Editorial

El debate que el país requiere

A dos días de haber delegado a su partido la responsabilidad de presentar una iniciativa de reforma energética, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, subrayó ayer, por enésima ocasión, la necesidad de robustecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) “para que sea una empresa más fuerte, más competitiva y más próspera”, lo cual, dijo, sólo podrá lograrse “discutiendo con objetividad” la situación de la parestatal y las alternativas de soluciones.

Es indiscutible la necesidad de fortalecer a la industria petrolera nacional, así como la pertinencia de acudir al debate objetivo, a fin de encontrar los mejores cauces para lograr ese propósito; hasta ahora, sin embargo, la actitud del gobierno federal ha apuntado precisamente en el sentido contrario: en vez de políticas orientadas al fortalecimiento de la paraestatal, lo que puede verse son intentos para debilitarla y empobrecerla. Asimismo, lejos de promover una discusión abierta y objetiva sobre un tema de interés nacional, el grupo en el poder se ha conducido en forma muy poco transparente: ha sido incapaz de articular una propuesta coherente y sustentada, ha presentado sus posturas en forma sesgada y tangencial, ha ofrecido especulaciones como si fueran hechos reales, ha desinformado y ha alarmado; sus argumentos sobre la situación de Pemex y a las posibles soluciones han sido rebatidos uno a uno. Ha abierto, de esta forma, un amplio margen para la sospecha y la confusión.

Significativamente, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó ayer de “catastrófico” y “dudoso” el diagnóstico de la situación de Pemex presentado el fin de semana por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director del organismo, Jesús Reyes Heroles, en un signo más de resquebrajamiento de lo que, hasta hace unos días, parecía un frente sólido entre las cúpulas priístas y el partido en el poder.

Por añadidura, el manejo que el grupo gobernante ha hecho sobre el tema ha generado un creciente descontento entre amplios sectores de la sociedad adversos a la privatización del sector energético, por más que el discurso calderonista se empeñe en presentarlos como acarreados y manipulados.

En suma, las actitudes gubernamentales han descompuesto el panorama político nacional, han acentuado la crisis de credibilidad de la autoridad ante el conjunto de sus interlocutores y han generado un ambiente de crispación social.

Pero incluso si fuera cierto el escenario alarmante que el gobierno federal ha planteado en su diagnóstico, no hay razón que justifique el apremio de sacar adelante una reforma energética con sentido parcial o totalmente privatizador, y menos en este mes, como lo había anticipado el líder de la bancada panista en San Lázaro, Héctor Larios. En la circunstancia política actual, lo menos aconsejable para la administración federal –y para la nación en su conjunto– sería presentar por cuenta propia o por conducto del partido en el poder cualquier iniciativa de reforma energética.

Actualmente se cuenta con el tiempo necesario para modernizar a la industria petrolera de la única manera en que eso es posible: con base en un acuerdo nacional, no a contrapelo del sentido popular, y de cara a la sociedad, no a espaldas de ella. En aras de la armonía y de la estabilidad del país, la discusión sobre cualquier cambio en el estatuto constitucional y legal de Pemex debe trascender el ámbito legislativo y desarrollarse en el contexto de un debate nacional articulado y coherente, con datos objetivos, y que incluya al conjunto de las corrientes políticas y de los sectores sociales y económicos. Esa es la única vía posible para la construcción de consensos reales. El gobierno tendría que mostrar sensibilidad y sentido de país, dar marcha atrás y reconocer que la vía que hasta ahora ha recorrido implicará –más temprano que tarde– un costo absurdamente alto, no sólo para el grupo en el poder, sino para el conjunto de la nación.

Es deseable, en resumen, que el gobierno federal reconstruya su discurso energético con coherencia, solidez y verosimilitud, y que participe con claridad y transparencia en la definición de un tema en el que está en juego la viabilidad del país y que, por tanto, debe ser abordado con detenimiento, verdad, fundamento y mesura.