■ Hoy se presentarán 400 demandas contra funcionarios delegacionales y del GDF
Familiares de diputados panistas, implicados en anomalías inmobiliarias en Benito Juárez
■ El boom de construcciones, en las colonias Del Valle, Nápoles y Narvarte: Díaz Cuervo
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Uno de los edificios de departamentos construidos en la delegación Benito Juárez, éste se encuentra en la colonia Narvarte
Foto: Roberto García Ortiz
Familiares de diputados locales del PAN están implicados en los permisos irregulares que otorgó la delegación Benito Juárez durante los siete años recientes a grandes empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, quienes de 2000 a la fecha tapizaron con mil 547 condominios residenciales o unidades habitacionales colonias de esa demarcación, obteniendo ganancias que suman aproximadamente mil millones de dólares.
Así lo aseguró en conferencia de prensa el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, presidente de la comisión plural que se constituyó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para indagar la legalidad de los permisos y autorizaciones otorgados a esas compañías.
En compañía del también diputado Alejandro Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano e integrante de dicha comisión, presentó las conclusiones de los 13 meses de trabajo de ese grupo legislativo, mismos que lo llevaron a tener los elementos suficientes para presentar –el 6 de marzo pasado– 13 denuncias ante la Contraloría General del Distrito Federal en las que señalan la presunta responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios tanto de la demarcación panista de Benito Juárez como de áreas del gobierno central, fundamentalmente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como de constructoras e inmobiliarias.
Incluso, Díaz Cuervo –integrante de la fracción de la Coalición Socialdemócrata– adelantó que el próximo viernes habrán de formalizar 400 querellas más ante esa misma instancia, luego de que al concluir ayer la actividad de la comisión plural especial se lograron obtener más pruebas de anomalías, por lo que pidió que se finquen las responsabilidades que correspondan.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, el legislador fue claro al señalar que un hermano de Miguel Errasti, diputado del PAN en la ALDF, ha sido funcionario en al menos las dos gestiones recientes de la mencionada delegación, con Fadlala Akabani (2003-2006) y con Germán de la Garza (2006-2009), en áreas jurídicas.
Subrayó que dicho servidor público avaló con su firma trámites de edificios que en 2006 y 2007 registraban anomalías en su documentación y cumplimiento de la normatividad vigente.
Por esas circunstancias, señaló, las autoridades delegacionales nunca colaboraron para llevar a cabo la revisión y análisis de los expedientes de los condominios residenciales y unidades habitacionales construidos de 2000 a la fecha. “Por el contrario –dijo–, sufrimos un persistente bloqueo de la delegación, y los documentos que logramos obtener fueron gracias a solicitudes que se formalizaron ante el Instituto de Información Pública del Distrito Federal (…) Lamento la actitud que tuvieron de tapadera”.
Alejandro Ramírez detalló que la comisión plural especial se tuvo que crear ante la cerrazón que las autoridades de Benito Juárez y de la Seduvi mostraron hacia los vecinos, quienes no sabían cómo frenar la “impunidad y los abusos” que se estaban dando ese punto de la ciudad.
De hecho, el también diputado de la coalición detalló que una muestra de esos excesos se dio con los desarrolladores inmobiliarios, quienes luego de la “revolución administrativa” que emprendió el GDF para sustituir las licencias de construcción por manifestaciones de obra, abusaron del trámite y declaraban una cosa y hacían otra.
Señaló que las colonias que concentraron el boom inmobiliario son: Del Valle, Nápoles, Álamos, San Pedro de los Pinos, Narvarte y Portales, con mil 547 edificios nuevos, de los cuales 52 por ciento tienen alguna anomalía, pero además han afectado la dotación de servicios en toda la demarcación.