■ La CFE publicó un desplegado de prensa justificando el contrato de operación con Repsol
Fundación Heberto Castillo presentará denuncia por uso indebido de su nombre
La Fundación Heberto Castillo informó ayer que presentará una denuncia penal en contra de quien resulte responsable, ya sea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el analista David Shields Campbell, por el uso indebido del nombre de esa institución y la falsificación de documentos que se utilizaron para defender, en un desplegado, el contrato para la compra de gas licuado a la trasnacional española Repsol.
El martes, Shields utilizó el nombre y el logotipo de la fundación para exponer las razones por las cuales avaló la asignación del contrato para la compra de gas a esa empresa, que le costará al país 21 mil millones de dólares. En dicho desplegado reconoció que el proceso se detuvo entre febrero y julio de 2007, debido a que “el Comité de Infraestructura de la Presidencia de la República y las autoridades energéticas decidieron revaluar algunos aspectos de la política energética nacional y así el proceso estuvo a merced de decisiones políticas de alto nivel”.
En entrevista, Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de vivienda del “gobierno legítimo”, aseguró que la fundación no pagó el desplegado, sino que lo hizo la CFE, y por tanto también se presentará una demanda por daño moral, delito tipificado en el Código Civil. “No se trata de un error y en cambio se presume un ilícito, porque se usurpó el nombre de la fundación y de su emblema”, declaró.
Aceptó, sin embargo, que la fundación firmó un contrato con la Secretaría de la Función Pública por servicios profesionales, que consistieron en participar como testigo social en licitaciones públicas del gobierno federal. “Debo reconocer que fue un error haber participado en este tipo de procesos y haber confiado en David Shields”, dijo.
No obstante, expuso, la fundación le perdió la confianza al analista en temas de energía, debido a las valoraciones personales que expresó en el proceso de licitación y ante su negativa de entregar todos los documentos generados desde la emisión de la convocatoria. “El fungió como testigo social en diversos procesos de licitación y, bueno, es una persona que colaboró con la fundación pero se le perdió la confianza. Sus valoraciones no representan el ideario de la fundación”, afirmó.
El primero de marzo, un día después de que La Jornada publicó los detalles de la operación que benefició a Repsol, la presidenta de la fundación, María Teresa Juárez, informó en carta enviada a este diario que, al conocer los alcances del contrato, no podía participar más como testigo social de licitaciones públicas del gobierno federal, y entonces –recordó Laura Itzel Castillo– se recordó una frase del ingeniero Castillo: “Es de humanos equivocarse, de tontos no reconocerlo y de necios no rectificar”.
Refirió que para hacer oficial esa decisión, se envió un oficio a la Función Pública, donde se cuestionó también las consideraciones de Shields, “que son contrarias a los principios que dieron origen a la asociación, que ha pugnado por la transparencia y la honestidad”.
A pregunta expresa, reconoció que la fundación comenzó a participar en procesos de licitación a sugerencia de David Shields, quien previamente había colaborado en la organización de foros vinculados con energía.
–¿La fundación recibió recursos del gobierno federal?
–En un principio era sin honorarios y luego, de acuerdo con la normatividad, para participar como testigo social se percibe un recurso por servicios profesionales, con el que se le pagó a Shields y se cubrieron los impuestos. Hubo un porcentaje para la fundación y otro para él.
“Se firmó un contrato con la Función Pública donde se establece que hay derechos de autor, pero esto no implica que se haga uso del emblema de la Fundación Heberto Castillo”.