■ Los más reacios, la mayoría de los siete magistrados de la sala superior
Iniciativa de reformas a ley orgánica del TCADF provoca división de magistrados
■ El proyecto, impulsado por los diputados Pliego y Ordóñez, busca acabar con la discrecionalidad
Una marcada división están provocando entre los 22 magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) las reformas que impulsan los diputados locales a la ley orgánica de ese órgano autónomo.
Hasta ahora los más reacios a esas modificaciones son la mayoría de los siete integrantes de la sala superior, máximo órgano de dirección y que a decir de los legisladores capitalinos “monopoliza el poder y las decisiones en ese tribunal, a grado tal que se ha incurrido en excesos y abusos en materia de sueldos, prestaciones y demás beneficios a sus trabajadores”.
Con base en la iniciativa de reformas a dicha ley, presentada por los diputados Tomás Pliego y Daniel Ordóñez, el pleno del TCADF lo integrarían los 22 magistrados de salas auxiliares y ordinarias, y no sólo los de la sala superior, para que así este amplio grupo fuera el que decidiera, por ejemplo, quién será el presidente en turno de este órgano impartidor de justicia administrativa.
También se le restarían facultades administrativas a la Sala Superior, y quedaría fundamentalmente con las responsabilidades jurisdiccionales; además, se crearía una contraloría interna, pues según los diputados este tribunal es el único en el país que carece de esta figura de vigilancia.
Consultados al respecto, los diputados locales dijeron que incluso los magistrados que están en contra de las mencionadas reformas “están muy activos”, y citan como ejemplo a César Castañeda, quien ha buscado entrevistas con los legisladores para manifestar su oposición a dicha iniciativa.
Otro de los que están en contra de esa propuesta de los legisladores del PRD es Jaime Araiza, quien cabildeó para frenar, en varios momentos, las reformas que desde la Asamblea Legislativa se estuvieron proponiendo.
El actual titular del Tribunal de lo Contencioso, Raúl Armida Reyes, ya manifestó públicamente su oposición a esa iniciativa, y a él se ha unido –a decir de los integrantes de la ALDF– Víctoria Quiroz, ex titular de este órgano.
Por el lado contrario, y a decir de los representantes populares –de los que estarían a favor de impulsar las reformas de Pliego y Ordóñez son Gabriela Leyva y Jorge Fernández Souza, recientemente ratificados en el cargo por el pleno de los diputados, además de David García Mota y Rubén Minutti Zanata, entre otros.
A decir de Pliego y Ordóñez, buscarán que en este mes se pueda dictaminar su iniciativa y en lo inmediato subirla al pleno para su discusión y votación final.