■ Valdés afirma que poco a poco se irán convenciendo del proyecto de mil 453 millones de pesos
Partidos critican “irracional y excesiva” petición de aumento presupuestal del IFE
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó una millonaria solicitud de ampliación presupuestal, en medio de las críticas generalizadas de los partidos políticos, que la censuraron por considerarla desproporcionada, y de los cuestionamientos de los consejeros salientes, que descalificaron la propuesta por “irracional y excesiva”.
Los seis consejeros ni siquiera aceptaron la propuesta priísta de asumir un compromiso de austeridad en el ejercicio de los mil 453 millones de pesos.
Fue el priísta Sebastián Lerdo de Tejada quien descalificó con más contundencia las pretensiones de los consejeros, encabezados por el presidente del IFE, Leonardo Valdés: “nos parece que hablar de una ampliación presupuestal de mil 453 millones es, para el PRI, socialmente injustificable; no solamente se tienen que fundar y motivar, sino que se tiene que cumplir con la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
Entre los propios consejeros, Lourdes López cuestionó incluso la falta de formalidad con que había sido presentada la propuesta, en tanto que Teresa González Luna aseveró que “más allá del monto planteado para esta solicitud de mil 400 millones de pesos, que por lo menos se puede calificar de excesivo, por no utilizar otros calificativos, estamos ante una decisión fundamental que es necesario observar en términos de fundamentación y motivación”.
La consejera González Luna descalificó la propuesta por ser contraria al espíritu de la reforma electoral: “entiendo que dicha reforma tenía que ver y mucho con atender la demanda social de la disminución de gasto, del uso de recursos públicos en nuestra democracia. Sólo por mencionar el gasto de campaña en 2006, era de 2 mil 600 millones de pesos, y estamos solicitando 100 millones más de la mitad de la misma en un año no electotal. Estoy convencida de que no podemos estar hablando de un ahorro en los costos de la democracia”.
Quien primero defendió el proyecto presentado fue Leonardo Valdés, para quien la propuesta no era una solicitud unilateral del IFE, sino una consecuencia de la reforma electoral “para instrumentar a cabalidad las reglas del juego en materia comicial”. Posteriormente, en entrevista y cuestionado ante las críticas partidistas generalizadas, Valdés diría que en cuanto analizaran a fondo el proyecto se irían convenciendo.
Sin embargo, el más vehemente y hasta agresivo defensor de la millonaria propuesta fue el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, quien fundamentó la partida de más de mil millones de pesos en el área de radio y televisión, de cuyo comité es presidente, en la necesidad de ejercer “directamente” las facultades que le confiere la ley y en los desatinos que había tenido el IFE en el pasado tanto con Ibope como con Berumen en 2006 y 2003, respectivamente.
En su defensa, se conocieron las cifras del extraordinario negocio que le representó a Ibope el contrato millonario que le fue adjudicado en forma directa en 2005 –monitoreo de precampañas– y 2006 –campañas–: “el costo promedio de monitorear noticiarios fue de 713 pesos, contra los 36 pesos que nos costará en 2009; el costo por hora promedio de grabación por el monitoreo de promocionales fue de 41 pesos, contra los 7 pesos que nos costará en los próximos cinco años”.
No obstante, fue Arturo Sánchez quien presentó un extenso documento para tratar de subsanar las debilidades de la propuesta original en materia de fundamentación y motivación, buscando nulificar las críticas partidistas. Aunque al final de cuentas cerró filas con el consejero presidente, no dejó de criticar la millonaria propuesta en materia de radio y televisión, cuestionando que casualmente sólo se había presentado una sola alternativa, por lo cual el IFE no tenía otra opción.
Entre las críticas partidistas destacó la del representante panista Roberto Gil a la “obsesión” del consejero Gómez Alcántar sobre el “ejercicio directo” de las responsabilidades, pues, dijo, en ese supuesto de que el IFE debe comprar todo el equipo y no buscar esquemas de coordinación con otras instancias del Estado, tendría que comprar un satélite para transmitir sus mensajes, ironía a la cual se sumaría el consejero Andrés Albo.
Para Albo, ex consejero presidente provisional, la propuesta adolecía totalmente de información y de la misma se desprendían duplicaciones injustificables en materia de monitoreo, pues, explicó, no puede pretender que las 27 juntas distritales del IFE monitoreen, todas, a las estaciones de radio y televisión que transmiten desde la capital del país.
Los reivindicadores de la propuesta –paradójicamente los consejeros beneficiarios de la reforma, los nuevos designados y los ratificados– arguyeron las responsabilidades enormes que tiene la dependencia para dar cumplimiento a los mandatos constitucional y legal. Asimismo, justificaron los millones de pesos que esto le implicará al erario, pues garantizarán la “actuación inmediata del IFE”.
Sin embargo, los argumentos de los consejeros apoyadores del millonario proyecto contrastaban con las críticas de los detractores. La consejera López descalificó el desdoblamiento del personal y del presupuesto que esta solicitud llevaba implícita, aunque al final de cuentas, con el voto duro de los consejeros beneficiarios de la reforma, se avaló que el IFE solicitara mil 453 millones de pesos como ampliación presupuestal, alrededor de 28 por ciento más de los recursos que ya ejerce en este año.