POLÍTICA AGRARIA

Iniciativa de Ley contra Ejidos y Comunidades

Olmo Rodríguez R.
Luciano Concheiro Bórquez*

A principios de marzo el presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), Ramón Ceja Romero, presentó para su discusión una iniciativa que busca modificar diversos artículos de la Ley Agraria. La iniciativa está muy por debajo de otras presentadas en las legislaturas recientes, en la LIX (CONACOSA, Ley Federal Agraria) y en la LX (Ley Nacional Agraria), y profundiza el sentido privatizador de la contrarreforma agraria de 1992, vulnerando la propiedad ejidal y comunal.

Rasgo distintivo de esta iniciativa es que no hace mención de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) – institución encargada de atender los asuntos que tienen que ver con tierras ejidales y comunales–, lo que apunta a la intención de hacerla desaparecer; y no considera demandas del movimiento campesino en términos de profundizar la participación de la Procuraduría Agraria en la defensa de los núcleos agrarios y de lograr su autonomía.

Omisión de sujetos agrarios. En cuanto a los sujetos agrarios, no caracteriza la calidad de posesionario, dejando en la indefinición a cerca de 650 mil sujetos agrarios que fueron reconocidos por las asambleas ejidales y que actualmente cuentan con un certificado otorgado por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede). La gran mayoría de estos posesionarios son hijos de los ejidatarios y tienen predios mucho más pequeños, lo cual los convierte en un grupo vulnerable.

En la iniciativa no se establecen disposiciones que le permitan a la SRA impulsar un fondo de reconversión de tierras, con el propósito de fortalecer la economía campesina y detener y revertir el proceso de concentración de tierras. Tampoco permite declarar las tierras parceladas como patrimonio familiar, con lo que se deja en el desamparo a muchas familias campesinas en los casos en que el ejidatario venda sus tierras sin consentimiento de esposa e hijos, y no establece preferencias en la sucesión, con lo que se vulnera el patrimonio de la familia y no supera las insuficiencias que existen en cuanto a la regulación de las formas organizativas del medio rural.

La iniciativa tampoco considera las propuestas para que la Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer pueda constituirse en figura asociativa, independientemente de si tiene tierras. Menos aún, avanza en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, establecido en el artículo 2 de la Constitución Federal y el mandato de protección especial de sus tierras en el artículo 27 de la propia Carta Magna.

En un ataque a la relación sociopolítica de los ejidos y comunidades, la iniciativa panista, desaparece la Junta de Pobladores, lo que contraviene la propuesta de las organizaciones campesinas que solicitan que esta instancia tenga un papel más activo y protagónico como representantes de las comunidades rurales ante los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.

Simulación de latifundios. En términos ambientales, no establece disposiciones que protejan los bosques y las selvas de los núcleos agrarios, ni dice cómo revertir en donde ya se regularizó el parcelamiento y evitar que éste ocurra en zonas de reforestación o en áreas que hayan sido taladas o destruidas por el fuego. Tampoco protege a favor de los núcleos agrarios la existencia de yacimientos de recursos no renovables. Ni modifica las definiciones de los tipos de pequeña propiedad de la ley vigente, lo que se presta a que los límites de la propiedad forestal sean rebasados al considerar éstas como de agostadero, con repercusiones ambientales negativas y la posible simulación de latifundios forestales.

En su afán privatizador, propone que el dominio pleno sea autorizado en una sola asamblea de formalidades simples, lo que de facto es un intento de acabar con el régimen ejidal. Además, considera que la aportación de los derechos de usufructo a sociedades mercantiles, prevista en la actual ley, se cambie a la aportación de los derechos parcelarios. La iniciativa no acota a las sociedades mercantiles y no las obliga a mantener en producción la tierra, lo que permitiría abusos y pérdida de tierras de los núcleos agrarios.

Finalmente, el plan panista no considera modificación de las causales de utilidad pública de la actual ley, que están por encima de las consideradas en otros regímenes de propiedad, como son las relativas a la creación de áreas para la expansión del turismo y la industria.

Se trata entonces, de seguir golpeando al campo, demostrando que no representa ninguna prioridad sino de lo que se sigue tratando es de eliminarlo de la jugada.

*Profesor investigador UAM-Xochimilco
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