Mandatos y políticas
Frente a las dificultades derivadas de la crisis del sector hipotecario estadunidense y del sistema financiero, el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado medidas que modifican la estructura normativa de supervisión del funcionamiento de los diferentes segmentos del mercado financiero. En breve, se trata de reducir la regulación de los mercados centralizando las operaciones en una sola organización, que fusiona la Comisión de la Bolsa de Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, a partir de reconocer que la base de operación es que los administradores son responsables, y que por eso la supervisión tiene que ser prudente.
Esto ha sorprendido, ya que el mandato de la Fed es que los agregados monetarios y crediticios sean congruentes con el potencial de crecimiento económico y con las metas de máximo empleo, estabilidad de precios y tasas de interés. No es, como en el caso del Banco de México, un objetivo único: estabilidad de precios, sino que esa estabilidad sirva para generar el mayor número de empleos. Las reformas anunciadas ocurren cuando todo indica que la desaceleración se ha convertido ya en una recesión que se piensa más duradera de lo previsto: no los dos primeros trimestres de este año, sino entre tres y cuatro trimestres.
De modo que frente a la crisis las autoridades estadunidenses actúan con los criterios de los operadores financieros, lo que implica que pudieran repetirse los conflictos, pero en sentido contrario ante la caída de la producción en los países desarrollados se han agudizado las tendencias proteccionistas y las condenas a una globalización que lleva a deslocalizar industrias. Para las naciones en desarrollo el escenario resulta, en consecuencia, negativo: los mercados financieros seguirán creando productos complejos con garantías otorgadas por los mismos emisores, lo que mantendrá la volatilidad de los flujos y, por lo tanto, el control del riesgo será incierto, al tiempo que los flujos de mercancías serán reducidas favoreciendo a productores y trabajadores locales.
En México, la información sobre el desempeño económico de los primeros meses del año da cuenta de una evolución menos complicada de lo previsto. Los precios de los productos primarios que exportamos han seguido aumentando, lo cual ha generando ingresos que están permitiendo capear el temporal y, pese a las crecientes dificultades, nuestros migrantes siguen enviando recursos a sus familias. No se trata, por supuesto, de que las medidas contracíclicas anunciadas por el Ejecutivo estén funcionando. Por ello, las estimaciones del sector privado sobre crecimiento anual del producto siguen reduciéndose, lo que indica que el mercado interno se ha seguido deteriorando.
En materia de precios, aunque ha habido un ligero repunte, la evolución parece cercana al programa diseñado por el Banco de México. Sin embargo, con toda su autonomía han decidido mantener la tasa de referencia en 7.5 por ciento, aunque ello constituya claramente una decisión económica procíclica. El banco tiene razón: su mandato es preciso y lo está cumpliendo. Lo que está mal es justamente ese mandato. El Congreso de la Unión está facultado para modificarlo, adecuándolo a lo que demanda el funcionamiento económico. No se trataría de abrir la llave del crédito primario, sino de incorporar el objetivo del crecimiento económico, obligando a que se instrumentaran políticas de acuerdo con el momento del ciclo.
Evidentemente se complicaría la tarea del Banco de México, pero ello no puede ser la razón para mantener en pie un mandato que impide que la política monetaria pueda ser usada para defender la creación del máximo número de empleos posible. Se trataría de determinar que las instituciones del Estado mexicano están al servicio del desarrollo nacional, lo que implica un mandato incontrovertible que es facultad de los órganos de representación que hemos electo establecer. Así que también habría que hacer esa reforma estructural.