■ El bloqueo fronterizo, supeditado a resultados de la negociación
Inicia diálogo entre gobierno y transportistas bolivianos
■ Anuncian marcha en contra de la prohibición para exportar aceite
■ Se cumplen 6 días de cierre carretero y huelga general en Camiri
Ampliar la imagen
Autoridades bolivianas inspeccionan los restos de un aeroplano que se desplomó en un campo de futbol cerca de un aeropuerto al sur de Cochabamba; se desconocen las causas del percance, aunque el piloto, un trabajador social canadiense, sólo tuvo heridas leves
Foto: Ap
La Paz, 31 de marzo. El gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, inicia esta semana con la continuación de la “guerra del aceite” por la suspensión temporal de la exportación del producto y el bloqueo carretero en Camiri, que llegó hoy a su sexto día.
La Cámara Boliviana de Transporte (CBT) inició hoy un diálogo con el gobierno y pospuso el bloqueo de fronteras anunciado para hoy como parte de la “guerra del aceite”, pero indicó que el miércoles se realizará una marcha multitudinaria de protesta en Santa Cruz para exigir que se cancele la prohibición para exportar aceite.
Advirtió que el bloqueo de las rutas hacia Chile, Perú y Argentina está supeditado al resultado de las nuevas negociaciones.
La CTB exige una tregua de 60 días en el veto indefinido del gobierno a las exportaciones de oleaginosas y que inicie conversaciones con el sector agropecuario para llegar a alguna conclusión.
El gobierno de Morales prohibió hace dos semanas la exportación de aceite comestible a países andinos, además de Holanda y Japón, en un intento por frenar la especulación y reducir los precios del producto en el mercado internacional, medida que, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Rural, ha funcionado y se mantendrá pues el precio bajó 7 por ciento a consumidor final.
En Potosí, Morales Ayma anunció que se inició la adquisición de soya a los productores a 415 dólares la tonelada para la producción de aceite, a fin de abastecer el mercado interno.
La estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que ha distribuido aceite a granel en La Paz y El Alto a 8.50 bolivianos el litro, dijo que podría adquirir hasta 120 mil toneladas de soya en caso de que los empresarios aceiteros se nieguen a adquirirla.
En tanto, los dirigentes de la Confederación Nacional de Choferes sindicalizados del país llegaron esta noche a un acuerdo con el gobierno, con lo que se desactivó el “paro nacional movilizado” de 48 horas anunciado para el martes con bloqueos carreteros.
Los choferes negociaban las demandas de un régimen impositivo más flexible para los transportistas, conversión de vehículos para el uso de gas vehicular y la provisión de lubricantes a precio subsidiado.
En otro conflicto, en la cruceña ciudad de Camiri, ubicada mil 211 kilómetros al sureste de la sede de gobierno, hoy se cumplió el sexto día de un bloqueo carretero y una huelga general indefinida para demandar la “verdadera” refundación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la creación de 800 empleos en el área hidrocarburífera.
Las negociaciones para allanar el camino hacia esas demandas se reiniciaron hoy entre la comisión gubernamental encabezada por los ministros de Hidrocarburos, Carlos Villegas, y de Trabajo, Walter Delgadillo, con el Comité Cívico Local (CCC), que exige que mediante un decreto presidencial se garantice la reversión de los campos Camiri, Cambeyti y Huaruy, concesionados a la empresa Andina, para que los opere el Estado.
El gobierno sostiene que la recuperación de la dirección y mayoría accionaria de Andina, programada para el 30 de abril, junto con el control accionario de las empresas Chaco, Transredes y Compañía Boliviana de Hidrocarburos, “dará como resultado las decisiones de inversión, gestión y operación” de esos y otros campos.
Pero el gobierno niega que se puedan crear mil empleos para Camiri en el sector de hidrocarburos, como lo exige el CCC, aunque ofrece 33 plazas en la gerencia de Exploración y Explotación de YPFB. Compromete además 46 millones de bolivianos (unos 6 millones 134 mil dólares), para “la identificación y elaboración de proyectos” de exploración y explotación, entre otras cosas.
Durante un intermedio en las negociaciones, el asesor del CCC, Pánfilo Ramírez, declaró que hay “más coincidencias que disidencias” entre las propuestas del gobierno y las demandas del movimiento camireño, por lo que podría formularse una propuesta de convenio.
En otro asunto, autoridades y caciques del pueblo aborigen Chiquitano, ubicado en el departamento de Santa Cruz, se declararon de facto en el primer “territorio indígena autónomo”.