■ El presidente Calderón ordenó actuar con firmeza, dicen militares
Los casos de excesos, por la relación de grupos sociales con la cultura del narco
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Elementos del Ejército Mexicano ingresan a instalaciones del Poder Judicial en Chihuahua
Foto: Notimex
La instrucción del presidente Felipe Calderón “fue actuar con firmeza contra las organizaciones criminales y cuidar los derechos humanos. Se está haciendo en la medida de lo posible en Ciudad Juárez, al igual que en otras entidades donde la autoridad local fue rebasada por grupos del hampa”, revelaron mandos castrenses.
La anterior declaración fue expresada en el contexto del llamado Operativo Conjunto Chihuahua, y luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) dejó en libertad a 22 policías, 15 de ellos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y siete del Centro de Inteligencia Policial, corporación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que fueron detenidos desde el martes pasado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los mandos entrevistados aseguraron que los militares que participan en la lucha contra el narcotráfico “están para responder a los intereses de los ciudadanos alejados de los delincuentes, y que en el estado de Chihuahua, al igual que en Tamaulipas, es necesario desarrollar acciones contundentes contra los cárteles de la droga, porque las autoridades locales fueron rebasadas”.
Según las declaraciones obtenidas, bajo la condición de no revelar la identidad de los entrevistados, el Presidente ha dado instrucciones para que las fuerzas armadas realicen “las acciones necesarias para restablecer el orden y que la ciudadanía recupere los espacios que ahora están perdidos”.
Si bien los entrevistados reconocieron “la posibilidad de que se cometan algunos excesos o abusos, esto ocurre porque los delincuentes han logrado el cobijo de algunas autoridades y grupos sociales que se han identificado como parte de la cultura del narcotráfico”.
Liberan a policías
Los militares entrevistados refirieron que los 22 funcionarios públicos detenidos “recibieron trato adecuado antes de ser entregados al Ministerio Público y siempre tuvieron la posibilidad de comunicarse”.
Sin embargo, las acciones realizadas por el personal de la Sedena en Ciudad Juárez, y concretamente en contra de los 22 policías, se consideraron violatorias de los derechos humanos.
Ayer, una vez que los policías locales fueron entregados a la PGR, el Ministerio Público federal permitió que durante las diligencias estuviera presente un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de verificar que el procedimiento se realizara con apego a derecho, y al cumplirse el plazo para definir su situación legal, fueron puestos en libertad, al considerar que “hasta este momento no existen suficientes elementos de prueba para proceder penalmente en su contra”, indicaron funcionarios de la PGR.
Arrestados, 42 agentes
En ese contexto, desde el pasado lunes, cuando se inició formalmente el Operativo Conjunto Chihuahua, personal de la Sedena ha arrestado a 42 agentes policiacos estatales y municipales, y hasta el momento solamente en nueve de los casos han sido consignados formalmente al Centro de Readaptación Social, acusados de transportar medio kilo de mariguana en tres patrullas.
A cinco días de haber iniciado ese operativo para combatir el crimen organizado en Juárez y zona noroeste del estado, la Sedena informó que ha detenido a 91 presuntos narcotraficantes e incautado más de tres toneladas de mariguana, cuatro kilos de cocaína, 77 armas de fuego, 67 vehículos y más de 23 mil dólares.
Los principales golpes a narcotraficantes han ocurrido en Ciudad Juárez y en la capital, donde se ha desplegado el mayor número de efectivos militares y de la policía federal, quienes se apoyan con vehículos terrestres y aéreos para realizar la labor de inteligencia y vigilancia.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que policías federales decomisaron 866 kilos 200 gramos de mariguana y detuvieron, en Ciudad Juárez, a Andrés Villafaña Salazar, Rigoberto López Gómez y Miguel Ángel Rivas Sánchez, por ser los responsables de transportar la droga en un tráiler.