Lorenzo Fernández Ortega: clima de terror
El pasado 9 de febrero, el indígena Lorenzo Fernández Ortega fue secuestrado. Un día después, bajo un puente del río que cruza la cabecera municipal de Ayutla, Guerrero, fue encontrado su cuerpo sin vida y con huellas de tortura. Al parecer le cortaron el cuello con un cuchillo.
Fernández Ortega tenía 39 años. Pertenecía al pueblo me’phaa (tlapaneco). Desde hacía dos años trabajaba de albañil. Era también campesino. Estaba casado y tenía dos hijos, a quienes visitaba cada fin de semana en la comunidad de El Camalote.
Entre 1998 y 2001 una brigada médica de la Secretaría de Salud esterilizó con engaños a 14 indígenas de El Camalote. Les ofrecieron una clínica, médicos, medicamentos, despensas, ropa, cobijas, vivienda y becas. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum) emitió la recomendación 35/2004 exigiendo que se reparara el daño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) formuló la recomendación 66/2007 confirmando la violación a los derechos fundamentales de que fueron objeto los 14 indígenas.
Lorenzo formaba parte de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Era el hermano mayor de Inés Fernández Ortega. En marzo de 2002 elementos del Ejército Mexicano la violaron. También abusaron sexualmente de la señora Obtilia Eugenio Manuel. Su caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El indígena asesinado había participado junto con sus familiares y vecinos en la denuncia de la agresión sexual contra su hermana, y en la organización de sus compañeros esterilizados. No tenía conflictos personales con nadie.
El asesinato de Lorenzo no es un hecho de violencia aislado. Según Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el crimen “se circunscribe en un contexto de persecución, amenazas e intimidación sistemática contra Inés y su esposo, Fortunato Prisciliano Sierra, su familia y contra Obtilia”.
¿Quién mató a Fernández Ortega? Obtilia no duda que se trata de una amenaza cumplida contra los integrantes de la OPIM. Apenas unos días antes ella misma había recibido una llamada telefónica de una mujer que le advirtió: “más vale que te calmes, porque allá está mi gente vigilándote”. Desde hace tiempo circulan rumores de que van a matar a todos lo miembros de la organización.
Orlando Manzanares, representante de El Camalote, dice que los asesinos pueden ser parte del grupo paramilitar que actúa en la región. Sus integrantes son vecinos de las comunidades que trabajan para el Ejército y que gozan de impunidad en sus fechorías. Están encabezados por Alfonso Morales Silvino.
La región está patrullada por el Ejército. Los retenes son frecuentes. También las agresiones de los militares a la población civil. No es un hecho nuevo. En 2006 el principal de Barranca de Guadalupe, Fortunato Flores Elena, murió después de que soldados le dieron una “medicina”. La soldadesca se comió los elotes y las chivas e hizo destrozos en la comunidad. A los pobladores les dijeron que “eran rambos, como los de las películas”. En Barranca de Guadalupe vive, desde que se casó, Inés Fernández.
En distintos momentos la tropa ha interrogado a hombres y mujeres sobre la presencia de “grupos armados”, “encapuchados”, guerrilleros, y ha amenazado a los miembros de la OPIM. Invariablemente invade las pequeñas unidades productivas de autoconsumo y las huertas de jamaica y caña que sustentan la economía de los campesinos indígenas. Se mete a las casas, agarra el jabón y la comida. Dice estar buscando delincuentes.
La militarización de la región arranca en junio de 1998. En esa fecha, en la comunidad de El Charco, el Ejército mató a 11 indígenas que se encontraban en asamblea, argumentando que se había producido un enfrentamiento con guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
En junio de 2003, el relator especial sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su visita a la Costa Chica y Montaña de Guerrero, documentó la alta conflictividad en la zona. Ante los testimonios desgarradores de Inés Fernández y Valentina Rosendo, planteó que el Ejército debe ser replegado de las inmediaciones de las comunidades indígenas, y que su presencia en estas regiones deben ser estrictamente compatible con sus deberes constitucionales.
Modesta Cruz Victoriano es la viuda de Lorenzo. Su futuro es más difícil de lo que ya era. “No tenemos hijos grandes para sembrar –dice–, y él ya no va a volver.”
Lorenzo murió el 10 de febrero. No es el único dirigente social que ha sido asesinado en meses recientes. Al dirigente chatino Lauro Juárez, miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), lo desaparecieron y mataron el pasado 31 de diciembre. El luchador social zapoteco Rosalino Díaz Barrera, integrante del ayuntamiento popular autónomo de Villa de San Blas Atempa, fue salvajemente asesinado por el cacicazgo priísta el 30 de enero. Al líder agricultor Armando Villareal Martha, protagonista de innumerables protestas rurales, un comando le disparó ráfagas de metralleta a la cabeza el 14 de marzo. Ya no sólo se criminaliza la protesta social: ahora se le quita la vida a quienes la encabezan.