■ Publicó el reglamento de la legislación sin tomar en cuenta al consejo consultivo, señala

El Ejecutivo federal violó la ley de bioseguridad: especialista

■ El caso deber ser atendido jurídicamente, dice el coordinador del órgano, Alejandro Espinosa

■ ONG interpondrán una controversia constitucional; “el gobierno avala siembra de transgénicos”

Matilde Pérez U.

El Ejecutivo federal violó la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM) al publicar el reglamento de ésta sin consultar al consejo consultivo científico, por lo que hay una serie de inconsistencias y omisiones, dijo el coordinador de ese órgano, Alejandro Espinosa.

Comentó que en septiembre del año pasado giró un comunicado a la Presidencia de la República manifestando su inconformidad porque el citado consejo científico no fue consultado para analizar la última versión del reglamento de la citada legislación.

Expuso que el artículo 20 de dicha ley establece que el consejo consultivo científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Órganismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) fungirá como órgano de consulta obligatoria de la propia comisión en aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad de los OGM. Por ello, abundó, era muy importante la consulta a comité en torno al reglamento publicado el pasado 19 de marzo en el Diario Oficial, pero al suprimir la consulta, éste se quedó sin las observaciones respectivas.

La situación es grave porque el consejo consultivo científico tiene funciones relevantes por atender y se le ha minimizado; sin embargo, se otorga relevancia a los comités técnicos científicos de las secretarías de Estado involucradas en dicha normatividad y se remite la actividad del citado órgano a las reglas de operación del mismo, lo que es un absurdo.

“Si la autoridad evitó la consulta obligada al consejo consultivo científico en el documento más importante para el país en asuntos relacionados con los organismos genéticamente modificados, es evidente que no consultará otros aspectos que pueden ser sumamente riesgosos para la nación”, asentó.

Consideró que la situación debe ser revisada a la brevedad en el ámbito jurídico, ya que el reglamento se publicó “en forma indebida, porque se dejó de atender el artículo 20 de la ley de bioseguridad”.

De su lado, Greenpeace, Semillas de la Vida y el Grupo de Estudios Ambientales interpondrán una controversia constitucional en contra de dicho reglamento y asentaron que recurrirán a todas las instancias jurídicas para detener la siembra de maíz transgénico en México.

“El gobierno federal pretende aprobar la siembra de transgénicos pasando por encima de la ley, ya que no se ha establecido un principio precautorio para proteger a los maíces criollos”, expusieron las organizaciones. Exigieron que el régimen especial de protección al maíz –cuyas reglas deben ser publicadas por las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a más tardar en mayo del presente año– considere los planteamientos propuestos desde septiembre de 2006 por científicos, investigadores y organizaciones ambientalistas, así como campesinas.

Advirtieron que el uso de las semillas de maíz transgénicas lejos de ayudar a los campesinos los hará más dependientes de empresas trasnacionales como Monsanto, las cuales encarecerán las semillas. Insistieron en que la adopción de dicha tecnología en el país debe estar sujeta al escrutinio de los campesinos.