Por Fernando Mino

Ignacia Lamas Chávez es una indígena cora de Mojocuatla, una localidad del cañón del río San Pedro. Es partera y trabaja con medicina tradicional en su pueblo, de poco más de 500 habitantes, y en otros de la región cora baja de Nayarit. El sida es algo nuevo para ella, una infección que ya comienza a afectar a las personas de las comunidades en las que trabaja, “gente que no conoce, que no pueden hablar el español y que viven muy retirado”. Por eso creyó importante capacitarse sobre el tema.

La señora Lamas participa desde 1991 en una organización civil de médicos tradicionales, que opera en el municipio de Ruiz, también en la región norte de Nayarit. En 2007, Lamas coordinó un proyecto de prevención del VIH/sida financiado con recursos públicos manejados por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida). Lamas y otras siete personas visitaron las comunidades indígenas de la zona —coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros— para hablar, en las lenguas de cada grupo, de prevención del VIH, una labor difícil, pues como señala doña Ignacia, “la gente no se ánima con lo del condón, porque no están acostumbrados así”. Pese a todo, la experiencia fue buena: “En las comunidades nos dijeron que les gustó que les lleváramos información pues nunca habían sabido nada de eso y, como viven en pueblos retirados, saber a dónde pueden ir para que los vean los doctores”.

Además del proyecto de la Organización de Médicos Indígenas Tradicionales del Estado de Nayarit, el Censida financió 113 más, una inversión de 30 millones de pesos —un promedio de 268 mil pesos por proyecto— gastados entre septiembre y diciembre de 2007. Para 2008 se invertirán 35 millones de pesos.

Picaderos seguros para reducir riesgos

En Ciudad Juárez, Chihuahua, vive la mayor cantidad de usuarios de drogas inyectadas del país, más de cinco mil personas. En los picaderos, situados en los márgenes de la ciudad, no entra cualquiera, es un territorio libre para el consumo y la venta de heroína y otras drogas. Los activistas de la organización civil Compañeros trabajan en esos espacios marginales desde hace 21 años. Con el dinero de Censida ampliaron los alcances de su proyecto de reducción del daño —la provisión de información y de jeringas nuevas para evitar infecciones. “Pudimos hacer el trabajo de alcance comunitario que ya tenemos bien establecido e integrar un nuevo modelo para seguir a usuarios de drogas positivos al VIH o a la hepatitis B”, cuenta Maria Elena Ramos, directora de la organización.

Activistas, algunos de ellos vecinos de los mismos barrios de consumo de drogas y trabajo sexual, siguieron en forma personal a 75 usuarios de drogas para fortalecer su percepción del riesgo y favorecer en ellos prácticas menos dañinas. Otras 32 personas, además de sus familiares y amigos, participaron en un programa holístico para el cambio de comportamiento. Los resultados fueron buenos: el mercadeo social de jeringas nuevas subió de 300 a mil unidades al mes, lo que significa que los usuarios tuvieron la iniciativa de cuidarse del VIH y la hepatitis C.

El trabajo de organizaciones como Compañeros no podría ser realizado por instancias de gobierno, siempre sospechosas para los grupos tradicionalmente rechazados o incluso perseguidos, como reconoció el secretario de Salud, José Ángel Córdova, en septiembre de 2007: “El estigma, homofobia y discriminación social siguen siendo altas, por lo que estas poblaciones se ven forzadas a reunirse en sitios que no necesariamente están al alcance de horarios o días de la semana en que el personal de salud trabaja”.

La sociedad civil financiada por Censida se ha concentrado en las poblaciones más vulnerables al VIH, según las estadísticas: hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables, niños y adolescentes en situación de calle, personas transgénero, hombres privados de su libertad, personas que viven con VIH/sida, además de comunidades indígenas: sectores con tasas de infección más alta que la población general.

Sólo para varones muy entrones
Por la noche puros hombres lo visitan. La discreción es ley en un lugar de encuentro sólo para varones. Entran y salen del lugar con cierta regularidad hombres adultos de todas las edades. Se llama El Gremio, un centro comunitario que brinda información, asesoría y capacitación sobre el VIH a hombres gay y otros hombres que no se asumen como gays pero que “son entrones”. Con sus instalaciones limpias y muy bien montadas, el centro, ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, distribuye condones y lubricantes a quienes lo visitan con fines de recreación sexual; a cambio, sólo se pide una cuota de recuperación. El espacio de dos plantas, permite la interacción de su clientela que puede optar por permanecer sentado frente a la proyección de películas porno, o perderse en la oscuridad de alguno de sus cuartos.

El Gremio es un centro comunitario peculiar, se trata de una estrategia que permite realizar trabajo preventivo in situ, con una clientela cautiva, al mismo tiempo que genera recursos para la asociación. “Es un proyecto productivo”, señala Andrés Costilla, dirigente de Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, mientras nos muestra los carteles y las postales de la campaña Así sí le entro, financiada por Censida. En los cuatro meses que duró el proyecto, visitaron el lugar 3,225 hombres.

Para el activista, el mayor mérito de los recursos proporcionados por el Censida es que “permite lograr un mayor alcance y un mayor impacto del trabajo que venimos realizando las organizaciones civiles”. Ha sido una “oportunidad para profesionalizarse”, dice.

Ineficiente el gasto en prevención
Los resultados obtenidos hasta ahora parecen dispares. Las intervenciones preventivas realizadas han abarcado una gama de acciones de probada eficacia, como la educación entre pares, y otras no tanto, como la impresión de calendarios y otros materiales. Más de la mitad de los proyectos llevados a cabo en 2006 se abocaron a la realización de talleres de capacitación, y muy pocos a la promoción de la detección voluntaria del virus. Sólo una cuarta parte hizo de la distribución y el mercadeo de condones el eje de sus intervenciones preventivas.

De acuerdo con Sergio Bautista, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, la falta de información a nivel global sobre la efectividad de las intervenciones preventivas hace que el gasto en prevención sea ineficiente. “Se está gastando dinero en lo que no es útil, y no se están evitando infecciones que son evitables”, afirma en la presentación que expuso en el Congreso Nacional de Sida en diciembre pasado. Y México no es la excepción. A falta de información científica sobre lo que funciona, el especialista recomienda hacer el mejor uso posible de los recursos, mejorando simplemente la eficiencia técnica de lo que ya se hace.

En un estudio de la eficiencia de 17 intervenciones que promovieron la consejería y detección voluntaria del VIH, se topó con costos muy dispares y encontró que con los mismos recursos invertidos para realizar poco más de 20 mil detecciones del VIH, se podrían llegar a realizar casi cien mil, mejorando la eficiencia técnica. A partir de un análisis de costo-efectividad, señala Bautista, “es posible elegir aquella intervención que brinde el mayor beneficio por recursos invertidos”.

Los proyectos realizados en 2006 y en 2007 fueron sometidos a un comité de evaluadores externo a Censida, y de acuerdo con Javier Cabral, director de Prevención y Participación Social de ese organismo, el equipo de evaluación medirá la efectividad de lo realizado hasta ahora. Los resultados serán dados a conocer en algunas semanas, según adelantó el funcionario. (Alejandro Brito)