descritos, pues ha llevado a cabo una política a todas luces contraria a lo que pudiera dictar la lógica.

En primer término, se ha negado a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), justo cuando se eliminan los aranceles para los productos más sensibles como el maíz, el frijol, la leche y el azúcar.

En consecuencia, las importaciones se han incrementado en forma notable. Las compras provenientes de Estados Unidos de maíz blanco se dispararon en enero de 2008 en 384 por ciento, con relación al mismo mes del año pasado, mientras que las de maíz amarillo para uso forrajero, almidones, fructuosa y botanas, crecieron mil 888 por ciento en el mismo período (Imagen Agropecuaria).

Esto implica que, en lugar de frenar las importaciones por los altos costos y estimular la producción nacional, se incrementa la dependencia alimentaria en graves condiciones.

Impulso a trasnacionales . En segundo lugar, no ha permitido que los altos precios internacionales repercutan en cotizaciones internas atractivas para los productores, al elegir apoyar a las grandes empresas compradoras como Cargill, ADM, Minsa y Maseca, las cuales impulsan la especulación aprovechando el carácter oligopólico que detentan como compradores, con lo cual han impuesto precios bajos internos mediante el chantaje de que ahora pueden comprar en el exterior libre de aranceles los granos que requieren. Según un análisis realizado por Siacomex, el precio del maíz blanco importado a principios de este año, fue de 3 mil 253 pesos la tonelada en los puertos de destino, mientras que el precio interno no alcanzó más que 2 mil 300 pesos, pagado en las zonas de producción de Chiapas y Campeche.

En tercer lugar, algo inaudito en esta coyuntura, la Secretaría de Agricultura planea reconvertir tierras maiceras hacia otros cultivos, con lo cual pretende reducir de 8 millones a 6.5 millones de hectáreas la superficie maicera del país, argumentando que Estados Unidos podría abandonar su política orientada a los agrocombustibles, con lo cual se colapsaría el precio del grano (Imagen Agropecuaria).

En cuarto lugar, a pesar de que se incrementó el presupuesto al campo al alcanzar la cifra de 204 mil millones de pesos en el Programa Especial Concurrente, se ha impuesto un conjunto de reglas de operación que tienen la función de bloquear la entrega de recursos además de centralizarlos en unos cuantos productores ya que, por ejemplo, en el caso del Procampo 35 por ciento se canaliza sólo a 5 por ciento de los productores, mientras que los 9 mil millones de pesos asignados a Aserca se concentran en 50 mil grandes productores y unas 25 grandes empresas (Imagen Agropecuaria).

En conclusión, se trata de una política que pretende seguir beneficiando exclusivamente a las grandes empresas, sin percatarse de que sustentarse en una política aperturista y dependiente puede traer graves consecuencias a los productores, y a la población en general, al comprometer los recursos obtenidos del petróleo en la compra de alimentos encarecidos, a la vez que seguir devastando la producción agrícola nacional en una coyuntura en la cual existe un déficit mundial, agudizado recientemente por las fuertes heladas en China, lo cual puede generar desabasto interno. No parece darse cuenta de que, aun desde la perspectiva de la competencia capitalista, la autosuficiencia alimentaria es hoy una condición indispensable para aquellos países que pretendan posicionarse en el concierto mundial del siglo XXI.

Nuevas Reglas de Operación de la Sagarpa:
inconsultas y sin consenso

Carlos Toledo Manssur

El proceso de reforma y expedición de las nuevas reglas de operación (RO) de los programas de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) es una expresión concreta de la política rural del actual régimen, ya que más allá de declaraciones y retórica, la normatividad a la que deben ceñirse las acciones de fomento del campo expresa la visión del gobierno federal en la materia, tanto respecto a su contenido, como al proceso por el cual ha sido establecida esa normatividad.

Desde los primeros meses de este gobierno, la Sagarpa trabajó para modificar el arreglo general del conjunto de sus programas, para simplificar los esquemas de apoyo al campo, que anteriormente se aplicaban por medio de decenas de programas diferentes, cada uno con sus propias reglas, lo que en efecto hacía muy complejo su entendimiento y aprovechamiento por parte de los productores rurales. Se buscó que las acciones que involucran recursos de la Sagarpa se compactaran en sólo ocho programas. Así, aunque no resulta del todo satisfactoria, la versión final de las nuevas reglas contiene elementos importantes de avance en el rediseño de las políticas para el campo.

Sin embargo, el proceso para lograr esta reformulación y las características y contenido de la versión que se pretendía aprobar inicialmente, mostraron dos facetas negativas, que constituyen graves y peligrosos desaciertos de la política rural federal: en primer lugar, la falta de voluntad para consultar, dialogar y discutir las modificaciones con los principales actores del campo. En segundo, la intención de dar marcha atrás a los procesos de descentralización de las políticas rurales para buscar un completo control centralizado en el ejercicio de los recursos públicos para el campo por parte de las autoridades federales.

La intención de hacer estos cambios en la normatividad fue anunciada desde principios del año pasado, pero aunque el secretario Alberto Cárdenas se comprometió explícitamente a dar a conocer el anteproyecto de nuevas reglas a diversos organismos como el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), entre otros, para que fuera discutido y consensuado, la Sagarpa incumplió: no hubo consulta. Los organismos conocieron las nuevas reglas cuando estaban en su versión final, en proceso de autorización en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), a finales de 2007. Esta situación generó malestar; se le interpretó como un gesto autoritario, contrario a la idea de que las políticas públicas deben ser elaboradas y ejecutadas de manera concertada con la sociedad rural.

Intentos centralizadores. La inconformidad fue mayor cuando se observó que, más allá de la compactación, que parecía una medida conveniente, las nuevas reglas planteaban un ejercicio por completo centralizado del conjunto de los programas, lo que significaba borrar de un plumazo la experiencia de casi década y media de un modelo interesante y efectivo de descentralización.

En efecto, aunque muchos de los programas anteriores se mantenían como de ejecución nacional, es decir bajo el control de la dependencia federal, la Alianza para el Campo (ApC), creada a mediados de la década pasada, había destacado como un esquema bastante exitoso de descentralización a las entidades federativas; este modelo operaba mediante una mezcla de recursos federales y estatales, que en cada estado eran depositados en un fideicomiso (los Fofae) y administrados de manera conjunta entre estado y federación.

En teoría, el ejercicio de estos recursos compartidos atendía las orientaciones estratégicas de un consejo estatal (primero llamado agropecuario y después de desarrollo rural sustentable) con amplia participación de dependencias y organizaciones sociales; aunque en la práctica esta orientación participativa no operaba como estaba diseñada, lo cierto es que en los 13 años de existencia de ApC los gobiernos estatales habían desarrollado, en diferente medida y en diversas modalidades, una capacidad de operación descentralizada pero concertada con la federación, y las decisiones se apoyaban en diversos organismos colegiados (comisiones de desarrollo rural, comités técnicos agrícolas y pecuarios, etcétera). Este esquema de descentralización se fortaleció con el impulso a la municipalización de ApC en el sexenio pasado, con base en las directrices de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable.

Concertación estados-federación. Así, el proyecto que las autoridades federales querían aprobar sin someterlo a mayor discusión, y que implicaba este grave retroceso a la descentralización, fue objeto de una fuerte inconformidad y de una demanda de modificación por parte de gobiernos estatales y organizaciones sociales a finales del año pasado. La AMSDA solicitó a la Sagarpa y a Hacienda la modificación del proyecto; la Conago , por medio de sus coordinadores de comisiones del Campo y de Hacienda (los gobernadores de Michoacán y Chihuahua), dirigió una fuerte carta a las autoridades federales solicitando la realización de cambios a la propuesta.

Eso generó un tenso proceso de negociación, el cual finalmente culminó con la aceptación de algunos cambios al proyecto, entre los que destaca la incorporación de una “modalidad 1” de ejecución de los programas, en la que se asigna su operación a los gobiernos de las entidades federativas, en un esquema similar al de Alianza para el Campo, pero con la posibilidad de incorporar todos los programas, aunque se mantuvo una “modalidad 2” en que la Sagarpa conserva la operación centralizada. Así, el resultado fue un texto híbrido, en el cual, gracias a la presión de lo estados y las organizaciones, fue mantenido un esquema descentralizado, aunque el proceso de discusión, fue atropellado y tenso, debido a su carácter forzado.

La incorporación del esquema descentralizado con la modalidad 1 resultó un importante logro de los estados, ya que potencia la utilidad de la compactación de programas, y permitirá un mayor margen de maniobra para el diseño e aplicación de políticas rurales desde las entidades federativas. La experiencia de gobiernos estatales de diferente signo ideológico, en el diseño, organización y operación concreta de políticas públicas rurales, resulta fundamental para la construcción de alternativas efectivas para el campo en una perspectiva nacional.

Más allá de la discusión sobre la interlocución del gobierno federal con los actores rurales, y del asunto de la descentralización, debemos reconocer que el nuevo esquema compactado en ocho programas resulta un cambio positivo. Estos programas constituyen importantes instrumentos que los estados pueden ocupar de manera ventajosa para impulsar estrategias y orientaciones concertadas con las autoridades federales, de tal suerte que se pueda construir una matriz con dos ejes: uno de estrategias y el otro de programas (instrumentos), que puede resultar muy útil en la búsqueda de alternativas de política pública rural.

Coordinador de Desarrollo Rural Sustentable, Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Guerrero

Alberto Cárdenas Jiménez Secretario de Agricultura FOTO: José Antonio López / La Jornada Este jalisciense, quien se tituló en 1981 como ingeniero industrial eléctrico con una tesis que lo especializó en jabón de lavandería y detergente, ocupa la titularidad de la Secretaría de Agricultura desde diciembre de 2006, promovido por el ala panista más inclinada a la derecha. Cuando hace unos meses el presidente Felipe Calderón decidió remover a varios de sus funcionarios de lugares claves, como los titulares de Gobernación y de Desarrollo Social, para colocar allí a personajes de más confianza para él, se especuló sobre la idea de que Cárdenas Jiménez también se iría a su casa. Pero no ha sido así; el titular de la Secretaría de Agricultura –de quien se cuenta un pasado como miembro de la organización derechista Yunque, y quien es amigo firme del dueño de Bimbo, Lorenzo Servitje– permanece en su puesto, y al parecer reforzado, pues dentro de su equipo él ha comenzado a hacer ajustes. Permanecen sin cambio los subsecretarios heredados del sexenio de Vicente Fox, Francisco López Tostado y Antonio Ruiz, pero este abril Cárdenas nombró nuevos coordinadores de Enlace, Asesores y Política Sectorial. El funcionario se ha caracterizado por un trato rudo; dirigentes de las organizaciones campesinas lo han descalificado; consideran que no es un interlocutor válido para las negociaciones que el movimiento campesino busca este año, con la demanda prioritaria de la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Eduardo Sojo Secretario de Economía FOTO: José Antonio López / La Jornada Eduardo Sojo Garza Aldape. Este funcionario que desde 1995 ha dejado huella en gobiernos panistas, pues fue coordinador económico de Vicente Fox en Guanajuato y luego coordinador de asesores de Políticas Públicas en la administración federal foxista, ha resaltado en el calderonismo porque sus declaraciones en el tema de la tortilla fueron desdichas por la dura realidad y por decisiones de su jefe. El titular de la Secretaría de Economía –educado en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Pennsylvania y cuyo currículum presume de una coautoría con el Premio Nobel de Economía Lawrence Klein— dijo en enero de 2007 que el gobierno rechazaba mecanismos de control de precios porque desvirtuarían el mercado. Poco después Felipe Calderón se sentó al lado del llamado “señor Maseco”, Roberto González Barrera y otros agentes de la cadena maíz-tortilla para oficializar un aumento de 30 por ciento del alimento pero con la promesa de no elevar los precios más allá de eso. Después Calderón firmó oros dos acuerdos. La prensa consideró entonces que Eduardo Sojo vivía en un mundo paralelo al real pues al tiempo que la tortilla se encarecía hasta motivar el desplome de la popularidad de Calderón, él declaraba: “no hay razón para el aumento de precios” pues lo que estaba ocurriendo con la tortilla eran “cuestiones coyunturales, como problemas de transporte y cambios en las fechas de las cosechas de maíz”. Abelardo Escobar Prieto Secretario de la Reforma Agraria FOTO: Reforma Agraria Este agrónomo nacido en Chihuahua y con amplia trayectoria docente en esta materia fue director del Registro Agrario Nacional (PAN) durante casi todo el sexenio de Vicente Fox, y en los últimos ocho meses ocupó la titularidad de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), misma que continúa en sus manos ahora con Felipe Calderón. Al frente del PAN, Abelardo Escobar fue franco con la prensa; reconoció en varias ocasiones que estaba sesgada la información de que sólo uno por ciento de la superficie ejidal y comunal había pasado a “dominio pleno” (a condición privada) desde 1992, como consecuencia de los cambios ese año al artículo 27 constitucional. El funcionario decía que eran comunes las prácticas en que emborrachan a los campesinos para convencerlos de vender sus tierras por medio de tratos informales, y sin apego a las normas establecidas por las autoridades agrarias (en cuanto a celebración de consultas en los órganos ejidales), y así, muchas tierras de núcleos agrarios, sobre todo de interés turístico o inmobiliario, estaban pasando a manos privadas, con papeles que incumplían la legalidad. Ya instalado, en abril de 2006, como secretario de la Reforma Agraria , el funcionario rechazó dar nuevos detalles de esas compras ilegales cuando la prensa le preguntó al respecto. Abelardo Escobar se ha apegado al guión oficial de aplaudir los procesos de conciliación agraria a que se ha enfocado la SRA desde el gobierno pasado. Juan Rafael Elvira Quesada Secretario de Medio Ambiente FOTO: José Antonio López / La Jornada Juan Rafael Elvira Quesada es graduado del Instituto de Tecnología de Cranfield, de Gran Bretaña, como maestro en ingeniería y mecanización agrícola. Desde 2001 ha ocupado cargos dentro del aparato público relacionado con la ecología, y en este sexenio heredó el puesto que durante el cierre del foxismo tuvo Alberto Cárdenas, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente. Ha sido poco notoria la presencia de Elvira en las decisiones de política ambiental –en medio de advertencias constantes durante varios meses de que en Chihuahua se está sembrando maíz transgénico sin autorización gubernamental, su secretaría se ha mantenido callada–. Pero el funcionario tiene declaraciones que son verdaderas joyas. En agosto de 2007 Elvira Quesada habló de los efectos del huracán Dean en el sureste. “De no solamente ningún muerto, sino que tampoco ningún lesionado, esto parte de un principio de planeación, de mucha organización, de mucho trabajo de la ciudadanía, de ustedes los medios de comunicación, pero también evidentemente de las acciones de gobierno y también, por qué no decirlo, Dios nos vio con ojos de piedad”. Juan Rafael Elvira también nos ha iluminado al descubrir los secretos de la biodiversidad: “Cuando en México y en el mundo se extingue una especie, no sólo se afecta la integridad y el funcionamiento de su entorno, desaparece también cualquier oportunidad para poder aprovecharla, por ejemplo, como alimento o como medicina”, dijo en mayo de 2007.

Pésimas cuentas de Calderón:

La economía agroalimentaria, un desastre

Víctor Suárez Carrera

Los resultados económicos del sector agroalimentario en los 500 primeros días de la administración de Felipe Calderón constituyen un rotundo fracaso, a la vez que un inapelable mentís a la gestión y a la campaña mediática y prédicas tipo superación personal del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, acerca de la existencia de un “campo ganador”. Los hechos están a la vista.

Estancamiento. Más allá de las irreflexivas declaraciones del secretario Cárdenas, de que el sector agropecuario ahora constituye el motor de la economía mexicana, con tasas de crecimiento del 7.7 por ciento, la realidad es que en 2007 el Producto Interno Bruto (PIB) sectorial creció sólo 1.9 por ciento frente a 3.8 del PIB nacional.

Y si se considera en términos reales, es decir descontando la inflación, el crecimiento fue de apenas 0.9 por ciento. Ello, no obstante la excelente precipitación pluvial y el aumento del volumen y valor de los granos básicos, derivado de los altos precios.

Déficit récord de la balanza comercial agroalimentaria. Los resultados de la balanza comercial sectorial en 2007 desmienten el discurso triunfalista del presidente Calderón y del secretario Cárdenas, en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las agroexportaciones, base de su política sectorial y “motor” del crecimiento, son un éxito para el campo y la economía en su conjunto.

En 2007 se tuvo un saldo negativo en la balanza comercial agropecuaria de 5 mil 82.4 millones de dólares. Este déficit, que representa un monto similar al presupuesto de la Secretaría de Agricultura y que participa con casi la mitad del déficit comercial total del país, es el más alto en la historia contemporánea.

Este saldo negativo sin precedente es superior en 48 por ciento respecto al déficit sectorial de 2006.

Las importaciones de granos y oleaginosas también llegaron en 2007 a sus máximas cifras. En el caso de maíz, ascendieron a 10.7 millones de toneladas, con un valor de mil 830 millones de dólares; en trigo fueron 3.2 millones de toneladas, por 817 millones de dólares; en soya, 3.6 millones de toneladas, por mil 131 millones de dólares; en sorgo, 1.8 millones de toneladas, por 321 millones de dólares, y en arroz, las importaciones sumaron 826 mil toneladas, con un valor de 240 millones de dólares.

Importaciones sin precedente de fertilizantes. Como resultado del desmantelamiento de la capacidad nacional de producción de fertilizantes nitrogenados, así como la imprevisión e indolencia del gobierno calderonista, las importaciones de urea, dap, triple 17 y potásicos, entre otros, llegaron a la cifra récord en 2007 de mil 123 millones de dólares. Si descontamos el valor de las exportaciones de abonos, de 114 millones de dólares, el resultado de la tripleta Calderon-Sojo-Cárdenas en materia de balanza comercial de abonos es un saldo negativo sin precedentes de mil ocho millones de dólares.

Desde luego que este hecho es influido por la elevación de los precios del petróleo y sus derivados, pero sobre todo es el resultado de la política neoliberal de desindustrialización, de complicidad con las prácticas monopólicas en el sector agroalimentario y con la ausencia total de planeación y prospectiva sectorial (y de la economía en su conjunto).

La elevación récord de las importaciones de fertilizantes y de sus precios al consumidor final, además de contribuir al crecimiento del déficit de la balanza comercial total, que ascendió a 11 mil millones de dólares en 2007, incrementó en más de 30 por ciento los costos de producción agrícola, neutralizando o minimizando el beneficio del alza en los precios al productor.

Importaciones silvícolas. Como parte del sector primario de la economía, las importaciones forestales y de productos celulósicos dirigidos a la industria gráfica ascendieron en 2007 a un récord de 8 mil 13 millones de dólares. Al descontar las exportaciones, se tiene un saldo negativo de esta balanza de 5 mil 658 millones de dólares.

El sector primario, decisivo en el déficit comercial total. Si sumamos los saldos negativo de la balanza comercial agroalimentaria, de los abonos y forestal y de la industria gráfica, resulta que prácticamente todo el déficit comercial del país en 2007 (11 mil millones de dólares) es responsabilidad del sector primario de la economía, sector al que de manera obsesiva y enfermiza han dado la espalda los gobiernos neoliberales desde 1982 hasta la fecha. Además, es una casualidad que este sector haya estado bajo la responsabilidad del ingeniero Alberto Cárdenas, primero en la Comisión Nacional Forestal y en la Secretaría de Medio Ambiente en el sexenio foxista y ahora en Agricultura.

Crecimiento de los precios de los alimentos. Uno de los argumentos favoritos del presidente Calderón a favor del TLCAN es que la libre importación y la dependencia alimentaria han permitido poner a disposición de la población alimentos baratos, de gran variedad y de alta calidad. Los hechos desmienten una vez más la propaganda gubernamental.

Si nos atenemos a las cifras del Banco de México, en los primeros 500 días del calderonato el índice de precios al consumidor de alimentos procesados, bebidas y tabaco creció 97.5 por ciento por encima de la inflación general.

Tenemos muy presente la ineptitud y complicidad del gobierno de Calderón frente al tortillazo de enero del 2007, así como frente a las escaladas de precios del pan, huevo, leche, carne, aceite comestible, pastas y muchos otros productos de la canasta básica alimentaria. Los pactos de “estabilización” de precios y los acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para “rebajar” los precios han sido un completo fracaso y una patética repetición de los gastados esquemas del priísmo. Tan sólo en el primer bimestre de 2008, los precios de la canasta básica de dispararon en más de 20 por ciento.

Respecto de alimentos diversificados y de calidad, sólo una pequeña elite puede acceder a la oferta, en tiendas o secciones gourmet. La mayoría sufre malnutrición, caracterizada por desnutrición y anemia para el 20 por ciento de la población (principalmente rural, indígena, y de niños y niñas de hasta 5 años) y por obesidad para un tercio de los mexicanos (debido al consumo de alimentos chatarra, comida rápida, refrescos).

Éstos son algunos de los resultados económicos de la estrategia de un “campo ganador” de los primeros 500 días del calderonato.

Es ingenuo esperar resultados diferentes en el sector agroalimentario aplicando las mismas fórmulas fracasadas del pasado.

Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Claroscuros del financiamiento rural

• Crédito al campo en su nivel más bajo
• Hay dinero, pero las organizaciones al margen
• Disociadas las políticas agrícola y financiera

Evaluar la política financiera para el campo en lo que va transcurrido del gobierno de Felipe Calderón deriva en claroscuros.

Como resultado en gran parte de iniciativas surgidas en el sexenio de Vicente Fox –pero que entonces fueron sólo marketing — ahora han aparecido muchos programas que fomentan el nacimiento de intermediarios financieros rurales, lo cual suena bien en principio, pero al tiempo hay fallas estructurales. Y un indicador demoledor: el financiamiento al campo registra hoy su nivel más bajo récord, incluso debajo de lo observado en la crisis devaluatoria de 1995.

Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), afirma: “hoy hay dinero y hay políticas favorables, pero no hay experiencia suficiente; la sociedad rural está desvinculada y está haciendo falta un eslabón (de apoyo público) que permita la organización, la capacitación y la asistencia técnica de las organizaciones campesinas” para que éstas se conviertan en intermediarios financieros. Hoy estas agrupaciones “están teniendo muchas dificultades para tener acceso a apoyos y para aprovecharlos constructivamente. No tienen esquemas de asesoría, capacitación, información; hace falta apoyar su nacimiento, desarrollo y evolución, y para ello se necesita un nuevo marco legal”.

El fomento a las Sofomes que caracteriza los 500 días de Calderón “representa acceso al crédito fácil, barato y rápido, lo cual está siendo aprovechado por parafinancieras, despachos, organizaciones comerciales, que han asumido el crédito como parte de su estrategia de negocios”, pero las agrupaciones de productores, y los grandes segmentos rurales históricamente excluidos del financiamiento, están en general al margen.

Isabel Cruz subraya que más allá del fomento de intermediarios rurales, es contundente que el crédito al agro está desplomado. “No hay financiamiento para la economía productiva; no sólo en agricultura cayó; también en manufacturas, y lo que ha crecido impresionantemente es el crédito al consumo. Lo que se ha venido autorizando son bancos en el segmento del consumo, como el de Wal Mart, El crédito al campo representa hoy sólo 1.5 por ciento del crédito total a la economía.”

Recuerda un reciente análisis del Grupo Interagencial (que agrupa a Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo), el cual menciona que el crédito bancario al sector agropecuario –que apenas atiende a 15 de cada cien unidades de producción– se redujo en 42 por ciento real entre 2000 y 2005.

La especialista comenta factores positivos en la banca de desarrollo: “El principal factor de cambio en este sexenio está en Fideicomisos Institutidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que se ha flexibilizado para reconocer distintos intermediarios; antes tenía un sesgo absolutamente financiero-bancario y de elite. También la Financiera Rural ha logrado acumular cierto nivel de experiencia organizacional con dispersores del crédito, como uniones de crédito y entidades de ahorro y crédito popular.

“Pero por otro lado, es impresionante que no hay ningún vínculo entre las políticas agrícolas y las financieras. El sector financiero está a su libre arbitrio, ahorita por fortuna con buenos precios para maíz y otros granos, pero como la Secretaría de Agricultura no está haciendo nada, un contexto diferente (de caída de precios) haría que se viniera abajo todo el financiamiento rural. También se observa muy claramente, como sello panista, que los apoyos financieros están dirigidos por el clientelismo, el corporativismo.”

Adicionalmente, concluye Isabel Cruz, falta mucha capacidad en los equipos operadores financieros sobre la realidad organizacional de México, del mercado. No están preparados para hacer una banca moderna, eficiente y que responda al cambiante contexto agrícola. Prevalecen tecnologías de crédito parametrizado (Lourdes Edith Rudiño).

Comercio vulnerable

Sergio Ivan Polanco López

FOTO: Anec

La continuidad estricta de las políticas comerciales priístas revela que en este sexenio es inviable modificar la ortodoxia del libre comercio.

Resulta irónico que los equipos de Luis Téllez y Jaime Serra Puche, quienes negociaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se hayan mantenido en el aparato público y estén decidiendo en la actualidad las políticas comerciales para el sector agroalimentario. Entre ellos están Rocío Ruiz, Andrés Casco y Andrés Rosenzweig, quienes defienden su visión de ventajas comparativas y libre mercado.

Esta continuidad es fortalecida por la administración gerencial de Alberto Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que –subordinada a los intereses de Lorenzo Servitje y su corporativo Bimbo; de Roberto González Barrera, y su Maseca; del Consejo Nacional Agropecuario y su representación de los grandes agricultores, importadores y exportadores– ha llevado al sector a la falta de previsión, a la vulnerabilidad y a la total dependencia de factores externos, menospreciando la planeación y la definición de un rumbo a seguir.

Es así como los gerentes Calderón-Cárdenas-Sojo iniciaron su gestión sin una política clara para el sector, y con el súbito incremento de los precios internacionales de los granos, que desembocó en los ya célebres tortillazo y bolillazo de 2007. La falta de conocimiento del sector, la inercia en la aplicación de las políticas públicas y los factores estructurales han provocado que la alimentación de la población mexicana esté a la gracia de la volatilidad de los mercados internacionales.

Los factores que caracterizan al sexenio en materia agroalimentaria son:

La falta de previsión, vulnerabilidad y total dependencia a factores externos. Con la desaparición de instancias de planeación y control en las instituciones mexicanas que fueron sustituidas por la hipnosis del libre mercado, el gobierno mexicano se auto-imposibilitó para prever y prepararse ante los aspectos negativos que el mercado internacional estuvo anunciando desde principios del 2007. El incremento sustancial de los precios internacionales de granos, la caída de los inventarios y las malas decisiones del gobierno, nos han dejado a la merced de las decisiones de otros países, y se expresan en precios altos al consumidor.

La miopía del gobierno federal. Con la imposibilidad de responder de manera clara y precisa a los factores externos, ahora el gobierno cree que la única salida para el campo es aprovechar la bonanza de los precios internacionales altos. Pero esto es una burla para los pequeños y medianos productores, dadas las condiciones estructurales del sector agroalimentario, con dominio de grandes trasnacionales o nacionales, que imponen condiciones oligopólicas, y con subidas exponenciales en los años recientes en los precios de los insumos agrícolas, como es el caso del fosfato diamónico, mejor conocido como DAP, que durante la gestión del gerente Calderón se ha encarecido en 130 por ciento

Incremento de los precios internacionales. La creciente dependencia de las importaciones de alimentos que hemos desarrollado por años y el desmantelamiento de nuestro aparato productivo, han desarmado al actual gobierno para enfrentar la inestabilidad de los mercados. El maíz, que venía comportándose con una tendencia hacia la baja desde 1995, con un ligero repunte en 2003, ha alcanzado precios nunca antes vistos, pasando de 3 dólares por bushel en 2006 (118 dólares por tonelada) a cuatro en 2007 (157 dólares por tonelada), y éstos repercuten en el precio de la tortilla. Pero lo peor es que en los dos primeros meses de 2008 importamos 751 mil 500 toneladas de maíz amarillo; 49 mil 488 de maíz blanco y 16 mil 336 toneladas de maíz quebrado procedente de Estados Unidos, a precios aproximados de 198.81, 228.76 y 231.45 dólares por tonelada, respectivamente. Esta importación sin precedente desnudó la nula política comercial interna y la incapacidad gubernamental para evitar que las importaciones hicieran caer los precios al agricultor nacional. Empresas como Maseca, Cargill, y otras más compraron garno nacional a precios deprimidos.

El presupuesto de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y sus amoríos con los monopolios. Aserca ha contado en los años recientes con los mayores presupuestos en su historia; el gobierno federal ha pretendido suplir sus carencias en materia de políticas públicas con recursos que en su mayoría han sido utilizados a favor de un pequeño sector de grandes agroempresarios y de un grupo de corporativos con prácticas oligopolicas y/o monopólicas, que se concentran en cuatro estados a los mucho. Destaca el Programa de Apoyos a la Comercialización , que de acuerdo con un estudio de John Scott, concentra sus apoyos en màs de 50 por ciento en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Baja California.

Resultados de la continuidad. A 15 meses del sexenio del presidente Calderón, están a vista acontecimientos que nos permiten visualizar hacia donde vamos en materia comercial agroalimentaria; la continuidad del modelo nos seguirá dando los mismos resultados como son:

• Déficit de la balanza comercial incrementándose.
• Incremento de precios al consumidor.
• Concentración de tierras.
• Quiebra de pequeños productores.
• Fortalecimiento de los monopolios.

El no contar con políticas públicas adecuadas y herramientas eficaces de información coloca como perdedores a los productores, quienes reciben precios bajos aun cuando las tendencias internacionales van al alza. Los consumidores y los contribuyentes son también perdedores; los primeros porque siguen pagando precios altos por los productos finales, y los segundo porque aportan sus impuestos para subsidiar a las grandes empresas nacionales y transnacionales para que éstas sigan haciendo el favor de comprar sus cosechas a los productores nacionales.

Encargado de Políticas Públicas de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

Cañeros: lento avance con Calderón Después de las intensas luchas que protagonizaron frente al gobierno de Vicente Fox, y en particular con su primer secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, los productores de caña de azúcar consideran que la administración de Felipe Calderón ha iniciado “no con una nota de 10, pero sí con funcionarios más enterados y que conocen bastante más” de esta rama económica y por lo pronto la confrontación no es asunto vivo. FOTO: Presidencia de la República Carlos Blackaller Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (UNC-CNPR), señala que la cadena caña-azúcar está dando pasos en este gobierno, aunque muy lentos. Los logros son: uno, el surgimiento, a inicios de 2007, del Programa Nacional para la Agroindustria de la Caña de Azúcar (Pronac), mismo que ya se venía trabajando desde los últimos meses del foxismo, y dos, el avance de la aplicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con la reciente instalación, en marzo, del comité nacional de la agroindustria (instancia indispensable para la concertación entre cañeros, ingenios y gobierno federal, y para encauzar adecuadamente la investigación científica de esta rama, la cual hoy está muy dispersa). Aunque lento, este gobierno avanza. Según Blackaller, la instalación de este comité nacional traía un retraso de 30 meses, pues la ley se promulgó desde agosto de 2005. Pero hay un aspecto que debe atenderse y donde el gobierno de Calderón está fallando: el comercial. “Las autoridades están enfocadas a controlar la inflación” y con ello presionan a la baja los precios al productor de caña y al propio ingenio, y sin embargo el consumidor final está pagando precios excesivos por el azúcar y por los productos que la insumen (como refrescos y panificación) sin que el gobierno intervenga frente a intermediarios e industriales. “El productor de caña recibe por cada kilo de azúcar 3.41 pesos; los ingenios venden el kilo entre 5.5 y 6 pesos, y la industria usuaria –que se beneficia pues estos precios son más baratos que en meses anteriores— afirma mentirosamente que el azúcar se ha encarecido y con ello justifica alzas en los precios al consumidor en panificación y bebidas embotelladas”. Además el azúcar en estanquillos se vende al ama de casa a 10 u 11 pesos por kilo, el doble de lo que recibe el ingenio y más del triple de lo que recibe el cañero. Para la agroindustria cañera, que genera 2.5 millones de empleos directos y que incide en la economía de más de 20 mil municipios, es indispensable que el gobierno meta orden y que permita que el beneficio de los precios sea para los productores no para los intermediarios. En este marco, la agroindustria cañera, con producciones mayores a 5.5 millones de toneladas anuales, no logra comercializar bien. Y en el ámbito de las exportaciones, “no hemos podido aprovechar la apertura del mercado de Estados Unidos (este año con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte)”; las pocas exportaciones que hay están en manos de brokers. “No tenemos una política comercial para vender adecuadamente el azúcar” (Lourdes E. Rudiño).