■ Asociación Pro-Búsqueda logra reunir a 335 de ellos con sus familias biológicas
Desaparecieron 787 niños en los 12 años de conflicto interno salvadoreño
■ Denuncian que el Estado incumple resoluciones de la CIDH para investigar el paradero de los menores
San Salvador, 6 de abril. Alberto Henríquez tenía seis años cuando un soldado decidió “llevárselo” de la localidad El Mozote, en el nororiental departamento salvadoreño de Morazán, donde durante un operativo militar contrainsurgente en diciembre de 1981 fueron asesinadas más de mil personas, incluidos ancianos y niños.
El militar Manuel Henríquez se quedó con el niño en medio de la operación castrense cuando éste se había desprendido de sus familiares, quienes huían para evadir la muerte.
“Primero me llevó a la sede militar y luego a la casa de su madre” en el departamento Chalatenango, en el noroeste del país, relató Henríquez, a quien el soldado le brindó su apellido, y con la asistencia de su progenitora, lo crió.
Durante los siguientes 19 años nada supo del paradero de sus parientes o si habían sobrevivido a la matanza.
Ahora, con 34 años, casado y dedicado a la pesca artesanal, asegura que “mantiene buena comunicación” con su familia adoptiva, pero que también da “gracias a Dios” por haber realizado “mi rencuentro con toda mi familia (biológica)”, en mayo de 2000.
Alberto forma parte de los 787 casos registrados de niños desaparecidos durante el conflicto armado interno (1980-1992), muchos de los cuales fueron llevados a orfanatos o dados en adopción a familias estadunidenses y europeas.
Desde 1994 la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos ha logrado facilitar el rencuentro con sus familias biológicas de 335 “niños desaparecidos”, ahora adultos, tanto en el interior de este país centroamericano como en varias ciudades de Estados Unidos y Europa. El resto de esas personas aún no se han ubicado.
Condena por el caso de las hermanas Serrano
En marzo de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó por primera vez en la historia al Estado salvadoreño por el caso de las hermanas Ernestina y Herlinda Serrano, desaparecidas durante un operativo militar en Chalatenango en junio de 1982 cuando tenían de siete y tres años respectivamente.
La sentencia del tribunal que funciona en el ámbito de la Organización de Estados Americanos ordenó a El Salvador, como primera medida de reparación a la familia, “investigar los hechos, sancionar a los responsables y efectuar la búsqueda” de las hermanas Serrano.
La sentencia incluye, entre otras medidas, el funcionamiento de una Comisión Nacional de Búsqueda de jóvenes desaparecidos cuando eran niños, la designación de un día dedicado a los niños desaparecidos, brindar tratamiento médico y sicológico a las familias de las víctimas y la reparación material e inmaterial a ellas.
La celebración del Día Nacional de la Niñez Desaparecida durante el conflicto armado, aprobada por el Parlamento salvadoreño en enero de 2007, se llevó a cabo el 29 de marzo en San Salvador, organizado por la Asociación Pro-Búsqueda y donde Alberto brindó su testimonio.
La guerra civil finalizó con los acuerdos de paz de 1992 entre el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y la guerrilla, ahora convertida en partido político legal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y dejó unos 75 mil muertos, 8 mil desparecidos y alrededor de 50 mil lisiados.
Mario Sánchez, coordinador de pro-búsqueda, reclamó que el Estado aún no “investiga ni esclarece el paradero de los niños desaparecidos; tampoco señala a los responsables, lo que promueve la impunidad”.
Sánchez denunció que el gobierno no da “contenido” al Día de las Niñas y los Niños Desaparecidos, ignorando la sentencia de la CIDH.
Se podrían “realizar actos públicos, recordatorios en las escuelas, publicar campos pagados, declarar un minuto de silencio para dignificar a las víctimas”, acciones que garanticen que “estos hechos se conozcan y que no se vuelvan a repetir”, demandó el activista social.
La Asociación Pro-Búsqueda demandó a finales de marzo a los fiscales Yessenia Salguero, José Salazar y José Zavala, de la seccional de Chalatenango de la Fiscalía General de la República, por “faltas graves e inobservancia a sus deberes relativos a cumplir con el ordenamiento jurídico” en el caso de las hermanas Serrano.
La CIDH, según Sánchez, ha emitido dos resoluciones de supervisión, una en 2006 y la otra en 2007, relacionadas a la condena sobre el caso Serrano, en las que urge al Estado salvadoreño cumplir con la totalidad de la sentencia.
A finales de marzo Amnistía Internacional publicó un comunicado en el que exige al Estado salvadoreño cumplir con lo ordenado por la CIDH.